El gobierno de Gabriel Boric, a través del Ministerio del Interior y Carabineros, decidió empadronar a aquellas organizaciones que deseaban participar «oficialmente» en la marcha tradicional que se realiza en Santiago desde el centro de la ciudad hasta el Cementerio General, en memoria de las y los luchadores sociales caídos durante y luego del golpe de Estado de 1973, justo cuando se cumplen 50 años del crimen político más ominoso en la historia del país andino. Sin embargo, semejante autorización con nombre y apellido no se había hecho jamás, toda vez que la marcha es una expresión popular que conquistó su derecho a existir tras largos años de lucha callejera, represión policial, presos, heridos y muertos por bala de uniformados, desde los años de la tiranía y los primeros de las administraciones civiles.
Naturalmente, hubo una poderosa razón. En un nuevo alarde de populismo mediático sobre terreno, Boric marchó unos minutos en la cabecera de la romería, fuertemente escoltado por la policía con y sin casco y algunos miembros de su gobierno, mientras miles de personas que no se empadronaron, ni nunca se enteraron de semejante procedimiento y exclusión, fueron brutalmente castigadas por las Fuerzas Especiales de Carabineros y sus coches blindados desde el inicio de la caminata, dividiéndola entre los «legales y los ilegales». Seguridad a la carta para los «autorizados» y gases lacrimógenos, palo y agua tóxica para el pueblo sin billete de entrada ni invitación.
De hecho, el día anterior una serie de agrupaciones sociales y políticas denunciaron públicamente que, «A principios de esta semana la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la fuerza represiva policial y algunas organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos, citaron a reunión a diferentes agrupaciones y colectivos para informarles que este año, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe fascista cívico-militar, la marcha popular del día domingo 10 de septiembre hacia el Cementerio General iba a ser cercada por un perímetro policial en la Alameda, ofreciendo credenciales para que puedan ingresar al sector cercado solamente a aquellas colectividades autorizadas, impidiendo el paso a organizaciones populares e individualidades no cooptadas por la institucionalidad», y que «Esta condenable actitud nos retrotrae a las viejas prácticas de levantar un enemigo interno, al cual se debe eliminar por ser peligroso para la estabilidad de la dominación. Esta vez el enemigo interno seremos todas y todos quienes queramos marchar al margen de la institucionalidad y el cerco policial».
Por su parte, el luchador político y social Rafael Agacino, narró desde el Memorial del Detenido Desaparecido y el Ejecutado Político que «a causa de la represión, debimos marchar por rutas interiores para aproximarnos al Cementerio General. En varios puntos, las Fuerzas Especiales intentaron disolvernos. Algunos logramos pasar. Y en la rotonda que antecede al cementerio, vimos un escenario con música de parlantes, pero sin público. Supusimos que se trataba de parte de la actividad oficial del gobierno», y agregó que, «entonces nos enteramos que Boric había salido desde Morandé 80 (un costado de La Moneda) para sacarse fotos con la marcha oficial. O sea, el gobierno hizo un acto protocolar exprés de cortar la cinta y terminar rápidamente. Se trató de un montaje comunicacional de un Boric lleno de cinismo y cuya conducta no guarda ninguna relación con lo que significó la resistencia antidictatorial para el movimiento popular, y luego la lucha durante la transición pactada y autoritaria que tenemos hasta nuestros días».
– ¿Cómo evalúas la marcha?
«Ni siquiera con el gobierno de Patricio Aylwin, ni de Lagos ni de Piñera, la marcha que recuerda el golpe de Estado había sido tan manipulada y cercada. Esta vez tuvimos que soportar a los burócratas de un gobierno que claramente trabaja para los intereses del capital. La lección es nítida: sólo el pueblo ayuda al pueblo, y la tarea es construir sus propias fuerzas para autoemanciparse. No puede confiar en los ‘progresistas’ ni en los ‘capitalistas democráticos’, ni en aquellos políticos y sus cantos de sirena que sólo buscan aprovecharse de la buena fe popular. Ya basta».
Una hora antes de la marcha, la Plataforma Anticapitalista y Popular -un proceso de articulación de personas y grupos de personas en lucha cuya finalidad es colaborar con la unidad de las clases trabajadoras y populares para modificar las adversas relaciones de fuerza que favorecen a la minoría rica contra los derechos de las grandes mayorías-, llevó a cabo una protesta en la embajada de Estados Unidos en Santiago debido al comprobado financiamiento y participación de ese país en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
En la acción, los representantes sociales y políticos dijeron que, «Venimos a acusar a Estados Unidos de intervenir directamente, una y otra vez, como maldición, en los asuntos internos de Chile para beneficio propio y de la minoría rica chilena. Acusamos a Estados Unidos, a su Departamento de Estado, a sus instituciones de inteligencia, a su industria bélica y cultural de la muerte, a sus criminales a pago y a sus millones de dólares, de convertir a nuestro país en un colonia dependiente, empobrecida, condenada a la súper explotación de sus clases trabajadoras y populares, y al saqueo y destrucción sin remedio de la naturaleza».
Sumaron que, «Nos solidarizamos con las clases oprimidas, los afroestadounidenses, latinos y trabajadores pobres de Norteamérica. Nos hermanamos con la humanidad sencilla que usa el Imperio gringo como carne de cañón para imponer sus guerras genocidas contra los pueblos del mundo que luchan por su independencia y que tienen el infortunio de vivir sobre bienes comunes codiciados por el Estado corporativo de Estados Unidos, por sus monopolios económicos y financieros», y que «En el nombre de nuestras luchadoras y luchadores sociales que han caído y van con nosotros; en el nombre de la causa política anticapitalista y antiimperialista que condujo sus vidas y combates; condenamos las políticas supremacistas, coloniales, guerreristas y racistas de una elite internacional despiadada que impone el terrorismo de Estado, la prisión, la tortura y el asesinato en masa sobre el género humano para mantener sus privilegios».
Coordinados en la Plataforma Anticapitalista y Popular, las y los luchadores antiimperialistas dijeron en las puertas de la embajada estadounidense en Chile que, «Por eso el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus mandarines, desde mucho antes del golpe de Estado del 73, y al igual que en otros países de Latinoamérica y el mundo, financió y planificó detalladamente la aparición de bandas fascistas, la propaganda mediática contra los derechos populares, las acciones de sabotaje, la compra de representantes gremiales, de políticos, del alto mando de las Fuerzas Armadas y las policías, del sicariato, del lumpen-empresariado. Estados Unidos no puede tolerar la autodeterminación de los pueblos. Sus intereses inhumanos no se lo permiten.
A 50 años del golpe de Estado en Chile, venimos a acusar a Estados Unidos de financiar y participar en el peor crimen cometido contra nuestro pueblo y su historia: intentar someternos como esclavos.
Cualquier día, los oprimidos establecerán las coordenadas del futuro. Entonces este edificio enemigo y blindado será la prehistoria, un museo del espanto clausurado por orden popular».
Hasta el cierre de esta publicación se desconocía el número de detenidos y heridos en las actividades del 10 de septiembre.
