La corrupción develada en el Servicio de Impuestos Internos (SII)
«Aquí estamos haciendo una “huevá” que es delito»: Así es el titular de CIPER al develar audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). De aquí en adelante queda en evidencia la larga trayectoria de coimas y complicidad de una larga lista de personajes, funcionarios involucrados en este caso.

El abogado Luis Hermosilla (uno de los abogados más influyentes de la plaza) ha sido socio del exministro del Interior del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick, y actualmente defendía al jefe de asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi. También representó al gobierno durante el mandato de Sebastián Piñera. Ahora asumió la defensa de Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas empresas bajo la lupa de la CMF por operaciones irregulares. CIPER tuvo acceso al audio de una reunión entre Hermosilla, Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, donde se habla de pagos a funcionarios del SII y de la CMF para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario. “De este hueón dependemos. Aquí es donde podemos meter manos y así se arreglan estas huevás”, dice el abogado en la grabación.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (SII). ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”.

SII y CMF, dos instituciones que investigan los negocios de Sauer y su familia, y de sus socios cercanos: los Jalaff, históricos controladores del Grupo Patio (en sociedad con Paola y Gabriela Luksic, y el empresario Eduardo Elberg, entre otros). En la reunión grabada, la abogada Leonarda Villalobos dijo que había recogido información en el SII acerca de que las irregularidades podrían alcanzar a 44 RUT. Y, según esos datos, señaló, en los análisis realizados por el Servicio a documentos tributarios relacionados con ese grupo de empresas, se detectó la utilización de facturas falsas.

De los dichos más descabellados, se escucha en el audio: “Y es la única manera de hacerlo. Tú pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani. Te juro que, de verdad, esto no es la ley. Esta huevada es más importante que todo, porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más”, le dice Hermosilla a Sauer. Este último se jacta de ya haber logrado por estos medios evitar una deuda de 3.500 millones, por un soborno en el SII de 140 millones.

Esto solo como extracto del audio, el que es parte de la investigación, el fiscal a cargo es Ángel Valencia quien también es amigo de Chadwick. ¿Será que el caso se soluciona una vez más entre amigos?

Caída de las instituciones
El descrédito de la institucionalidad es un fenómeno prolongado, constatado por años a través de diversos estudios, y que a pesar de todo lo descrito no se logra dar cuenta aún de las causas profundas de tal situación, y en última  instancia, de la crisis de la institucionalidad vigente. En las diversas afirmaciones, de quienes ocupan las funciones públicas más relevantes del país, la crisis actual pareciera ser un fenómeno nuevo, solo relacionado a casos de corrupción particulares y específicos. Es más, en estos planteamientos de autoridades no se hace vinculación alguna entre la desconfianza de la ciudadanía hacia entidades públicas estatales, y más aún privadas, y los límites difusos, de una legislación vigente, para impedir este tipo de situaciones abusivas, que perjudican la concreción de una democracia efectiva, real y soberana en que la ciudadanía sea un contrapeso a los poderes, principalmente políticos y económicos.

La dependencia política del SII

¿Qué es el SII y cuál es su función? El Servicio de Impuestos Internos es responsable de administrar el sistema de tributos interno, facilitar y fiscalizar el cumplimiento tributario, propiciar la reducción de costos de cumplimiento y aumentos de productividad de los agentes económicos y potenciar la modernización del Estado y el gobierno electrónico del momento. Además, es responsable de aplicar y administrar el sistema de impuestos internos, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y de facilitar dicho cumplimiento. ¿Quién regula al SII? Este servicio depende del ministerio de Hacienda, está constituido por la Dirección Nacional, responsable de su administración con sede en la capital de la República y por las direcciones regionales. Los cargos directivos son definidos desde el gobierno de turno.

La impunidad judicial de la elite
La gente común del país constata con rabia como la corrupción de la elite goza de impunidad. Ellos pueden con su poder delinquir sin que “la justicia” les prive de libertad, como sí ocurre con gente sin poder que cometa delito por montos y perjudicando a menos número de personas. La justicia corre levemente la venda de sus ojos para no cometer el error de perjudicar a la delincuencia privilegiada, esa que más allá de sus “malas prácticas”, la misma con que comparten los colegios y universidades de sus hijos, la misma que encuentran en sus templos en la misa del domingo, en la cancha de golf, en los cumpleaños y en Cachagua en sus casas de veraneo. Su medio, su familia y amistades.

En este penoso contexto, se entiende el por qué no se habilitan cuerpos especializados en la Fiscalía. También muestra la mentira de la supuesta separación de poderes, afianzados en sistemas opacos de nombramientos de las cúpulas de la institucionalidad del Estado, que se da obviamente entre ellos. Así, tampoco es extraño la ausencia de herramientas, que la experiencia comparada muestra en otras latitudes, se requieren en una verdadera persecución de la corrupción, tales como: regulación adecuada de la cooperación eficaz, regulaciones especiales sobre reserva de investigaciones y la disponibilidad de herramientas especiales de investigación (interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos, informantes, etc.). Sí, muchas de tales herramientas están por cierto disponibles en los procedimientos judiciales para los delincuentes no privilegiados de esta sociedad. Tales situaciones de impunidad se comprueban al ver los finales de, por ejemplo, los casos de corrupción bautizados como Fragatas (FFAA), Basura (municipios), Corpesca (ejecutivo y Congreso), Penta y Soquimich (SQM) (Partidos y Empresas).

Se debe tener en cuenta, que el cargo de Fiscal Nacional, lo define en última instancia los políticos del Senado de una lista propuesta por el Poder Judicial.

Agenda de Probidad y Modernización del Estado y Ley anticorrupción de protección al denunciante, del actual gobierno de Boric
La agenda y la ley son aplicaciones que desde el ejecutivo actualmente intentan dar respuestas a un evidente crecimiento de una red sistémica de corruptela, que se despliega desde los espacios públicos, políticos y empresariales del país, siguiendo el derrotero que se impone en toda latitud del planeta, como indicadores de una sociedad en descomposición, que de manera suicida, impone desde quienes hoy detentan el poder los antivalores, el individualismo a ultranza y la degradación de la solidaridad entre los seres humanos.

Quisiéramos ser optimistas respecto a la eficacia de estas políticas, pero, cómo podríamos serlo sin que se asuma la falsedad de la supuesta separación de poderes; en otras palabras, si las nuevas leyes quedan en las mismas manos, en los mismos intereses de una elite (un paraestado) que defiende sus privilegios, con independencia de si sus actos de defensa constituyan delitos, y que éstos queden indefectiblemente en impunidad.

Así, el sentido común y el interés de las mayorías requiere que se implemente la independencia del SII; y que las Fiscalías sean electas, (respondiendo al cumplimiento de sus responsabilidades frente a la ciudadanía), como medidas urgentes frente al desastre de credibilidad y estabilidad institucional que acarrea la corrupción.

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública