Por varias décadas la política chilena se expresó en tres grandes tendencias: las de la derecha, el centro y la izquierda, aunque al interior de estas cohabitaban sensibilidades de distintas proveniencias ideológicas y culturales. Nuestras prácticas electorales demostraban que las expresiones conservadoras y moderadas podían practicar la alternancia en el poder sin mayores dificultades y hasta podían ufanarse ante América Latina por nuestra estabilidad cívica. Sin embargo, con el triunfo de Allende y de la Unidad Popular, los dos tercios que se habían alternado en La Moneda se dieron rápidamente a la tarea de desestabilizar nuestra democracia y confluir en el cruento golpe cívico militar de 1973 que dio paso a un dictador que prolongó su mandato por diecisiete años.
La idea de Pinochet fue gobernar en favor de los intereses que siempre tuvo la derecha, hasta el grado de poner en ejecución un modelo económico y social marcado por la ideología neoliberal. Arrasando, para ello, con las conquistas sociales heredadas de los gobiernos del centro y de la izquierda, para lo que resultaba también necesario debilitar al Estado, ejecutar múltiples privatizaciones y vender a vil precio nuestras reservas mineras y principales industrias. Además de juramentar al país como enemigo del socialismo y desafiar los derechos humanos proclamados universalmente, ubicando a Chile dentro de la órbita del imperialismo norteamericano que tanto ayudara a los golpistas a demoler nuestro orden institucional.
Aunque los cabecillas del Golpe buscaron perpetuarse en el poder, ello no fue posible por la resistencia popular, el reproche del extranjero y la acción de aquellas expresiones del centro político nacional y del socialismo “renovado” que se las jugaran finalmente por acabar con los largos años de interdicción ciudadana. Habida cuenta que demócrata cristianos y otros no lograron formar parte del poder administrado por un caudillo militar, así como que a Estados Unidos se le hizo imposible sostener una dictadura que extremaba la represión y que hasta en su propio territorio extendió las acciones del Terrorismo de Estado.
Cuando desde Washington se asume que ya sería muy difícil deshacer la obra privatizadora y la sumisión a los intereses del imperialismo, la Casa Blanca emprende el camino de apoyar al centro político chileno para lograr su demanda de elecciones libres. De tal manera que, con ingentes recursos destinados a la disidencia chilena, forzar a Pinochet a abandonar el gobierno, aunque con todos los resguardos para que no pudiera ser condenado por sus horrendos crímenes y el país aceptara por largos años mantener la Constitución de 1980. Texto que consolidaba una democracia muy restringida y le hiciera prácticamente imposible a la izquierda volver al poder.
Pero el estallido Social provocado por las enormes desigualdades sociales creó a la larga las condiciones para que el Partido Comunista y una abigarrada expresión de jóvenes de izquierda lograran arribar después de 50 años a un gobierno proclamado de allendista y que se proponía, incluso, hacer realidad casi el mismo ideario del extinto mandatario.
Sin embargo, tal parece que hoy no tiene el Presidente Boric posibilidad alguna de concretar un programa de gobierno vanguardista. Muy distante del carisma de Allende y del respaldo popular que concitó este para impulsar sus más audaces reformas, además de tener que tropezar con las barreras contempladas por la Carta Magna que todavía nos rige.
Se sabe, asimismo, que su elección se debió en buena parte a que la propia derecha concurriera con su apoyo en las elecciones primarias a fin de evitar lo que estimaban el mal mayor; esto es el triunfo de un abanderado comunista. Tenemos, por lo tanto, un gobierno de izquierda que, si quisiera efectivamente desarrollar su programa progresista no podría lograrlo sin desafiar el poder de la derecha entronizada en el Parlamento y en los dos grandes poderes facticos: el empresariado y los poderosos medios de comunicación. Con lo que se afecta la diversidad informativa, estimada como uno de los pilares fundamentales e inexcusables de la democracia.
De esta manera es que, a dos años de administración, reformas tan proclamadas como la tributaria, la de la salud y previsión sufren un verdadero bloqueo de parte de la mayoría legislativa y, ahora, de millones de chilenos que se han dejado seducir por el discurso alarmista de la derecha y el temor real que hoy existe en la población a causa de la descontrolada inseguridad, la acción desembozada del narcotráfico y la irrupción de severos actos de corrupción de parte de una pandilla juvenil de izquierda que desde distintos cargos en la administración pública viene asaltando los fondos públicos destinados a resolver los problemas más apremiantes de la nación. En lo que constituyen los episodios más bochornosos y multimillonarios de toda la posdictadura.
A los anterior, llama la atención, además, los denodados esfuerzos del gobierno de Boric por alinear internacionalmente a Chile con la política exterior norteamericana y de sus adláteres de la Comunidad Europea. Para lo cual nuestro mandatario se prodiga en discursos y declaraciones para descalificar a los gobiernos latinoamericanos proscritos por la Casa Blanca y erigirse ante el mundo como un campeón de los Derechos Humanos. Olvidándose de la impunidad que todavía se prolonga respecto de los crímenes de la Dictadura y de aquella situación que vive el pueblo mapuche despojado por el Estado y las grandes empresas forestales de sus derechos y propiedades ancestrales en la macro zona sur del país. En un conflicto que lleva a la cárcel a los que hace pocos meses eran considerados héroes y valiosos combatientes por la izquierda hoy en el Gobierno. Así como destina millonarios recursos para entregar armas a las policías que, también, hasta hace muy poco eran denunciadas como corruptas por los mismos moradores de La Moneda.
De esta forma, nuestro territorio vive en esta curiosa democracia bajo los estados de excepción y la ocupación militar, y día a día, la derecha logra imponerle al Ejecutivo más leyes restrictivas, mayores impedimentos a la inmigración y normas que castiguen severamente las ocupaciones de terrenos, soslayando que los principales usurpadores han sido históricamente los inversionistas nacionales y foráneos. Empresas que no trepidan, a modo de ejemplo, en construir edificios sobre dunas, quebradas y otras zonas vulnerables a fin de darle mayor rentabilidad a sus negocios.
¡Vaya qué buena inversión política ha hecho la derecha al permitir el arribo de un gobierno que prefiere detener o morigerar los cambios en virtud de proteger la democracia cupular y evitar el reproche de los agentes del imperialismo, de aquellos templos ideológicos del capitalismo salvaje destinados a sacralizar las desigualdades sociales!
Todo esto en medio de cuatro años de un recreo hasta que la propia derecha o el centro pusilánime retomen las riendas del país de las inequidades e iniquidades.
