Orígenes de la institucionalidad fallida en Chile
Chile es una “democracia incompleta» debido a los enclaves autoritarios heredados de la dictadura y no superados en los gobiernos «democráticos» posteriores.
En la dictadura cívico-militar, las empresas públicas significativas, a nivel nacional, fueron traspasadas a grupos ligados o provenientes de ella, en un proceso caracterizado por su opacidad. María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo y Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, lo devela en su libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile”. Entre 1985 y 1990 fueron privatizadas entre otras la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Industria Azucarera Nacional (Iansa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Línea Aérea Nacional (Lan Chile), Laboratorios Chile y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), “Las metas sobre cantidades de acciones por privatizar que anunciaban los ejecutivos de la CORFO eran constantemente ampliadas. El proceso se aceleró antes del plebiscito de 1988 y tomó un ritmo vertiginoso después del triunfo del No el 5 de octubre de ese año”, relata en el libro.
Según el economista Andrés Solimano, gran parte de la concentración del poder económico actual es consecuencia de esas privatizaciones. El discurso de priorizar la propiedad por sobre derechos sociales, cuando se desconoce cómo esas propiedades fueron adquiridas:“se dice ‘el derecho a la propiedad es sagrado’. Perfecto, pero cuénteme, ¿cómo obtuvo el derecho a propiedad su empresa? Entiendo que era una empresa del Estado, de todos los chilenos, que se privatizó y usted la compró. ¿Por qué la compró usted y no su vecino? ¿Qué precio pagó? ¿Por qué usted pudo adquirir esa propiedad y otro no? Esas son preguntas centrales”.
María Mönckeberg, en entrevista de El Mostrador: “En todo caso, me parece que en este tema de todas maneras hay una deuda importante. En el gobierno de Aylwin no hubo el ánimo de investigar a fondo las privatizaciones. Siendo que los grupos de poder en Chile son un tema central. Esos grupos hoy han ampliado su poder y constituyen límites al juego democrático.”
Bajo el mandato de Frei Ruiz Tagle, y con la complicidad de la mayoría de la Concertación, se privatizó parte de Codelco. Más de 300 mil hectáreas de yacimientos menores fueron traspasadas gratuitamente a empresas extranjeras. Además se privatizó el Puerto de Ventanas y la Termoeléctrica Tocopilla. El Gobierno de Frei privatizó Colbún, Edelnor, Edelaysen, que representaban cerca del 40% de la generación eléctrica del país. Fue bajo su gobierno cuando se dio inicio a la más grande destrucción del patrimonio público, concretamente a la enajenación del agua al comenzar la privatización de las empresas sanitarias que eran abastecedoras de agua potable. La empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso (Esval) licitó la venta del 35% de sus derechos, adjudicándoselos el consorcio Enersis-Anglian Water. Posteriormente se enajenan las distribuidoras de la región metropolitana, Emos, (Aguas Andinas), la del Biobío (Essbio) y la de los Lagos (Essal).
En el gobierno de Ricardo Lagos, se privatizaron las carreteras en favor de Vías Chile, un holding controlado en un 80% por Abertis Infraestructura S.A., entidad de origen español dedicada a la gestión de autopistas. El año 2001, Ricardo Lagos envió la «Ley Corta de Pesca» con una vigencia de 10 años en la cual se le aseguraban casi un 80% de las cuotas totales al holding empresarial del Grupo Angelini (ITATA). La ley fue tramitada en el congreso gracias a la confabulación de los hermanos Zaldívar, quienes repitieron la fórmula, un año después, favoreciendo su propia gran inversión en Eperva (empresa de Angelini en el norte de Chile) y cuyo presidente del directorio era Felipe Zaldívar Larraín.
