La detención de la reportera de investigación Arianne Lavrilleux ha generado indignación en Francia, donde han aumentado los ataques a la libertad de informar durante la presidencia de Macron.
El último ejemplo de la deriva liberal de la Francia de Emmanuel Macron. Después de la inquietante detención en abril de un editor francés de izquierdas en Londres, o del intento para ilegalizar al colectivo ecologista Les Soulèvements de la terre, esta semana ha generado indignación en el país vecino el arresto de la periodista de investigación Arianne Lavrilleux. ¿El motivo de ello? Simplemente, haber hecho su trabajo y haber desvelado informaciones de interés público sobre la colaboración militar y armamentística francesa con regímenes autoritarios, como Egipto, Rusia o Arabia Saudita.
Magistrados y agentes de los servicios secretos —normalmente encargados de operaciones antiterroristas— arrestaron el martes por la mañana a esta periodista independiente en su domicilio en Marsella. Estuvo 39 horas retenida en una comisaría, donde la interrogaron. Pese a su liberación el miércoles por la noche, su caso ha sido percibido en muchas redacciones francesas como la gota que ha colmado el vaso de un “retroceso generalizado de la libertad de prensa” en el país vecino.
Arianne Lavrilleux fue detenida el martes por agentes de los servicios secretos y retenida en una comisaría 39 horas, donde la interrogaron.
“Si no protegemos a las fuentes, esto representa el final del periodismo”, afirmó el jueves Lavrilleux en una rueda de prensa en la sede en París de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Además de ella, los servicios secretos franceses también investigan a un ex militar, que podría ser imputado. La detención de esta reportera se debe a una serie de cinco artículos que publicó en el medio de investigación Disclose. En ese diario digital independiente resultan habituales las revelaciones sobre asuntos castrenses y armamentísticos. Tres de sus periodistas ya habían sido interrogados por los servicios secretos en 2019 por haber desvelado informaciones sobre las ventas de armas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes, luego utilizadas en la devastadora guerra de Yemen.
Tres periodistas ya habían sido interrogados por los servicios secretos en 2019 por haber desvelado informaciones sobre las ventas de armas
Utilizar medios antiterroristas para investigar a una periodista
Lavrilleux hizo en Disclose una serie de revelaciones sobre la participación de agentes secretos franceses en la operación militar Sirli en Egipto, sobre la venta de 30 aviones Rafale al régimen egipcio de Abdelfatá al Sisi, de material de guerra francés a Rusia que fue utilizado en la guerra de Ucrania o sobre la comercialización de armas con Arabia Saudita.
En concreto, los servicios secretos la investigan por las informaciones que aportó sobre la colaboración entre los servicios de inteligencia franceses y el ejército egipcio. Aunque oficialmente se trataba de una operación antiterrorista, en realidad era utilizada por el régimen de Sisi para abatir a civiles que trabajaban como contrabandistas. Para demostrar esa exclusiva, ella publicó algunos fragmentos de documentos militares clasificados como secreto de defensa. Y la fiscalía abrió el año pasado una investigación por vulneración del secreto de defensa.
“No podemos hacer cualquier cosa en nombre de la defensa nacional. Y aún más teniendo en cuenta que no estamos en Egipto”, se defendió Lavrilleux. A pesar de que esas investigaciones le valieron una nominación al premio Albert Londres —el galardón periodístico más prestigioso en el país vecino—, ella lamenta ahora que la traten como a una “delincuente”. “Nueve agentes de los servicios de inteligencia y magistrados que normalmente se encargan de investigaciones antiterroristas se presentaron en mi casa”, explicó la reportera, quien también colabora con el diario digital Mediapart, la revista Le Point y las emisoras de radio RTL y RFI. Inspeccionaron su domicilio y le extrajeron todos los datos de su ordenador y teléfonos móviles con programas de cibervigilancia.
“Normalmente, se dedican a evitar atentados. Estos cerebros brillantes fueron movilizados durante meses para perseguir a una periodista, sus fuentes (…). Se trata de una vulneración extrema de la libertad de informar y de la protección de las fuentes periodísticas”, lamentó Lavrilleux.
RSF denunció un “procedimiento excepcional”. “Estas intervenciones suponen una grave vulneración al principio del secreto de las fuentes”, criticó en un comunicado. Organizaciones de periodistas y formaciones de izquierdas convocaron el miércoles concentraciones en apoyo a la periodista detenida. El Partido Socialista denunció que este arresto se produce en “un contexto de retroceso generalizado de la libertad de prensa en Francia”.
“Multiplicación de los ataques” contra la libertad de prensa
La detención de una periodista por haber aportado informaciones de interés público resulta poco habitual en el país vecino, pero sería exagerado presentarla como un hecho aislado. Además del conocido caso de Julian Assange, reprimido con enorme dureza por Estados Unidos y Reino Unido por las revelaciones en 2010 de Wikileaks, hay múltiples ejemplos de lanzadores de alerta condenados a imponentes penas (o amenazados con ellas) por haber desvelado informaciones de calado, desde Chelsea Manning y Edward Snowden hasta el más reciente caso del portugués Rui Pinto, juzgado por el Football Leaks.
Sin embargo, el caso de Lavrilleux ha sido percibido en varias redacciones francesas como la gota que ha colmado el vaso del deterioro de la libertad de información en Francia —un país reputado por la pluralidad y la calidad de sus medios— durante la presidencia de Macron.
“Lejos de ser un episodio aislado, la detención de Arianne Lavrilleux aumenta la interminable lista de vulneraciones a la libertad de la prensa, que no paró de crecer desde 2017”, criticaba esta semana la periodista Ellen Salvi, de Mediapart, que siguió la actualidad presidencial entre 2017 y 2022.
Pese a presentarse como un dirigente “liberal” y que su irrupción en 2017 se vio favorecida por un trato benevolente por la mayor parte de los medios del establishment, la llegada de Macron al Elíseo coincidió con restricciones a los periodistas que siguen la actualidad presidencial y gubernamental. Desde entonces, ha primado la voluntad que la comunicación corporativa se anteponga a la información periodística. Han sido habituales las llamadas de ministros a medios o las denuncias (o amenazas de ello) contra aquellos periodistas que filtraron informaciones delicadas (pero también de menos relevantes); por ejemplo, sobre el caso Benalla.
Justamente por todo el affaire del exguardaespaldas de Macron, la fiscalía inspeccionó la redacción del digital Mediapart, una polémica intervención por la que terminaría siendo condenado el Estado. Y a ello se le suman los numerosos casos de fotoperiodistas y reporteros de imágenes aporreados durante manifestaciones y a los que la policía impidió hacer su trabajo. “Durante los últimos años se multiplicaron los ataques” contra la libertad de prensa, “especialmente durante la presidencia de Macron”, ha denunciado Lavrilleux. A su pesar, ella se ha convertido en un símbolo de esta deriva.
