El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasa a Lula para su sanción
Por Isabela Gaia (redacción y traducción)/ Brasil de Fato
Fue una victoria histórica. El Senado brasilero aprobó en la tarde de este martes 14, el proyecto de ley (PL) 2788/2019, que crea la Política Nacional de Derechos de las Poblaciones Afectadas por Represas (PNAB). El texto, que también fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasa ahora a la sanción presidencial.
La aprobación se produce después de muchas luchas por parte de los afectados en todo Brasil. Muchos de ellos, provenientes de distintos puntos del país, se encuentran en la capital federal desde la semana pasada, cuando se realizó la Jornada de Luchas organizada por el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), y mantienen su movilización a la espera de la votación.
«El próximo paso es la sanción del presidente Lula. Esperamos que pueda firmarlo lo antes posible y definitivamente tendremos una ley que garantice los derechos de las poblaciones afectadas por las represas. Que no haya más crímenes como los que ocurrieron en Brumadinho y Mariana, y en muchos otros lugares de este país. Ahora tenemos un parámetro en la ley», dijo a Brasil de Fato Joceli Andrioli, de la coordinación nacional del MAB.
Luego de acuerdos hechos entre senadores oficialistas y opositores, la votación se desarrolló de forma simbólica, sin votos en contra. La coordinación de los afectados con los parlamentarios garantizó que se aprobara la ley en la Comisión de Servicios e Infraestructura del Senado la semana pasada, última etapa antes de que el texto llegara al plenario.
«Nos comprometemos, como afectados, a seguir organizándonos cada vez más, para que esta ley realmente salga del papel y llegue a la vida concreta de nuestro pueblo, para que se garantice la justicia y que no se produzcan nuevos delitos de rotura de represas en nuestro país», añadió Andrioli.
El proyecto
El PL 2788 cubre los derechos de las familias y las responsabilidades de las empresas responsables de proyectos de producción industrial y minera y de plantas hidroeléctricas. Ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero se estancó en la Comisión de Servicios e Infraestructura del Senado desde abril del año pasado y volvió a la agenda luego de una articulación de los movimientos populares y el diálogo con el Ministerio de Minas y Energía.
El texto fue aprobado por la comisión sin cambios en las garantías y deberes previstos. Solo se hicieron enmiendas de redacción para desmembrar algunas disposiciones. Las aprobaciones del proyecto representaron un avance para las víctimas de accidentes en represas de relave en todo Brasil, quienes hasta el día de hoy no cuentan con ningún tipo de legislación específica sobre el tema.
Actualmente, la ley brasileña ni siquiera define el concepto de personas afectadas por represas. No existen lineamientos para determinar los derechos en casos de roturas u otros desastres ni reglas para prevenir abusos. Según el PNAB, las empresas responsables de los proyectos deberán financiar un programa de derechos humanos de las poblaciones que viven en los territorios impactados por las represas.
El proyecto de ley menciona los daños que deben tomarse en consideración para que personas y comunidades se incluyan en esta política. Entre ellos, la pérdida de propiedad o posesión de bienes, la devaluación de bienes inmuebles, daños a la capacidad productiva de la tierra, interrupción prolongada o cambio en la calidad del agua que perjudique el suministro y pérdida de fuentes de ingresos y trabajo.
También se prevén compensaciones específicas por desplazamientos forzados y pérdidas intangibles para quienes viven en regímenes de economía familiar. Según el texto del PL, el mecanismo debe tener en cuenta «la diversidad de situaciones, experiencias, vocaciones y preferencias, culturas y especificidades de grupos, comunidades, familias e individuos».
Las empresas también tendrán obligaciones relacionadas con el financiamiento de acciones específicas para grupos más vulnerables como mujeres, ancianos, niños, personas con discapacidad, poblaciones indígenas y comunidades tradicionales, así como para los trabajadores y trabajadoras de las propias empresas.
