Decenas de medios de comunicación y gremios de prensa alternativa se dieron cita el viernes 22 de setiembre para pronunciarse sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que pretende criminalizar la actividad periodística sobre las protestas.
En el marco de otorgamiento de facultades para legislar sobre seguridad, el Proyecto de Ley Nº 5632/2023-PE en el punto 3.1.2, inciso C señala: “Sancionar a los instigadores del delito de disturbio (…), ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.
Los hombres y mujeres de prensa se reunieron para pronunciarse ante el peligro que representa dicho proyecto, que abre la puerta a procesos arbitrarios bajo la figura de “instigadores de disturbios” tanto a periodistas como a ciudadanos que informen o compartan información sobre las protestas.
Anteriormente, la labor de los periodistas independientes ha querido ser reglamentada a través de protocolos para cubrir las marchas, la exigencia de que se cuente obligatoriamente con colegiatura; además se presentan detenciones arbitrarias, persecuciones y agresiones.
En la conferencia de prensa, los periodistas acordaron dar a conocer a la ciudadanía nacional e internacional, las acciones que puedan atentar contra su derecho a informar; asimismo, seguir generando alianzas con los medios de comunicación alternativos de regiones, provincias y distritos para seguir informando. “Nos unimos a esta protesta internacional y pedimos al mundo se solidarice con nosotros porque tenemos derecho a informar” destacaron.
Atentado contra derechos constitucionales
El Proyecto de Ley Nº 5632/2023-PE atenta contra dos derechos constitucionales: la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación cuya obligación es informar; y la libertad de información que tienen los ciudadanos de enterarse sobre hechos de su interés (artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú).
Emilio Mendoza Saldaña, Secretario de Organización del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú (SUTPECOS) señaló: “Nosotros estamos comprometidos en la defensa de los trabajadores del periodismo, la prensa alternativa y de los derechos del periodismo en general; ante la arremetida por parte del Congreso, por parte del gobierno, en querer callar en la práctica, la voz de compañeros y compañeras que vienen comunicando la verdad en los medios digitales, y que esto llega a nivel internacional”.
A continuación, parte del pronunciamiento de los hombres y mujeres de prensa alternativa:
“Advertimos a la comunidad nacional e internacional lo siguiente: que existe un peligro importante de posible atentado al ejercicio del trabajo y libertad de expresión, mediante las facultades otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo del gobierno actual, a través de la aprobación del Proyecto de Ley Nº 5632/2023-PE, a pesar de modificaciones a causa del pronunciamiento de diferentes gremios y asociaciones que representan a los comunicadores y periodistas del Perú, ello no garantiza en su totalidad que el Poder Ejecutivo vaya a modificar el Código Penal criminalizando nuestra labor, por lo tanto expresamos lo siguiente:
- Denunciamos que el gobierno actual a través de sus instituciones como Policía Nacional del Perú, Fiscalía y Congreso de la República constantemente muestran acciones de instigación a los comunicadores sociales y periodistas que vienen informando sobre los acontecimientos suscitados en las protestas a nivel nacional desde diciembre de 2022 y que se presentan actualmente como uno de los espacios independientes de prensa y comunicación en nuestro país, al margen de los poderes monopólicos de la prensa concentrada.
- La Policía Nacional del Perú viene agrediendo arbitrariamente a los comunicadores y periodistas que dan cobertura a las protestas, obstaculizando de esta manera nuestra labor periodística y de comunicación amparada en los derechos constitucionales y principios democráticos.
- Violación a los derechos humanos. La policía viene agrediendo a los periodistas y comunicadores que han dado cobertura a las diferentes protestas, disparando directamente al cuerpo y a una distancia corta, transgrediendo los protocolos de uso de armas semi letales, dejando secuelas físicas en rostros y otras partes del cuerpo, lo que se puede evidenciar en reportes periodísticos.
- Discriminación a los comunicadores y periodistas alternativos. La Policía Nacional del Perú con abuso de autoridad han llegado a romper nuestras herramientas de trabajo, a pesar que la ley establece que para ejercer la labor periodística no es indispensable estar colegiado; todo ello, con la finalidad de limitar nuestra labor periodística.
- Persecución judicial a los comunicadores y periodistas independientes alternativos. Denunciamos que el Ministerio Público viene persiguiendo judicialmente a diferentes comunicadores sociales y medios de comunicación independientes en las regiones atribuyéndoles el rótulo de “instigadores” e intentando que revelen sus fuentes y hasta la lista de personajes que van a entrevistar, vulnerando el secreto profesional, solo por el hecho de informar a la población sobre la situación política y social que viene atravesando nuestro país; lo que se presenta como un grave atentado a la democracia y al Estado de Derecho.
- Las facultades pedidas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Congreso de la República. A través del proyecto de ley 5632/2023-PE a pesar que ha sido modificado en partes, no garantiza que el Poder Ejecutivo no vaya a modificar el Código Penal para criminalizar la libertad de expresión. Por lo tanto, pedimos a todos los peruanos estar vigilantes a cualquier intento de censura a los comunicadores y periodistas independientes alternativos y desde aquí llamamos a la unidad de todos los peruanos en defensa de la democracia.
- Un gobierno democrático respeta la libertad de expresión que está amparada en tratados universales de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Por el contrario, en una dictadura no se respeta ni la libertad de expresión ni la libertad para el ejercicio de la ciudadanía, como un nuevo gesto de gobiernos dictadores, no solo en el Perú sino también en otros países latinoamericanos. Los comunicadores y periodistas independientes alternativos nos pronunciamos ante un régimen autoritario y renovamos nuestro compromiso con el pueblo peruano en defensa de la libertad de expresión y seguiremos informando con la verdad, denunciando los actos de abuso de autoridad, violaciones a los derechos humanos y exigimos justicia para los más de 80 asesinados durante las protestas en el pasado siete de diciembre.
Firman diferentes medios de comunicación, comunicadores sociales y periodistas independientes alternativos del Perú. Unidos en la defensa de la libertad de expresión del Perú.
Lima, 22 de setiembre de 2023.
