“Nosotros somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de los niños negándoles la fuente de la vida”.
Gabriela Mistral
CONSULTA NACIONAL RELACIONADA CON LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS
Entre las acciones realizadas durante el año 2023 por el Departamento de Educación del Colegio de Profesoras y Profesores, destaca un estudio realizado mediante una Consulta online dirigida a docentes de todo el país. Tras un arduo proceso de sistematización, se dio a conocer un detallado informe con los resultados de un sondeo sobre la situación de violencia en las escuelas del país, desde la perspectiva docente. Consistió en una Consulta electrónica diseñada en conjunto con profesionales de la Universidad de Chile, específicamente del Programa Transversal de Educación (PTE), y se aplicó el segundo semestre del año 2022. En este estudio participaron en forma voluntaria más de 4 mil docentes a lo largo del territorio. El objetivo central de este sondeo fue recoger información respecto al fenómeno de la violencia escolar y las variables que inciden e impactan en la convivencia al interior de las comunidades educativas. Se trata de una información valiosa que entrega luces en la búsqueda de caminos de solución o, al menos, reducción de una violencia que daña la convivencia y por ende la vida de miles de estudiantes y sus familias, docentes, trabajadores de la educación, y que genera conflicto y tensión en los espacios escolares. Sabemos que a la larga hay consecuencias que se trasladan a la sociedad chilena en su conjunto.
Distintos medios digitales dieron cobertura a esta entrega de resultados, aquí el vínculo a uno de esos medios:
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA
Cabe recordar que la persistencia de condiciones de violencia en el ámbito escolar vulnera derechos fundamentales de la infancia. En el año 1990 Chile promulgó el Decreto Supremo N° 830, referido a la Convención sobre los Derechos del Niño. Allí se establece que la infancia debe ser protegida de abusos, restricciones a la libertad, explotación y otros, y es un decreto que define las responsabilidades de todo gobierno respecto a la protección de niñas y niños. Sin embargo, la escuela, un lugar destinado a su bienestar y desarrollo pleno, con el fenómeno de la violencia se ha convertido en un espacio lleno de situaciones que ponen en peligro su salud física y mental.
Se espera que las comunidades educativas sean lugares naturalmente favorecedores de un ambiente apropiado para los procesos formativos y de aprendizaje, en condiciones de dignidad, seguridad, sana convivencia y no un ambiente bajo condiciones de permanente riesgo. En ello hay una responsabilidad que parte por el Estado de Chile, la política pública educativa y continúa en la institucionalidad; en definitiva, el mundo adulto y especialmente el que está en las esferas de poder, está llamado a promover y garantizar el derecho a la educación de buen nivel para todas y todos.
Todo esto nos insta a revisar cómo están hechas las leyes educativas, cómo se gestionan y desenvuelven las relaciones al interior de la escuela, cómo está concebido el currículo escolar, y además nos desafía a reconocer y corregir ciertas miradas adultocéntricas que -consciente o inconscientemente- omiten el diálogo intergeneracional e imponen su subjetividad, sus modos de ver, de hacer y de entender sobre nuestras niñas y niños.
CULTURA ESCOLAR DISCIPLINAR Y AUTORITARIA
A pesar de todos los avances de las ciencias psicológicas, sociales, pedagógicas y de las neurociencias, en nuestras comunidades educativas, desde tiempos de la dictadura cívico militar, la cultura escolar sigue siendo autoritaria. Jerarquías que minimizan las relaciones horizontales, débil autonomía profesional docente, toma de decisiones relevantes centradas en el sostenedor y directivos que verticalmente “bajan” a los actores educativos, donde la participación de éstos últimos suele ser consultiva y no resolutiva. Por otro lado, a nivel curricular se impone la lógica de ramos troncales funcionales a la preparación de mano de obra en desmedro de las artes, la corporalidad, la filosofía, la espiritualidad y otros saberes etiquetados como disciplinas “blandas”, que por cierto son invisibles para el SIMCE y por ello de menor importancia.
Hablo de una realidad institucionalizada que tiene raíces históricas y profundas que no pueden ser superadas sin tener suficiente comprensión de esta cultura de violencia tangible e intangible, su matriz y sus reglas del juego poco democráticas. Desde la academia, desde el Magisterio chileno y su Departamento de Educación, desde los propios estudiantes, en distintos momentos se han levantado voces críticas a esta cultura del autoritarismo, sin embargo, han sido sistemáticamente cooptadas o silenciadas por gobiernos y grupos de poder interesados en conservar el modelo de educación subordinado a leyes de mercado y, por supuesto, en continuar enriqueciéndose con la “industria” educativa que naturaliza la privatización y fragmentación del sistema, el lucro, la competencia y también la desigualdad y segregación social a través de la educación. Despejado queda el espacio a las manifestaciones de violencia escolar, en un contexto de Estado subsidiario y un Ministerio de Educación reducidos a su mínima expresión, con una injerencia marginal respecto a lo que ocurre día a día con los aprendizajes y la convivencia dentro de las escuelas.
