… porque permanecen las causas que dieron origen a la protesta social.
El 18-0 no fue una protesta contra el alza del transporte (los 30 pesos), sino una rebelión contra las principales instituciones fundantes del neoliberalismo.
Se cuestionaban las instituciones que inventó Pinochet y que la Concertación no fue capaz de modificar. Se atacaban las pensiones miserables de las AFP, el negocio de las ISAPRES junto a un sistema de salud vergonzante para pobres y, se demandaba una educación gratuita y de calidad para todos.
Ninguna de estas instituciones se ha modificado.
Las demandas del 18-0 también cuestionaban la colusión de precios de los dueños de farmacias que esquilman a los enfermos y la Papelera de los Matte que, sin escrúpulos, se colude para elevar los precios de los pañales para niños.
Se luchaba contra los peajes de las carreteras que suben de precio todos los años y también contra la agresión de las compañías de electricidad, agua y teléfonos, por sus cobros abusivos y acoso a los consumidores.
La colusión empresarial persiste y se castiga con vergonzantes clases de ética.
También se plegaron al 18-0 las mujeres, con sus demandas históricas, exigiendo los mismos salarios para hombres y mujeres y la paridad en su representación política. Se movilizaron los medioambientalistas y regionalistas con sus propuestas de protección de los ecosistemas y de descentralización económica y política.
Y hoy día la Constitución redactada por “los republicanos” termina con los derechos conquistados por mujeres y niega la existencia de la tragedia medioambiental en Chile y el planeta y se olvida de las regiones.
El 18-0 fue una rebelión de millones que recorrieron todos los territorios de nuestro país.
El presidente Piñera equivocaba sus dichos y recientemente se vuelve a equivocar. Las masivas movilizaciones de octubre no habían sido capturadas por “enemigos poderosos”, ni tampoco por alienígenas (como dijo en su momento la esposa de Piñera). Los alzados eran personas sencillas, que sufren todos los días con un sistema económico injusto que abusa de los pobres y capas medias, junto a un régimen político que protege a los ricos.
La noche del 18 de octubre (18-0) del 2019 se inició el estallido social, primero en Santiago, y luego se extendió a otras ciudades del país. El 19 de octubre, el presidente Piñera optó por amedrentar a la población: decretó estado de emergencia en el Gran Santiago y otras ciudades del país. No le bastó con Carabineros para controlar el orden público y desplegó a los militares. Pero el 25 de octubre lo sorprendieron inéditas movilizaciones masivas a lo largo de todo el país.
El 21 de octubre Piñera sostuvo irresponsablemente “Estamos en guerra contra un enemigo implacable”. Y, ahora, muy recientemente, en una entrevista en Buenos Aires se atrevió a decir que el 18-0 había sido una suerte de golpe de Estado. La oligarquía no entiende los procesos sociales o la pasión por el poder y el dinero le impide reconocerlos.
Una protesta contra todo
Así las cosas, la indignación se acumuló. Nadie la organizó. Fue un fenómeno espontáneo, como en la revolución francesa; como en la película El Guasón, el que se cansó de recibir agravios y golpes hasta que no soportó más y se rebeló.
Así nació el estallido. Y no fue un golpe contra Piñera (que no sea pretencioso). Fue una rebelión contra un sistema injusto, que ha enriquecido al 1% más rico y que ha despreciado a la mayoría nacional.
En las movilizaciones predominó un comportamiento pacífico, aunque lamentablemente hubo violencia delincuencial y de grupos anarquistas. Son los jóvenes que patean piedras en las poblaciones, otros que estudiaron en escuelas públicas inservibles y también aquellos que ingresaron a la universidad, pero que quedaron endeudados de por vida con el CAE. De aquí a la delincuencia hay sólo un paso.
Pero, al mismo tiempo, la violencia represiva del Estado fue desenfrenada, con dolorosos resultados en muertos, heridos y cientos de personas que perdieron la vista por las bombas lacrimógenas y perdigones de los fusiles de Carabineros.
La represión tuvo niveles extremos de agresividad, comparables a la época de la dictadura. Esto también es resultado de la inutilidad de una clase política que ha sido incapaz de educar a Carabineros y Fuerzas Armadas en el respeto al pueblo y en defensa de los derechos humanos.
Y a ello se agregó una izquierda débil que no fue capaz de orientar las protestas y tampoco pudo frenar los desmanes delincuenciales.
