En tiempos de elecciones, avances de opciones de derecha y democracias en crisis, los pueblos indígenas plantean otros modelos de vida: sin explotar la naturaleza, con solidaridad, complementariedad y reciprocidad. El genocidio negado, el racismo estructural, los gobiernos extractivos y pueblos milenarios que marcan caminos.

«Los argentinos llegamos de los barcos», afirmó Alberto Fernández en junio de 2021. «En Sudamérica todos somos descendientes de europeos», definió Mauricio Macri en enero de 2018. «Somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina», aseguró Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015. Los últimos tres presidentes de Argentina insistieron en la zoncera que recorre el imaginario de un sector importante de la sociedad: que al país lo hicieron solo los inmigrantes de Europa. Y niegan que Argentina sentó sus bases en un genocidio de los pueblos indígenas, que incluyó campos de concentración, robo de bebés, secuestro de personas, desaparecidos, torturas y asesinatos masivos.

Con el agravante de que no hubo un «nunca más» para esos crímenes. Quizá por eso se explique que aún, 140 años después del inicio de la (mal llamada) Conquista del Desierto, el acontecer de los pueblos indígenas transite entre el racismo estructural que padecen, la represión ejecutada por el aparato estatal y el despojo territorial, elemento central de las políticas económicas y cuasi botín de guerra de todos los gobiernos de turno.

No es casual: los sucesivos presidentes y presidentas basaron su modelo económico en explotar materias primas, como en tiempos del «granero del mundo», finales del siglo XIX. Megaminería, agronegocio, petróleo, monocultivo forestal —entre otras— son las actividades centrales para obtener divisas para las arcas estatales.

Todas estas actividades requieren de territorios de sacrificio. Justamente donde viven, desde hace generaciones, los pueblos indígenas. Aunque existe frondosa legislación que debiera frenar el extractivismo (y proteger a las comunidades originarias), el Poder Judicial mira para otro lado.

«Para este sistema, ser indígena hoy es ser subversivo», explicó alguna vez Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de alimentos sanos, desde su ruka en Desvío Arijón. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios cuestionan el extractivismo no solo discursivamente, sino también con el cuerpo: «Nunca aceptaremos el extractivismo. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro». Y, al mismo tiempo, cuestionan al sistema, al capitalismo, donde la explotación de materias primas es un engranaje central.

El diaguita Javier Chocobar (Tucumán), el abuelo qom Roberto López (Formosa) y el mapuche Rafael Nahuel (Río Negro) son sólo algunas de las víctimas fatales de los últimos años. También se suman Cristina Lincopan (joven mapuche fallecida en Neuquén por la contaminación petrolera) y Néstor Femenía, niño wichí muerto en Chaco por desnutrición y falta de asistencia médica básica.

Imposible resumir las situaciones de gravedad y de lucha de los pueblos indígenas de Argentina. La última sistematización de conflictos territoriales (año 2019) fijaba un piso de 183 casos, donde las comunidades indígenas defienden los territorios frente a empresas mineras, agropecuarias, petroleras e inmobiliarias, entre otras. También, claro, frente al Estado (municipal, provincial y nacional).

Foto: Nicolas Pousthomis/Agencia Tierra Viva

Dos hechos sobresalen en tiempos de un nuevo 12 de octubre y de elecciones presidenciales:

—El juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, joven de 22 años, quien recibió un disparo por la espalda de agentes de la Prefectura comandada por Patricia Bullrich en noviembre de 2017. Luego de seis años del hecho, y con los prefectos en libertad, la semana pasada el juez Alejandro Silva (Tribunal Oral Federal de General Roca) escuchó las voces mapuches: integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, familias y amigos de Rafael Nahuel. Un síntoma: las audiencias pasan casi desapercibidas para los grandes medios de comunicación, para el gobierno nacional y, también, para organismos de derechos humanos (salvo excepciones).

—El Tercer Malón de la Paz, que partió de Jujuy y llegó a la Ciudad de Buenos Aires el 1 de agosto, mantiene su vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigen la derogación de la reforma constitucional de Jujuy (impuesta en tiempo récord, con represión y con trasfondo de mineras de litio). No fueron recibidos por los jueces del máximo tribunal ni por los bloques mayoritarios del Congreso Nacional.

