Ad portas del final de la fórmula que viola explícitamente la decisión expresada en las urnas, de que no se quería que metiera sus manos la élite política, que ya habían traicionado al pueblo, cuestión que dio origen al estallido social.
Las encuestas muestran la tendencia de que el EN CONTRA supera al A FAVOR. CEP: 8% a favor; 30% en contra; 53% indecisos; 9% no saben o no responden. CADEM: 38% a favor; 46% en contra; 16% indecisos.
El número mayoritario, es de los que no les interesa para nada este proceso constitucional, y que de no ser por la obligatoriedad del voto, lisa y llanamente no asistirían al tongo, por quedarse con la constitución de la dictadura o la redactada por la ultraderecha.
Las grandes mayorías NO creen en los políticos tradicionales y corporativos del amplio espectro “partido del orden”. Aquellos mismos que en 2015 fueron descubiertos en la corrupción más extendida, la de recibir financiamiento millonario y transversal desde la élite económica del país y del extranjero, y que actuando corporativamente, definieron a un Fiscal Nacional que les asegurara salir indemnes, cuestión denunciada públicamente y en sus caras, por el Fiscal a cargo de la investigación en la época don Carlos Gajardo, quien fuera apartado del caso junto al fiscal Norambuena, por su jefatura cómplice de los políticos, perpetrando de esta forma la impunidad, que destruyó la fe pública, que hoy cínicamente los corruptos dicen no entender, como tampoco entienden el estallido de 2019, y el posterior alejamiento ciudadano de sus “cocinas constitucionales”.
Este no es un Proceso Constituyente, sino un acto intencional de la elite político-mercantil, por retomar el control del todo social.
Todo el diseño está viciado y es corrupto desde su origen, arrancando desde la peor de las condiciones y con la peor de las intenciones. La privatización de los derechos sociales, la criminalización de la protesta social, una redefinición de los derechos humanos contraria a su concepción internacional, el conservadurismo respecto de las instituciones públicas, el centralismo y la concentración del poder en las mismas instituciones hoy en crisis.
Nuestro colectivo político claramente tiene postura por el voto EN CONTRA en el plebiscito de salida del 17 de diciembre 2023; manteniendo viva la aspiración de una Asamblea Constituyente Soberana, y una dirección que
contribuya a unir a nuestro pueblo, siendo parte de la reconstrucción del tejido social en los territorios, lugares de estudio y trabajo, para fortalecer la identidad colectiva como pueblo, para terminar con la delegación del poder, para avanzar en construir soberanía, protagonismo social y autoformación cívica, en una POLÍTICA con mayúscula. Esto sí es adaptarse crecientemente al cambio.
Durante siglos el pueblo de Chile ha tratado de recuperar su soberanía, recuperar su dignidad y recuperar su poder desde las manos de las élites. Esta inspiración, esta esperanza, esta necesidad no ha muerto. Se ha sumergido esperando nuevos vientos que esparcen la semilla que tarde o temprano dará fruto. Recordando al premio nacional de historia, Gabriel Salazar: “el movimiento subterráneo de la Historia no se detiene”.
Debemos dejar de creer en este sistema moribundo, que aún mantiene su fachada, sus edificios y sus rituales.
Debemos apostar por aquello que nace, resistiendo el ruín relato de los medios de comunicación al servicio de las élites.
Esta es nuestra misión. Ponernos de pie frente a la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia.
Ponernos siempre del lado de nuestro pueblo, ayudando a que también se levante contra la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia. Adaptarnos crecientemente a este cambio inevitable que ya se está produciendo en la humanidad.

 

Redacción colaborativa de Leticia García Farías; M. Angélica Alvear Montecinos y Guillermo Garcés Parada. Comisión de Opinión Pública