19 de septiembre 2023, El Espectador
La semana pasada los medios informaron que 10 militares vestidos de guerrilleros hostigaron y amenazaron a pobladores de la vereda El Manso, en el Municipio de Tierralta, Córdoba; se nos revolvieron en las entrañas las imágenes de los falsos positivos.
¡No más!, volvimos a decir. No podemos repetir la historia de los 6.402 jóvenes a quienes les plantaron fusiles que nunca habían portado, y aparecieron en las fotografías con botas puestas después de haber sido asesinados.
Es entendible que nos persiga el fantasma de un sector militar que estimulaba y premiaba violaciones atroces. Pero las personas y las instituciones cambian; las directrices evolucionan y lo que “en épocas de bárbaras naciones” se fomentaba con beneficios clandestinos, hoy es inadmisible. El actual ministerio de Defensa es 180º distinto: asume las responsabilidades y focaliza la atención en la protección de la vida y los derechos humanos.
Ante el repudiable caso de los militares en Tierralta, el ministro y el alto mando castrense pusieron la cara, los soldados que pretendieron sabotear los esfuerzos por la paz fueron rápidamente apartados de sus cargos y están siendo investigados.
Hoy Colombia tiene una política militar de cero tolerancia ante la violación de los derechos humanos. La seguridad personal, comunitaria, económica, ambiental y política se abordan con el Plan Nacional de Desarrollo desde una comprensión integral de la seguridad humana. Los derroteros de hoy privilegian el cuidado y el respeto de la vida. Falta muchísimo camino y seguimos llenos de cráteres que se traducen en muertes que nunca debieron ser; pero es preciso reconocer una directriz en la que ya no hace carrera la vulneración de los derechos; ya no es premiado el que más bajas le cause a la guerrilla, sino el que más vidas le salve a la sociedad. Los incentivos no están en función de la muerte sino de la vida, y finalmente se comprendió que lo inteligente no es caerle al más vulnerable, sino destinar la inteligencia a desactivar los generadores de violencia.
La prioridad no es cazar el eslabón más débil de la cadena (léase campesino, pequeño cultivador o joven que rompe vitrina). La prioridad es llegar a quienes financian las armas, se lucran de ellas y cifran sus negocios en el comercio de la guerra, en la compraventa de odios inducidos y estupefacientes que destrozan células y conciencias.
La prelación de las fuerzas militares de este cuatrienio no es exhibir cadáveres caídos en combates falsos o verdaderos; ya no estamos en la era de “el triunfo de la muerte”.
La política de seguridad, defensa y convivencia empieza a enfocarse en el bienestar de las personas; el respeto de los derechos humanos, el conocimiento como requisito y nutrición mental, el cuidado de las condiciones psicológicas de la fuerza pública y especialmente la formación de policías. Más importante que saber disparar, es saber respetar. Mejor que aprender los códigos del odio, desarrollar habilidades para el diálogo; analizar causas y efectos de nuestros conflictos y comprender las agendas territoriales, porque es ahí donde Colombia cultiva, crece y se desangra, pide justicia y exige equidad. Ministerios de Defensa y Educación están trabajando de la mano, y confío en que algún día el término “doctrina militar” no produzca miedo, sino confianza.
Es evidente que la inseguridad sigue siendo una pesadilla, pero hay importantes avances conceptuales en temas de lineamientos y formación, de táctica y estrategia. Ahora hay que gerenciar y cumplir, a todos los niveles, para salvar vidas y reconstruir credibilidad.
