Por Gilberto Lopes*
Me han pedido que hable sobre las recientes elecciones en Ecuador, Guatemala y Argentina.
¿Cómo analizar estos temas?
El 20 de agosto, los votantes guatemaltecos eligieron a Bernardo Arévalo presidente de la República. Dos académicas estadounidenses, Shannon K. O’Neil (Vicepresidenta, Directora Adjunta de Estudios y Nelson and David Rockefeller Senior Fellow for Latin American Studies en el Council on Foreign Relations) y Will Freeman (Fellow for Latin American Studies en el CFR y Doctor en Política por la Universidad de Princeton) se refieren a Arévalo como «un candidato anticorrupción». La austera campaña de Arévalo es un signo de los tiempos, dicen. Y dicen que, en Guatemala, el dinero no puede comprar estas elecciones. Cada vez ganan más los candidatos con más seguidores en Tik Tok. No los que tienen más recursos.
Abro un paréntesis para tocar un tema actual. Entre las reformas que el padre de Arévalo, Juan José Arévalo, presidente de Guatemala entre 1945 y 1951, trató de consolidar en la constitución de 1945, estaba la reestructuración del ejército, con la suspensión del generalato, decretada con el triunfo del movimiento revolucionario de 1944 (en un contexto marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial), junto con el esfuerzo de profesionalización del ejército, tema al que la constitución de la época dedicaba un capítulo entero. Una experiencia interesante, en circunstancias muy diferentes a las actuales, pero que tal vez merezca nuestra atención. Quién sabe si su hijo intentará retomar esta iniciativa, en un país en el que, durante la Guerra Fría, el ejército desempeñó un papel criminal, especialmente contra la población indígena de seis millones de habitantes, que representa entre el 45% y el 60% de la población guatemalteca total, y que sigue siendo un factor muy importante en la vida del país.
Retomo el hilo de nuestra conversación. Las académicas estadounidenses comparaban la campaña de Bernardo Arévalo con la de Daniel Noboa en Ecuador, miembro de una de las familias más ricas del país e hijo de un empresario que se ha presentado cinco veces a la presidencia sin éxito. El hijo habría sido un sorpresivo ganador en estas elecciones gracias a su buen desempeño en el debate electoral (y no por los recursos gastados en su campaña).
Quizás todo esto sea verdad, pero es difícil aceptar la idea sin ninguna sospecha, sobre todo sabiendo lo millonarias que son, por ejemplo, las campañas estadounidenses (y también las latinoamericanas); cualquiera de ellas requiere enormes recursos, ya sea para alcalde, congresista o presidente.
Tal vez más realista, leí un titular en el medio brasileño, «Correio da Cidadania», que decía: «Segundo round en Ecuador entre progresistas y millonarios».
Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, mujer, madre soltera, creó la expectativa de ampliar el espectro electoral a nuevos votantes. Luisa González es de Manabí, una provincia electoralmente importante, y tiene una característica inesperada para un movimiento de izquierda: es evangélica. En los resúmenes más habituales, estas son las características que destacan de la candidata. Naturalmente, también su afiliación al «correísmo».
Está por ver si esta vez será capaz de sumar a su 33% de los votos, lo que le falta para la mayoría absoluta en la segunda vuelta. En las pasadas elecciones no pudo, a pesar del similar 32 por ciento de los votos obtenido por el correísmo en la primera vuelta.
Pero todo esto son simples cálculos electorales. Naturalmente, son muy importantes, pero no creo que sea el aspecto más importante para este análisis.
Me gustaría situar todo esto en un contexto más amplio: el de nuestra dificultad para transformar propuestas progresistas en apoyo mayoritario, ante el resurgimiento de los aspectos más irritantes de una derecha que, en mi opinión, no debería dividirse fácilmente en «extrema», por un lado, y otra, más «civilizada», con la que podríamos convivir. No me gustan mucho estas definiciones, aunque no desconozco el debate que inevitablemente surge cuando una sociedad se enfrenta a desafíos de grupos más radicales y tiene que elegir una estrategia para hacerles frente. Es un debate que puede resumirse en una opción «democrática» frente a otra «dictatorial».