UN EJEMPLO DE VIOLENCIA ESCOLAR QUE TUVO PARALIZADA LA EDUCACIÓN EN ATACAMA
No se requiere mayor esfuerzo para identificar consecuencias concretas y visibles de la política educacional que pongo en cuestión en esta columna: en el último tiempo tuvimos noticias que quisiéramos no escuchar, acerca de que en la Región de Atacama alrededor de 30 mil estudiantes traspasados al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) estuvieron más de 2 meses sin clases. Se trató de una movilización para exigir soluciones a los graves problemas de infraestructura, insalubridad y un sinfín de fallas administrativas. El Ministerio de Educación, el Servicio Local y el Estado de Chile fueron emplazados a ser parte de la solución y no del problema para el retorno a clases en condiciones mínimamente adecuadas. Tras la presión del profesorado atacameño y las comunidades escolares, el gobierno asumió compromisos de acelerar trabajos de infraestructura e inyectar recursos. Por supuesto, en Atacama estarán muy atentos respecto a su cumplimiento. La crisis vivida en Atacama es mucho más que negligencia puntual de algunos, es el resultado de una educación chilena sustentada en lógicas que tienen raíces violentas, cuyos principales afectados son nuestras niñas, niños y todos los miembros de las comunidades educativas.
Si tuviese frente a mí al señor gobierno, le diría que la violencia en la escuela es una verdadera pandemia que debe convocarnos a todos para estudiarla, reconocer sus consecuencias en el ámbito educacional, psicológico, social, sus implicancias en la vida de las personas, siendo la infancia la más fuertemente golpeada. Agregaría que debe ser asumida como una preocupación central del Ejecutivo y entender que no se resuelve sólo con programas de salud mental, como si bastara con la intervención de psicólogos en la escuela. Las autoridades involucradas deben entender que aquí estamos frente una problemática que es de nivel estructural: la violencia tiene raíces en la política educativa, el paradigma economicista imperante, sus fines y procedimientos. En estas largas décadas de instrumentalización de la educación, grupos reducidos la han puesto al servicio de intereses económicos y políticos que están en las esferas de poder nacional y transnacional.
A MODO DE CONCLUSIÓN: ROL DE LA EDUCACIÓN
Claro está, no es función de la educación solucionar los factores de violencia existentes en el país, como la segregación, desigualdad o la injusticia social y otros, pero sí es exigible que no sea un espacio donde esta se reproduce y profundiza. Es necesario un debate amplio, democrático y participativo en torno al proyecto de sociedad y, por ende, el modelo educativo que queremos. Estamos en un momento histórico de mucha conflictividad, con guerras que generan enorme sufrimiento en millones de personas, con problemas relacionados al cambio climático derivado del calentamiento global, grandes migraciones por razones político económicas, etc. Por lo mismo, se hace imperativo contar con una educación que esté a la altura de este complejo momento histórico, que las escuelas del territorio reemplacen de una buena vez, competencia por pedagogía colaborativa, estandarización por un currículo centrado en el desarrollo humano, segregación por integración social y que en el aula se encuentre el hijo del obrero con el hijo del ingeniero, tal como ocurre en países desarrollados, donde la educación pública no es simple discurso, sino de verdad es una prioridad y una preocupación central.
Si de verdad queremos sana convivencia social, vivir en un ambiente seguro, amable, no violento, que permita vivir con tranquilidad y en plenitud, en el presente y con proyección hacia el futuro, tenemos que empezar a hacer transformaciones y replantearnos los fines y el sentido que le damos a la escuela que acoge a las nuevas generaciones. El rol del sistema educacional es mucho más amplio que el dualismo de enseñar y aprender: es un proyecto socialmente legitimado, diseñado para aportar a un retroceso del paradigma neoliberal, es democratizar la escuela, dotarla de un sentido transformador, humanizador, con conciencia social y medioambiental, es crear condiciones para construir la cultura de la no violencia en el espacio escolar y desde allí, generalizarla en nuestra sociedad.
En lo más inmediato, lo que corresponde es suspender todo nuevo traspaso de escuelas municipales a Servicio Local de Educación y resolver los graves problemas de implementación que se repiten en los distintos SLEP en régimen. En segundo término, constituir una mesa amplia y democrática para discutir qué sistema de educación pública se necesita en Chile, que esté por sobre las fallas de la municipalización y los errores del experimento chileno llamado SLEP (Ley 21.040). Desde el Magisterio durante los últimos años se ha reiterado que no se debe fragmentar ni delegar más la administración de las escuelas en instituciones intermedias, sino que demandamos que el Estado se haga responsable del sistema educativo, tal como sucedía en la primera mitad del siglo XX, décadas en las que la educación pública gozaba de un gran prestigio, de la que emergió Gabriela Mistral, Violeta Parra, Roberto Matta y tantos otros hombres y mujeres que son orgullo nacional. El desarrollo y bienestar de todo país se sostiene en una educación pública descentralizada, mayoritaria, robusta y respetuosa de las comunidades locales, guste o no, y esto está fehacientemente comprobado en los países desarrollados y con justicia social del orbe. Cuando hayamos logrado esta evolución, naturalmente en nuestras comunidades educativas florecerá la cultura de la no violencia escolar.
Profesor Humanista Marcelo Castillo Duvauchelle
Departamento de Educación y Perfeccionamiento, Colegio de Profesoras y Profesores
