Por: Fernando Salinas
Con la nueva propuesta constitucional la situación ecológica en Chile podría ser aún peor, ya que asocia la protección de la Naturaleza al concepto de «desarrollo» y se olvida que la mayoría de los crímenes ambientales se han llevado a cabo, justamente, en aras del desarrollo; basta ver cómo la acción depredadora de las industrias forestal, minera, agroindustria, salmonicultura e inmobiliaria han superado con creces los umbrales ecológicos aceptables para innumerables ecosistemas.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo hace algunas semanas que «el colapso climático ya comenzó». No lo dijo cualquier persona, lo dijo la máxima autoridad de la ONU, quien además añadió que «el clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente, con fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta».
Para muchos chilenos con sensibilidad ecológica es decepcionante que el Consejo Constitucional haya propuesto una Constitución que no solo ha desoído los cambios sociales que el pueblo chileno hizo visibles desde el estallido social y posterior revuelta, en 2019, sino que ha demostrado su total apatía con la nueva realidad ecológica que estamos viviendo. Con una visión más consciente se hubiera aprovechado esta oportunidad constitucional para incluir normas que permitieran a Chile enfrentar de mejor forma el oscuro escenario que deviene y del cual ya estamos viviendo sus primeros signos. Existe total ausencia de normas sobre los derechos de la Naturaleza.
La propuesta del Consejo Constitucional solo incluye deberes generales respecto de la Naturaleza, evidenciando que subyace la idea de que la Naturaleza es un “objeto de protección”. Sin embargo, esta visión -causa primordial de la crisis ecológica planetaria- no considera que el humano es parte integrante de la naturaleza y no podemos existir sin ella. Somos Naturaleza. Establecer un deber sin un derecho de aquello que se quiere proteger es solo una imposición externa, y no hay incentivos para cumplirla, más bien hay incentivos para burlarla, sobre todo bajo el lobby e influencia de las grandes corporaciones extractivistas que rentan con los bienes naturales. Por el contrario, un deber que emerge de un derecho se llena de sentido y legitimidad. La Naturaleza, en la actual situación planetaria, debe ser considerada como un “sujeto de derechos”.
Sin derechos de la Naturaleza, los impactos ambientales que considera el sistema jurídico se valoran de manera antropocéntrica, y solo en la medida que se afecten parámetros conmensurables monetariamente, sin considerar el impacto mismo en la Naturaleza, que es cualitativo, multidimensional e interdependiente. Con derechos de la Naturaleza se puede exigir su restauración cuando sus ecosistemas han sido dañados sin necesidad de demostrar el daño ambiental ocasionado a los humanos, que corre de manera paralela, ya que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano que debe ser también exigido.
Con la nueva propuesta constitucional la situación ecológica podría ser aún peor, ya que asocia la protección de la Naturaleza al concepto de «desarrollo» y se olvida que la mayoría de los crímenes ambientales (ecocidios) se han llevado a cabo, justamente, en aras del desarrollo. El capítulo XV de la propuesta constitucional tiene como título: Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo. ¿De qué desarrollo estamos hablando? En Chile ya sabemos cuáles son las consecuencias de ese “maldesarrollo”, concepto acuñado por el economista español José María Tortosa.
Basta ver los efectos provocados por este maldesarrollo en las zonas de rezago o sacrificio (como Quintero-Puchuncaví, Coronel, Huasco, etc.) debido a las industrias contaminantes; por otro lado, nuestros ecosistemas están al borde del colapso como consecuencia de la acción depredadora de las industrias forestal, minera, agroindustria, salmonicultura e inmobiliaria, entre otras. Han superado con creces los umbrales ecológicos aceptables para los ecosistemas. En estos días, increíblemente, las corporaciones extractivistas están desplegando una nueva campaña en Chile aludiendo a la palabra «permisología», como si el problema fuera de carácter administrativo y no debido al impacto socioambiental de sus proyectos.
En el «mundo desarrollado», al cual tanto admiramos, se está comenzando a tener consciencia de que el desastre ecológico que estamos viviendo es consecuencia del concepto de desarrollo que ellos mismos han impuesto, basado únicamente en el crecimiento económico, sin considerar los límites físicos del planeta y las leyes de la termodinámica. Además, ese crecimiento económico se mide solo de manera agregada, donde la pobreza se oculta en el crecimiento sostenido de las grandes corporaciones.
Debo mencionar también otros temas ecológicos que no están considerados en la propuesta constitucional, como el reconocimiento de los bienes comunes naturales (el agua seguirá privatizada), los derechos de los animales y la valorización de la ruralidad. También cabe mencionar la carencia de descentralización efectiva del Estado, la cual, si bien no es ecológica propiamente tal, es considerada un requerimiento básico para desarrollar economías locales que tienen mucho menos huella ecológica que las grandes corporaciones transnacionales.
El colapso ecológico ya se inició y la adaptación a este nuevo escenario requiere del cuidado de nuestros ecosistemas, evitar que se sigan destruyendo y, en lo posible, reparar aquellos que están deteriorados. Y para lograr lo anterior se requieren nuevas políticas, las cuales serán imposibles con esta propuesta constitucional. Es anti-ecológica.
Fernando Salinas
Ex convencional constituyente, independiente.