Son debates contingentes, siempre controversiales, difíciles de resolver, pero inevitables. Estos debates no pueden resolverse simplemente con reglas generales. Aunque éstas sean indispensables, en estos casos la especificidad de cada experiencia adquiere una importancia particular.
Por lo tanto, me quedaré aquí en un nivel de discusión más general, tratando de comprender las dificultades que enfrentan lo que podríamos llamar «sectores progresistas» (sin entrar en mayores discusiones sobre la definición) para presentar una propuesta política que resulte atractiva para los sectores mayoritarios de la sociedad.
Cómo dejar atrás el mundo neoliberal
Y aquí, si me lo permiten, voy a referirme, más que a Argentina, al caso chileno, donde los debates son intensos, en el contexto del 50 aniversario del golpe contra Salvador Allende, que seguiré en Chile a partir del 8 de septiembre.
Sobre el debate constitucional chileno y el resultado del referéndum de septiembre de 2022, publiqué el artículo «El debate constitucional chileno» en la página «A Terra é Redonda«, el 16 de mayo.
En él decía que, mirando 50 años atrás, Chile necesitaba retomar el camino de las reformas interrumpido por la dictadura. Analizando la cuestión más ampliamente, me preguntaba: ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para llevar a cabo reformas que desmantelen el mundo neoliberal? Me parece que ésta es la esencia del desafío.
¿Qué es, para mí, el modelo neoliberal? Es el modelo de un sector voraz y minoritario cuyo objetivo es apropiarse de la mayor parte posible de la riqueza de un país. El principal elemento para lograr este objetivo es la privatización de empresas públicas por parte de grupos empresariales nacionales y extranjeros. En el caso chileno, principalmente el cobre, que Allende había nacionalizado y definido como «el sueldo de Chile». No es difícil encontrar ejemplos similares en Brasil, por ejemplo. Cito los casos de minera Vale, de la Petrobrás o de Eletrobrás. Pero estos son sólo algunos ejemplos.
La destrucción de las organizaciones sindicales y políticas que puedan oponerse a estas medidas es también una tarea permanente del proyecto neoliberal.
Como señaló hace muchos años el destacado dirigente del partido conservador chileno Renovación Nacional, Andrés Allamand, diputado, senador y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Sebastián Piñera, en su libro «La travesía del desierto», lo que Pinochet ofreció a la derecha neoliberal fue la oportunidad de aplicar radicalmente las transformaciones exigidas por el modelo, sin restricciones desde el poder político. «Más de una vez, en el frío penetrante de Chicago, los esforzados estudiantes que soñaban con transformar el rostro de Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿alguien que asuma este proyecto ganará alguna vez la presidencia? Ahora [con el golpe militar] ya no tenían ese problema», dijo Allamand.
Esta frase nos permite introducir otro tema: los derechos humanos. Para mí, está perfectamente claro que la violación de los derechos humanos no fue más que una herramienta para alcanzar los objetivos políticos y económicos de una derecha sin escrúpulos. La principal violación de los derechos humanos fue esta política neoliberal.
Como dijo el sociólogo Felipe Portales en un artículo titulado «Chile: 50 años de neoliberalismo», el modelo de sociedad extremadamente neoliberal impuesto violentamente por la dictadura no fue combatido, sino legitimado, consolidado y profundizado pacíficamente durante los 30 años de «democracia». Es decir, nunca pudimos recuperar el proyecto de Unidad Popular, un proyecto construido sobre la apropiación de los recursos nacionales por parte del Estado y el estímulo a la organización política y social de los sectores populares.
Portales critica el modelo que «concentra la riqueza en grandes grupos económicos fundamentalmente financieros, extractivos y que controlan los sistemas de educación, salud y bienestar, apoyados por el Estado y con sectores populares y medios atomizados y sin poder real».
