Los gobiernos latinoamericanos deben proteger a los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y aplicar el Acuerdo de Escazú.
La necesidad de que los gobiernos latinoamericanos asuman la responsabilidad de proteger a los defensores de los derechos humanos y del ambiente es una de las principales ideas en un foro internacional dedicado al tema.
Se trata del segundo foro anual sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales que coauspicia la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Panamá.
El evento tiene el propósito de compartir experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de esas personas, cuyo trabajo es crucial para la sociedad en el contexto de la crisis climática.
Las personas participantes pugnan por un plan de acción que reconozca la diversidad de los defensores, a menudo integrantes de grupos discriminados o marginados, como los indígenas y afrodescendientes.
Durante la reunión de dos días también se llevan a cabo consultas y discusiones para elaborar un plan de acción que se presentará en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en abril de 2024.
Participan altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos y de organizaciones internacionales y activistas de la región quienes subrayaron que los y las defensores/as ambientales son muy diversos y abogan por que el plan de acción reconozca esa diversidad.
Las personas defensoras del ambiente viven diferentes realidades, un buen número de ellos además defienden sus territorios, culturas, sustentos y formas de vida.
En la primera jornada llamaron a los Estados y gobiernos de la región a reforzar la protección de los defensores ambientales y a garantizar un entorno seguro y propicio para que los defensores ambientales desempeñen su importante labor.
La importancia del Acuerdo de Escazú
El foro también tiene el objetivo de destacar la relevancia del Acuerdo de Escazú como instrumento para garantizar la democracia, la protección del medio ambiente, el estado de derecho, el desarrollo sostenible y la defensa de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Carlos de Miguel, encargado de la secretaría del Acuerdo de Escazú y jefe de la Desarrollo Sostenible de la CEPAL, dijo que ese acuerdo representa un gran avance ambiental para la región.
Aunque admitió que hay situaciones muy complejas que requieren de soluciones urgentes “que muchas veces no llegan”.
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y versa sobre derechos humanos en asuntos ambientales.
Además es el primer pacto internacional con disposiciones específicas y concretas sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Marcelo Cousillas, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, señaló que para implementar esas disposiciones es necesario contar con el plan de acción.
En tal sentido, Cousillas recordó que uno de los objetivos del foro es aportar, encontrar y proponer los mecanismos que regirán esa hoja de ruta.
Los participantes coincidieron en que ningún activista o ministerio por sí solo puede resolver los problemas ambientales de un país, por lo que se precisa trabajar en colaboración entre gobiernos y organizaciones mundiales.
“La destrucción de nuestros ecosistemas es muy acelerada, más allá de la respuesta que estamos dando todos los gobiernos, y el cambio climático ha agravado esto”, puntualizó uno de los oradores.