Cuando no hay nada que perder, la violencia crece…
…porque no alcanza el salario para vivir decentemente, mientras el 1% por ciento de los ricos se llevan el 33% de los ingresos que se generan en el país y aumenta la informalidad porque la industria se ha reducido a una mínima expresión.
Porque no da para más un sistema que rebaja los impuestos a los ricos antes que ofrecer una seguridad social decente para los ancianos. Porque no hay nada que perder cuando se privilegia la educación para los hijos de los ricos antes que la educación pública.
Porque no hay nada que perder cuando la ciudadanía observa que militares y carabineros roban impunemente, mientras los grandes empresarios pagan a políticos para que elaboren leyes en su favor y aumenten aún más sus ganancias.
Los jóvenes iniciaron la rebelión, porque la mayoría de los habitantes del país viven con salarios de hambre, se los obliga a jornadas interminables y se les impide sindicalizarse. En el modelo económico imperante los trabajadores no tienen tiempo ni organización sindical para rebelarse.
Por eso, quienes representaban a los oprimidos en el 18-0 eran los estudiantes, los jóvenes. Los mismos que protestaron el 2006 y luego el 2011, por una educación gratuita y de calidad.
Los ricos, el gran empresariado y políticos indolentes no entienden que son las desigualdades las generadoras de la protesta. Con majadería insisten en el “crecimiento con disminución de la pobreza”. La nomenclatura oligárquica no quiere reconocer que las desigualdades son el caldo de cultivo de la violencia. La pobreza no engendra la violencia, sino que ésta es estimulada por las exclusiones que crecen en medio de la abundancia.
La rabia y el resentimiento, junto a la nula integración social, explican, en gran medida, los actos de violencia, en medio de las movilizaciones ciudadanas. Por ello es preciso desalambrar. Terminar con la muralla que divide a nuestra sociedad.
Los hijos de ricos, de capas medias y pobres deberían convivir en las mismas escuelas. Las clínicas y hospitales deberían atender por igual a la mujer modesta y a la rica. Las pensiones y salarios deben ser capaces de sostener la vida de todas las familias chilenas.
Para que la violencia no crezca se requiere un sistema económico y político que no agreda a los pobres y a las capas medias y reclama empresarios que no abusen de sus trabajadores y de los consumidores. Para ello se necesita un Estado que favorezca la integración social, donde se valoren las relaciones entre los seres humanos en vez de las relaciones de las personas con las cosas. Hay que terminar con la violencia del sistema para que no subsista la violencia de los excluidos y así se recupere el derecho a vivir en paz.
En el estallido no se salvaba nadie. Se cuestionaba al gobierno de Piñera y también a los gobiernos de “centro izquierda», de la Concertación y Nueva Mayoría. Las consignas rebeldes atacaron directamente el modelo de injusticias y exclusiones que instaló Pinochet, y su lamentable continuidad en los gobiernos democráticos.
Por eso en las protestas sólo flamean banderas chilenas y del pueblo mapuche, porque los partidos políticos habían perdido toda credibilidad.
El pueblo chileno había comprendido que el modelo económico y el Estado subsidiario, consagrados en la Constitución de 1980, son los que habían cerrado las puertas a una distribución equitativa, del poder y la riqueza. Y, también había comprendido que los políticos, que hasta ahora han gobernado el país, no han tenido voluntad para cambiar el orden de cosas.
Por ello, la rebelión del 18-0 fue el fundamento para la elaboración de una Nueva Constitución, que garantizara participación ciudadana, asegurara derechos sociales a todos los chilenos y permitiera al Estado impulsar un desarrollo económico con equilibrios sociales, territoriales y medioambientales.
Había que cambiar las instituciones fundantes del neoliberalismo.
No se logró. Y aquí nuevamente fracasó la izquierda. No fue capaz de ordenar, con un discurso coherente, de dimensión nacional a esas fuerzas de la Convención Constituyente que representaban el 80% de todos los chilenos. Fracasó entonces esa nueva Constitución que debiera haber fijado nuevas reglas del juego para nuestro país y terminar con las reglas que fijaron Pinochet-Guzmán.
A cuatro años del estallido social el retroceso político, social, económico y cultural es lamentable. Las fuerzas de derecha niegan la sal y el agua a las iniciativas progresistas del gobierno del presidente Boric. A ello se agrega una extrema derecha que ha redactado un Constitución que profundiza el modelo económico neoliberal e instala reglas conservadoras en el ámbito cultural y moral.
Así las cosas, el 18-0 volverá, porque permanecen las causas que le dieron origen.