Si este es el caso, es particularmente importante definir una propuesta progresista que no se limite a lo accesorio: en este caso, los derechos humanos. Una propuesta que no deje de lado, que lo convierta en su principal demanda, el desmantelamiento de los mecanismos que han permitido el asalto al patrimonio público y privado de los chilenos, como el escandaloso caso de las AFP, las «Administradoras de Fondos de Pensiones». No es posible profundizar aquí en este tema, que el economista Marco Kremerman y la Fundación Sol, entre otros, han analizado en detalle.
Lo que quiero destacar aquí, porque creo que esta relación no ha sido tratada adecuadamente, es la importancia que le doy a esta política neoliberal y a los mecanismos de destrucción de las organizaciones políticas y sociales populares. Cualquier análisis de los «derechos humanos» desvinculado de su contexto político sólo sirve para que los latinoamericanos se peleen entre ellos, con Washington mirando, aplaudiendo desde la primera fila del público. Estados Unidos que, como sabemos, no ha ratificado ningún instrumento de derechos humanos, incluida la Convención y la Carta Interamericanas. Derechos humanos que han sido sistemáticamente violados por las sanciones ilegales que Washington ha aplicado contra Cuba durante décadas, condenadas casi unánimemente año tras año en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sanciones impuestas más recientemente a Venezuela, y que Washington aplicó a Chile durante el gobierno de Allende.
Debemos aprender de esta lección, aunque comprendamos perfectamente las dificultades de transformar una visión general en una política práctica que responda a las necesidades de cada caso particular.
En Chile, hace muy poco, Tomás Mosciatti, un comentarista muy popular en la radio Bio-Bio y crítico al gobierno de Boric, recordaba que «el gobierno no ha hecho nada frente a la ofensiva concentración económica que existe en el país», hecho que, a su juicio, «atenta contra el mercado». Boric y compañía -continuó- «no tienen ni idea de quiénes son los más necesitados, quiénes son los más pobres. Por eso, en las dos últimas elecciones, los sectores más desfavorecidos fueron los que votaron contra Boric y su Gobierno».
Ciertamente no es una opinión compartida por todos, y menos aún por el gobierno de Boric. Pero no creo que esté alejada de la realidad, ni que deje de señalar un problema de fondo.
Tampoco creo que Mosciatti esté muy preocupado por los más necesitados, pero no deja de tener razón en su crítica al gobierno de Boric, uno de los principales referentes de la política de defensa de los «derechos humanos» que lo ha colocado junto a los más reaccionarios de América Latina, en ocasión de la cumbre sudamericana de mayo pasado en Brasilia, cuando criticó a Venezuela, sin hacer ninguna referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país.
Creo que puedo resumir esta ya larga presentación con una frase del economista brasileño Paulo Nogueira Batista sobre el gobierno chileno, una frase que ayuda a entender todo este proceso, así como nuestras enormes dificultades para estructurar una alternativa que enfrente el modelo neoliberal: «Boric es la izquierda que le gusta a la derecha». Una vertiente de la izquierda «centrada en la llamada ‘agenda identitaria’, es decir, en cuestiones relacionadas con género, raza y otros aspectos de la identidad, en detrimento de las agendas sociales y laborales».
En mi opinión, esto resume el reto de reconstruir una idea de nación que sólo tendrá futuro si acaba con los mecanismos que destruyen o debilitan toda organización popular, y si recupera los recursos de los que hoy se apropian poderosos sectores minoritarios, base de los mecanismos que alimentan la enorme desigualdad que caracteriza nuestras sociedades.
Una propuesta
Las reglas de organización política para América Latina quedaron establecidas en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2001 en Perú.
Se trata de un documento que consagra los principios liberales, los mismos que han servido de base a prácticamente todas las dictaduras y modelos neoliberales en América Latina, como se desprende del texto del conservador chileno Andrés Allamand.
El primer párrafo de la Carta establece que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los objetivos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa, respetando el principio de no intervención.