En este mismo periodo presidencial, el por entonces presidente del Banco Estado Jaime Estévez, fue increpado por participar en el préstamo de 120 millones de dólares al grupo Luksic en el proceso de compra del Banco de Chile. Andrónico Luksic Craig, líder del consorcio empresarial Grupo Luksic (consorcio que posee la mayor fortuna económica de Chile) fue reverenciado por Ricardo Lagos, durante una entrevista al diario La Tercera: “Tanto Andrónico Luksic padre, como Anacleto Angelini me merecen admiración. Cuando era chico había un libro que se llamaba forjadores de Chile, y ahí figuraba José Santos Ossa y otros personajes que no salen en la mayoría de los libros de historia, donde aparecen sólo presidentes y generales. Mi percepción es que ellos son los forjadores de ahora.” (La Tercera / Infolatam Santiago.- 5/03/2006)
Relato falso de la institucionalidad
En ocho gobiernos post dictadura cívico militar, es posible verificar que los programas de gobierno expuestos ante la ciudadanía no se cumplieron, y en muchos casos se hizo lo contrario a lo presentado. Se justificaron primero en “la política de los acuerdos” con las derechas y, más tarde, en el desvelamiento sin pudor de un poder fáctico de la élite que opera en el resguardo y ampliación de sus privilegios, ya sea vía lobby o derechamente en el cohecho (caso ley de pesca), la impune colusión de precios (casos farmacias y faenadoras de embutidos) o los sobreprecios en las distribuidoras de alimentos perecibles. Ni hablar de los préstamos usureros de la “industria” bancaria y de los casos de información privilegiada en la bolsa de valores.
El enfrentamiento de la institucionalidad contra la sociedad civil
Todos los hechos descritos, que son una muestra de todo lo que no logró salir a la luz pública, es evidencia de la construcción de una “institucionalidad” que desconoce y se aprovecha de las y los trabajadores, de las y los estudiantes, de las personas jubiladas y de las capas desempleadas del país. Una institucionalidad que recoge la premisa expuesta por el dictador: “hay que cuidar muy bien a los ricos”. No se ha tratado de errores, ni de incapacidades, sino que es evidente una intención operando, una dirección de desprecio y violencia en contra de las mayorías desprovistas de poder.
La aplicación de acciones violentas disponibles para conservar la institucionalidad
Las prácticas de la élite van desde la sistemática violencia económica, generando la apropiación de las utilidades que resultan del afán cotidiano del trabajo y el capital, en que las cifras de logros en un alto PIB, se muestran en un per cápita que es una burla frente a la realidad, de una desigualdad repugnante, en que la pobreza resulta una condena de por vida para las familias de las chilenas y chilenos.
Pero no se detienen allí. Si la gente despierta y se moviliza por sus justas reivindicaciones, no trepidan en usar las fuerzas policiales e incluso militares para reprimir tal osadía. Y si la gente usa la legítima defensa frente a una institucionalidad que le reprime, bajo la justificación del “enemigo interno” habrán baleados, mutilados, encarcelados y se les degradará como marginales, lumpen sin dios ni ley, desde las editoriales de los medios de comunicación masiva que están en manos de la élite.
Si los poderosos evalúan que la movilización es extremadamente peligrosa para sus intereses y privilegios, no trepidan en el bombardeo de la casa de gobierno, en el asesinato, la tortura y la desaparición forzosa. Y tienen escalas más altas de violencia a su haber, como la del bombardeo y matanza de la población civil, mostrada sin pudor en las pantallas de sus noticiarios y redes sociales, como una advertencia monstruosa de su poder, para que la gente abandone toda resistencia a su infame e inhumana gobernanza.
El desborde y la revuelta, como momento de debilidad de la institucionalidad
El 2019, año que pasará a la historia por la explosión de protestas, ciudadanas y ciudadanos de todo el mundo se sumaron a movilizaciones cansados de la negación de sus derechos y una suma de promesas incumplidas por parte de quienes “los gobiernan”. La casi nula posibilidad de movilidad social a través de la educación, la percepción de su vulnerabilidad frente a los ajustes económicos y a la ausencia o deficiencia de los servicios públicos, sus oportunidades laborales marcadas por distancias sociales impuestas por origen, geografía, etnicidad, informalidad y género, entre otras cosas. La incertidumbre de una vejez digna, la inseguridad ciudadana, que no sólo se siente como incapacidad sino también como complicidad estatal con el crimen organizado y que deriva en altos niveles de corrupción, y una marcada ausencia de las prometidas mejoras sociales, los reúne para alzar la voz en diferentes escenarios del planeta y para exigir a sus respectivos gobiernos, quienes no son capaces de dar respuestas, el cese de acciones que perpetúan un sistema desigualdad e inhumano.
