Argumentos que dieron pie a investigación del Congreso contra JNJ han sido desmontados uno a uno, exhibiendo la farsa de parlamentarios para capturar el poder.
La farsa construida por el Congreso para investigar y destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en un golpe a la democracia viene siendo desmontada en los últimos días.
Los argumentos que esgrimió el Parlamento para abrir esta investigación ya han sido derribados uno a uno por la defensa de la JNJ y autoridades como el presidente del Poder Judicial en la Comisión de Justicia.
Ahora que esta comisión ha quedado en ridículo en su intento de destituir a los miembros de la JNJ, el Congreso ya piensa en otra estrategia vía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Farsa desmontada
Como se recuerda, una moción presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) encargó a la Comisión de Justicia la “investigación sumaria” a los miembros de la JNJ “por causa grave” con el fin de destituirlos.
La iniciativa planteaba cinco cargos en contra de Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez.
Estos cargos, sin embargo, fueron rebatidos uno a uno por el abogado Samuel Abad Yupanqui, representante de los siete integrantes, que se presentó ante la Comisión de Justicia.
El primero era por un comunicado que la JNJ emitió invocando al Congreso mayor reflexión sobre la acusación constitucional en contra de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Al respecto, Abad dijo que no se trató de un “comunicado político” y que es atribución de la JNJ “velar por la independencia de las instituciones del sistema de justicia”.
El segundo cargo era por una supuesta presión de tres integrantes de la JNJ al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para emitir un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de Ávalos.
Abad señaló que no existe ninguna prueba de que eso haya ocurrido; pero, además, este argumento luego fue desmentido por el propio Javier Arévalo quien ante la Comisión negó dicha presión.
“A mí nadie me ha presionado”, dijo el presidente del Poder Judicial quien afirmó también que toda esta investigación se inició por “una serie de especulaciones” y que el Congreso no puede abrir investigaciones “por chismes”.
El tercer cargo estuvo referido a la emisión de la resolución n° 224-2020-JNJ, que establece un límite de 75 años para el acceso a la Junta y no para el cese en el cargo.
Sobre ello, Abad recordó que la edad de Inés Tello, quien se presentó al concurso público con 74 años, no fue entonces motivo de cuestionamiento.
Los otros dos argumentos, que apuntaban que la JNJ no presentó sus informes anuales al Congreso y la supuesta filtración del informe de una investigación en curso seguida en la JNJ contra Patricia Benavides también fueron desmentidos.
Sobre el primero, Abad indicó que la Junta estuvo a la espera del llamado del Congreso para exponer ante el Pleno los avances en su gestión; y sobre lo segundo, dijo que no existen pruebas de que eso haya ocurrido.
Cambio de estrategia
Pese a que, en los hechos, la Comisión de Justicia ha quedado en ridículo frente a la investigación ante la JNJ, el Pleno aprobó la noche del 21 de setiembre darle 14 días hábiles más para culminar su indagación.
Sin embargo, desde el Congreso ya piensan también en nuevas estrategias, pues ahora la función investigadora se trasladaría a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, según reveló el periodista Wilber Huacasi, de La República.
“La Comisión Permanente le encargó investigar a la JNJ, por el tema de edad de Luz Tello, en un plazo de 15 días (denuncia 373 de Montoya)”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.
En efecto, esto se condice con lo que el periodista de investigación, Gustavo Gorriti, había advertido en una de sus columnas “carta del director” de IDL-Reporteros publicada el 19 de setiembre.
Ahí el periodista asegura que, si la reacción nacional e internacional que ya se ha empezado a sentir, aumenta, el Congreso recularía en su intento de destituir a todos los miembros de la JNJ y apuntaría a sacar solo a tres.
Estos serían Inés Tello, Imelda Tumialán y Aldo Vásquez, quienes tienen bajo su cargo las investigaciones que ponen en peligro a la estructura de poder mafioso que busca recapturar el país.
“Si la presión aumenta (…), ese será probablemente el plan alternativo de la ultraderecha. Botar a tres y mantener a los otros bajo el manto falso de la ‘institucionalidad’”, señaló Gorriti.