Después de este párrafo, lo que sigue son las normas que rigen la intervención en los países que deciden buscar nuevos modelos de organización política, económica y social, sin que se respete, ni siquiera se vuelva a mencionar, el principio de no intervención.
«En el caso de Pinochet, se le atribuyó el milagro de Chile, un exitoso experimento de libre mercado, privatización, desregulación y expansión económica, cuyas semillas de liberalismo se extendieron desde Valparaíso hasta Virginia», escribió el periodista Greg Palast en 2006. Pinochet había muerto dos días antes.
Palast opinaba que Pinochet no había destruido por sí solo la economía chilena. «Fueron necesarios nueve años de duro trabajo de las mentes académicas más brillantes del mundo, un grupo de aprendices de Milton Friedman, los Chicago Boys. Bajo el hechizo de sus teorías, el general abolió el salario mínimo, prohibió los derechos de negociación de los sindicatos, privatizó el sistema de pensiones, suprimió todos los impuestos sobre el patrimonio y la renta de las empresas, redujo el empleo público, privatizó 212 industrias estatales y 66 bancos, y logró el exceso fiscal.»
La relación entre esta política económica liberal y las más crueles violaciones de los derechos humanos queda clara no sólo en el texto citado, sino también en las prácticas habituales de las dictaduras latinoamericanas. Es bien conocido el debate sobre el apoyo de Friedrich Hayek a Pinochet, a quien el filósofo-economista visitó por primera vez cuatro años después del golpe de Estado de 1977.
El economista portugués, excoordinador del Bloque de Izquierda, Fracisco Louçã, lo recordaba también en reciente artículo sobre “La extrema derecha en América Latina”.
“América Latina fue una de las regiones con mayor implicación de las instituciones estadounidenses en la formación neoliberal de las élites; formaba parte de la Guerra Fría”, recordó Louçã. “A principios de los 60, Chile no contaba con más de 120 economistas; en dos décadas, la Universidad de Chicago creó la columna vertebral de una nueva política económica. Arnold Harberger, el académico que lideró este proceso de transformación de la enseñanza y selección de ejecutivos en Chile y América Latina, se jactaba de haber formado a 300 líderes, entre ellos 70 ministros y 15 presidentes de bancos centrales. ‘La buena economía llega a América Latina’ es el modesto título de una de sus publicaciones”.
Probablemente no me equivoco si digo que la inmensa mayoría de los latinoamericanos no ha leído nunca esta Carta Democrática. Menos aún la han estudiado. Es un documento que establece un marco político para el funcionamiento de nuestras sociedades y sanciones para quienes se salgan de ese marco. Aprobada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, en un clima político muy diferente a las exigencias actuales, necesitamos discutir esta Carta liberal y adaptarla a las diferentes necesidades políticas de nuestra región. Necesitamos crear las condiciones para salir de este marco rígido impuesto a la región.
Esta discusión sería una oportunidad extraordinaria para repensar nuestro orden político, para clarificar aspectos fundamentales de ese orden. Podría dar un nuevo impulso a la labor de las fuerzas progresistas, revitalizando el debate político, que hoy carece de perspectivas frescas.
A este respecto, puede ser útil un artículo de Tarso Genro (un exministro de gobiernos anteriores de Lulas, en Brasil), publicado en «A Terra é Redonda» el 25 de agosto, con el título «Para dónde va la socialdemocracia». Se refiere a un programa de Naciones Unidas, «Reconstrucción del Estado de Bienestar en las Américas», lanzado por el PNUD en 1996 y coordinado hoy por Jorge Castañeda, Gaspard Estrada y Carlos Ominami. Conozco poco el trabajo de Estrada, pero estoy seguro de que con Ominami y, sobre todo, con Castañeda, canciller de Vicente Fox, este trabajo no aportará ninguna orientación novedosa, que pueda ser de utilidad para la región. Tampoco veo en las propuestas de Genro la necesaria renovación de este debate.
¿Por qué no dar un empujón a esta puerta y entrar por ella con ideas más frescas?
*Reunión del Observatorio Político de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz de la CNBB