En muchas ocasiones se vivieron enfrentamientos y violencia entre policías y manifestantes y las calles se convirtieron en campos de batalla como en Irak donde manifestantes, sobre todo jóvenes, protestaron contra la corrupción, las graves carencias en los servicios públicos y la falta de empleo; en el Líbano inicialmente por un nuevo impuesto para los servicios de mensajería gratuita pero que se convierte en un movimiento más amplio contra la corrupción y la incapacidad de las élites políticas heredadas de la guerra civil; en Irán por la subida del precio del combustible; en Argelia estallan contra la decisión del presidente, Abdelaziz Buteflika, de optar a un quinto mandato consecutivo; en Cataluña por la sentencia del juicio a los líderes del proceso independentista catalán, popularmente conocido como el juicio del procés; en Francia por los llamados ‘chalecos amarillos’ contra la ecotasa de los carburantes y posteriormente por demandas de más justicia social y mejora del poder adquisitivo; en Reino Unido por su salida de la Unión Europea.
También en Georgia por la reforma de la ley electoral; en Bolivia porque el presidente Evo Morales se declara vencedor para un cuarto mandato consecutivo, y es derrocado entre denuncias de fraude de la oposición; en Colombia por la exigencia de parte de dirigentes sindicales de cambios en la política social y económica del gobierno de Iván Duque (derecha) y contra la corrupción y la desigualdad; en Ecuador por el retiro, de parte del gobierno, de los subsidios al combustible; en Hong Kong por un proyecto de ley de extradición de criminales sospechosos a China, lo que se considera un ataque a las libertades prometidas y en Pakistán por la dimisión del primer ministro, Imran Khan, a quien acusan de fraude electoral y de las penurias económicas que sufren.
Y en nuestro país la subida del precio del pasaje del metro fue la gota que derramó el vaso (no son 30 pesos, son 30 años). Y las exigencias de cambios profundos al sistema político, económico y social y el de la renuncia del entonces presidente Piñera, sonó en multitudes de gargantas junto a la consigna !!HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE!! y !!CHILE DESPERTÓ!! El estallido o revuelta popular sin líderes mostró un “momento de cambio” al sistema de valores y al comportamiento social individualista, característica de una sociedad neoliberal, retomando en calles, plazas y patios estudiantiles la necesaria conversación cara a cara, reconociendo al otro como alguien que tiene nombre y apellido, que padecen las mismas problemáticas sociales que dejaron de tener importancia para la política institucional. Se sumaron actores con diferentes consignas y demandas. A partir de ello, confluyen sentimientos en contra de la desigualdad que aqueja a la población en general. Es un instante de “descreimiento” en el relato de la institucionalidad, ese que sin sonrojarse decía: les representamos, estamos trabajando arduamente por ustedes. ¿aún no le llegan los beneficios?, bueno, aguante un poco más, ya viene el chorreo. Los ricos serán tan ricos que no podrán sostener cada billete y estos les caerán, por desborde, a cada uno de ustedes.
Las opciones de la revolución necesaria
Pero este nuevo aniversario, de La Revuelta Popular en Chile, nos pilla en un momento de máxima degradación de la institucionalidad, y coyunturalmente la manija del poder peligrosamente en sus manos. Frente a la violencia del modelo y sus líderes, sostenemos que la Noviolencia Activa es el modo de lucha de la sociedad civil, es la fuerza de lo débil, es la valentía que no se amilana frente a los bandos asesinos, en defensa de la vida y en particular la vida humana, su solidaridad, sus derechos, su futuro abierto, su diversidad y la alegría de vivir.
Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública
