El derecho a la vida no se viola solamente a través de la pena de muerte o de una política sistemática de brutalidad policial. También, a través de sistemas de salud profundamente desiguales que provocan numerosas muertes de enfermos, evitables con mayor justicia social. Es lo que ha pasado desde hace décadas en Chile con la coexistencia de un sistema para los más acaudalados (Isapres) y otro para los más desfavorecidos (Fonasa). Esto, independientemente de que el Poder Judicial haya estipulado, además, que los primeros han sido despojados de centenares de millones de dólares por las Isapres.

De este modo, incluso antes de la pandemia de covid se producía en nuestro país la muerte anual de miles de personas que se encontraban en “lista de espera” para ser atendidas y tratadas en hospitales públicos. Así, sólo en el primer semestre de 2017 –de acuerdo a informaciones del Ministerio de Salud- murieron 6.320 personas que estaban en lista de espera, que correspondieron al 12% de las defunciones inscritas en todo Chile durante el período: 51.989. Incluso, 939 de ellas tenían una atención pendiente de acuerdo al plan AUGE, es decir, con plazos máximos para otorgar la prestación (ver El Mercurio; 17-3-2018).

Asimismo, “durante todo 2016 fallecieron 15.600 pacientes de la lista de espera. Además, si bien no era posible establecerlo de manera certera, al menos en 6.700 casos podía haber una relación entre la muerte y haber tenido una atención pendiente” (Ibid.). A ello hay que agregar los exorbitantes precios de los remedios existentes en Chile. De tal modo que la propia cadena Salcobrand aseguró en 2019 que “hoy en Chile los laboratorios venden a las farmacias hasta 10 veces más caro que otros países de la región” (El Mercurio; 22-2-2019). Y el Ministerio de Salud informó que Chile compra medicamentos hasta 24 veces más caros que otros países de América Latina” (Ibid.).

Obviamente, las cifras de mortalidad se dispararon por el covid, pero no sólo de personas directamente afectadas por dicha enfermedad. Así, durante 2020, de acuerdo al Ministerio de Salud, “34.553 personas murieron esperando por una atención en el sistema público” (El Mercurio; 21-3-2022). De ellas, 31.736 lo fueron por patologías no incluidas en el AUGE, y 2.817 sí. Y de estas últimas, un análisis más fino del Ministerio estimó que 857 personas debieron su fallecimiento a “la falta de una atención oportuna” (Ibid.). A su vez, “en 2021 3.683 personas fallecieron esperando el cumplimiento de alguna garantía. De estos, 1.265 casos correspondieron a cáncer” (El Mercurio; 23-5-2023).

Por otro lado, el número de prestaciones de salud en lista de espera ha crecido mucho en los últimos años como consecuencia de la pandemia. De este modo, “en diciembre de 2021 la cifra alcanzaba los 2,3 millones, un número que ya batía todos los registros, mientras que a diciembre de 2022 eran 2,5 millones”; y “a junio de este año alcanzó la mayor cifra histórica: 2.686.299” (El Mercurio; 8-8-2023). En este contexto llama aún más la atención la medida anunciada por el gobierno de discontinuar la contratación de más de seis mil profesionales de salud añadidos por la crisis de la pandemia.

En definitiva, hemos tenido desde hace décadas un sistema de salud (en rigor, dos) que -además de despojar a sus beneficiarios más favorecidos de centenares de millones de dólares- ha provocado la muerte –perfectamente evitable dado el grado de desarrollo chileno- de decenas de miles de personas de sus sectores populares. ¡Y pensar que los partidos de “derecha” desean incluso “constitucionalizar” este sistema para el futuro!…