Democracias extractivas, derechos humanos selectivos y pueblos indígenas

La situación represiva en Jujuy, para imponer la reforma constitucional, ameritó denuncias y voces de solidaridad desde el peronismo gobernante. Enfrente estaba Gerardo Morales, radical y precandidato a vicepresidente por la alianza Juntos por el Cambio. Desde el peronismo y aliados esbozaron una teoría: Jujuy sería el globo de ensayo de un posible próximo gobierno bajo ese signo político. Desde asambleas socioambientales respondieron que el Estado represivo para imponer el extractivismo es un hecho desde hace tiempo. Incluso, en San Juan y Catamarca, se denuncia la «dictadura minera», en total complicidad de los gobiernos y jueces/fiscales con las empresas extractivas.

Luego de las PASO, y tras el golpe electoral de la ultraderecha de Javier Milei a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, el candidato Sergio Massa llamó (en un acto público en Salta) a «un gobierno de unidad», donde incluso alabó al gobernador Gerardo Morales.

Amnistía Internacional, organización que no puede ser tildada de oficialista, realizó una visita especial a Jujuy, entrevistó a más de cien personas y confirmó la vulneración sistemática de derechos: “La Policía de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos. Nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”.

Como en Jujuy, y en un contexto de crisis climática —con temperaturas extremas y olas de calor que sacuden el planeta—, los partidos mayoritarios de Argentina insisten con la misma receta de hace 200 años: exportar materias primas, explotar la naturaleza, incluir territorios a la economía extractiva.

Javier Milei directamente niega el cambio climático y hace pocas semanas sentenció que «una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera». Afirmó que el valor del agua es «cero» y propuso la apropiación de ese bien por parte de las empresas.

Sergio Massa, en uno de sus últimos spots, propone: «Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo». Y, sobre hechos consumados, su pago chico (Tigre) es el paraíso de las grandes empresas inmobiliarias que destruyen humedales.

Por su parte, Patricia Bullrich se mostró en contra de la nacionalización del litio pero a favor de explotarlo. Sobre la megaminería dijo en Twitter: «Será una de las palancas del gran impulso productivo que necesitamos para salir del atraso y la pobreza». Es central recordar su accionar con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Myriam Bregman (del FIT-U) es la única que cuestiona claramente el extractivismo.

Foto: Jaime Carriqueo

Mauro Millán, lonko del Lof Pillan Mahuiza (Corcovado, Chubut), explica que el contexto actual es de «apogeo del capitalismo extractivista», donde el Pueblo Mapuche rema a contracorriente. «¿Qué pretendemos? El Estado solo piensa en términos de conflictividad. Nosotros aclaramos que tiene que darse un diálogo político, porque no se trata solo de un conflicto perimetral, tienen que entender que es mucho más que eso. Tiene que aceptar algún tipo de espacio para discutir frente a la diferencia, buscar soluciones reales, pero jamás se logrará con represión, persecución, negación, encarcelamiento y muerte, como han actuado los gobiernos hasta este momento».

Recuerda que se trata de un pueblo milenario que muchos creían casi desaparecido, pueblo que sufrió la violencia estatal mucho antes que las dictaduras. «Y, pese a todo, es un pueblo que mantiene su vitalidad, demanda derechos, proyecta su sociedad«, afirma.

Marcos Pastrana, abuelo diaguita de Tucumán, realiza la lectura histórica y la une al presente: «Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, y éstos sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato».

Con 500 años de violencia y extractivismo, Pastrana afirma que los cambios reales no pasan por las elecciones, sino por «un cambio de la conciencia natural», un saber de los pueblos originarios que implica un «despertar» basado en tres conceptos: solidaridad, complementariedad y reciprocidad. Y, sobre todo, con un vínculo que desde el poder no se quiere entender: «La tierra es nuestra madre y pertenecemos a ella. Nadie nos puede desarraigar de nuestra Pacha. Nuestra cultura, nuestra cosmovisión, es la única valla de contención que tenemos para resistir».