Son derechos y política
Y es que las circunstancias aceleran ciertos procesos políticos impensables hace unos meses. Aunque la expresión “Cosas veredes, amigo Sancho” no aparece en El Quijote, se ha vulgarizado como expresión de sorpresa y perplejidad. “Cosas veredes” en la política española, podríamos decir, para acercarnos a lo que está sucediendo después de las elecciones del 23 de julio.
Durante decenios estuvo prohibido en el Congreso de Diputados hablar otra lengua que no fuera el español. En numerosas ocasiones lo intentaron parlamentarios vascos, catalanes o gallegos, alguno fue expulsado del hemiciclo por reiterativo. De pronto, sin que se hunda el mundo ni se rompa España (el gran mantra de la derecha desde hace años, aunque ahora con más vigor), se ha convertido en un derecho poder expresarse en las lenguas catalana, vasca y gallega. Que los representantes del pueblo no pudieran expresarse en cualquiera de las lenguas que reconoce la Constitución era un brutal retrato del nivel democrático del reino. Una anomalía democrática. Y, sin embargo, ahora se puede.
La amnistía parecía una palabra vedada en el lenguaje político. ¡Vade retro, satanás! ¡Nada de amnistía! No cabe en la Constitución -decían unos-, no es posible -decían otros-, y, sin embargo, ahí está, preparada para llegar a un pleno del Congreso. No solo Pedro Sánchez y la mayoría de su gobierno dijeron públicamente que amnistía nada de nada; la mayoría de los dirigentes de los Comunes de Catalunya también compartían esa opinión, sin embargo, algunas contadas voces, como la de Jaume Assens y Gerardo Pisarello, salvaron el honor defendiendo e impulsando su necesidad. En un sentido muy diferente, ni siquiera en Catalunya fue posible una campaña de movilización unitaria por la amnistía porque Junts y la ANC se opusieron, con el peregrino argumento de que si se proclamaba la independencia ya no era necesaria.
No hay ninguna restricción jurídica a aplicar la amnistía, el Tribunal Constitucional ha dictado al menos 22 sentencias en las que alude a ella y en ninguna se ha opuesto. Es una decisión política y democrática.
Lo que las derechas combaten son derechos, como hablar todas las lenguas del Estado. Ellos prefieren que solo se hable español, como están haciendo en las Comunidades donde gobierna el PP y Vox. Quieren evitar decisiones políticas mayoritariamente acordadas en el Parlamento, a ellos les gusta más que sean los jueces o la policía y la guardia civil quienes impongan sus concepciones y sus límites al ejercicio de la democracia.
Claro que les parece demoníaca la amnistía, pero, sobre todo, porque no han sido capaces de reunir los votos necesarios para que el PP gobernara. Es bien sabido que el PP de Aznar pasó de insultar a Pujol llamándole enano a firmar un acuerdo en el que decía hablar catalán en la intimidad. En el llamado pacto del Majestic (por el hotel de Barcelona donde se firmó) Aznar hizo todas las concesiones que pudo para lograr el voto de Convergencia i Unió. Una buena parte de lo que se presenta como “privilegios” de Catalunya viene de ese pacto de 1996. Allí se acordó ceder el 30% del IRPF a las Comunidades, no sólo a Catalunya, la desaparición del servicio militar obligatorio, la eliminación de los gobernadores civiles (herencia del franquismo) y que el tráfico en Catalunya fuera controlado por los Mossos. La conveniencia es más importante que los insultos.
La campaña mediática es intensa y desaforada. Todo se hunde, todo se rompe, la única salvación somos nosotros, repiten desde las derechas y los aparatos del Estado. Es difícil abstraerse y no identificar como lo que son esos llamamientos a “salvar España”.
La judicatura en la avanzada antidemocrática
Los jueces han dado un paso adelante. Particularmente esos jueces del Consejo del Poder Judicial que llevan cinco años con el mandato cumplido y que están ejerciendo inconstitucionalmente, y cobrando, sin ninguna duda. Han convocado una reunión de urgencia para el lunes día 6 para pronunciarse sobre la amnistía, cuando ni siquiera conocen la propuesta. Amenazan con el Armagedón, si se aprueba la amnistía será la “abolición del Estado de Derecho en España”. Para la Asociación Profesional de la Magistratura “será el principio del fin de la democracia”. La Guardia Civil ha acelerado el informe -tres semanas antes de lo previsto por el propio cuerpo armado- precisamente ahora contra algunos miembros de los Comités de Defensa de la República, a los que se acusa de terrorismo (sic), y contra la secretaria general de ERC en el exilio como presunta responsable del “Tsunami Democràtic”.
Lo serio de esas declaraciones y actuaciones es que dan carta blanca para el “todo vale” contra la formación de un nuevo gobierno. Somos conscientes cuando lo escribimos: están dispuestos a todo lo posible y necesario para lograrlo.
Las próximas semanas habrá mucho ruido y las derechas ya han empezado a movilizar a su gente. No hay que dejarles la calle. Son los derechos y la política democrática los que están en juego.
De nuevo lo relativo a Catalunya es utilizado por las derechas para exacerbar los tics antidemocráticos. Para la gente trabajadora y demócrata de todo el Estado debería ser una nueva ocasión para reflexionar sobre que los pueblos de la península necesitan una nueva relación, más sana y democrática, más basada en el reconocimiento y los derechos y menos en la imposición por la fuerza, sea la de esos jueces o de las fuerzas policiales. La amnistía puede ser una ocasión para ello… y para derrotar a las derechas. Lo expresó de forma muy clara Aitor Esteban del PNV: “Entre Feijóo y amnistía, pues amnistía”.
Son falsas las supuestas disyuntivas retóricas con las que juegan las derechas: “libertad o socialismo”, “independentismo golpista o Constitución”, “amnistía o estado de derecho” … Las próximas semanas serán muy movidas. Deberán saberse “jugar” o la democracia y la libertad perderán.
