El nacionalismo, sin el socialismo, sin la reorganización de la sociedad sobre la base de una forma más amplia y desarrollada
que la de la propiedad común que descansa en la estructura social de la antigua Erin, no es más que cobardía nacional.
(James Connolly)
Una constatación que a menudo se olvida y que condiciona las elecciones: La desproporcionalidad del sistema electoral del reino de España
Dice el viejo ideal democrático que una persona, un voto. En el caso del reino de España no es ni mucho menos así. Se denuncia desde hace décadas, pero sigue siendo la normativa legal. A los que han gobernado desde la muerte del dictador, les ha ido bien. Esperar cambios por esta parte parece ingenuo. Así que, en este reino se tienen tres sistemas electorales reales: mayoritario, proporcional e intermedio. Más en concreto, 29 circunscripciones eligen 108 escaños (el mayoritario), 16 circunscripciones eligen 112 escaños (el intermedio) y 7 circunscripciones eligen 130 escaños (el proporcional). Dicho de otra manera, el 21% de la población elige el 31% de los escaños, el 32% de la población elige al 32% de los escaños y el 47% de la población elige el 37% de los escaños, respectivamente. El resultado es conocido: las llamadas provincias que tienen menos habitantes eligen más diputados y diputadas proporcionalmente. Se necesita un 3% para optar a tener representación parlamentaria en una provincia. La regla D’Hondt acentúa el carácter no proporcional del sistema electoral español. Todas las provincias con más de 10 diputados, quedan penalizadas respecto a las que tienen entre 1 y 5 diputados, y todas las provincias tienen al menos 2 garantizados, excepto los restos coloniales de Ceuta y Melilla que tienen 1. Una de las derivaciones más importantes de este sistema desproporcional es que los partidos que consiguen menos del 15% en el conjunto de provincias, pierden en beneficio de los partidos que superan este porcentaje, tradicionalmente el PP y el PSOE. Y antes la UCD, que estuvo a punto de lograr la mayoría absoluta con el 35% de los votos. ¿Una persona, un voto? Ni de lejos.
37.466.432 electores podían votar el pasado 23 de julio, lo que supondría 107.047 electores por diputado o diputada, sin abstención, en un sistema estrictamente proporcional. Con una abstención del 30% las cifras respectivas serían 26.226.502 y 74.933. Nada que ver con lo realmente sucedido. Algunos ejemplos: el PSOE con 331.000 votos menos que el PP tuvo 14 diputados menos, lo que representa para el PP 23.642 votos por diputado de más. Vox, con 20.000 más votos que Sumar, tuvo dos diputados más. Lo que no llega ni a 10.000 por diputado de más. El BNG necesitó 152.327 votos para tener un representante, UPN solamente 51.764. La CUP, con 98.794 no obtuvo ninguno. Solamente son algunos ejemplos de los muchos que se podrían apuntar. En algunos casos las desproporciones son muy grandes y distorsionan de manera notable el ideal de una persona, un voto. La reforma electoral que permitiera si no una proporcionalidad estricta, una mucho menos desproporcionada, está lejos, muy lejos. Es necesaria para que los resultados electorales no queden alterados reiteradamente.
De las elecciones del 23 de julio a la Diada nacional catalana
Después de los resultados del 23 de julio solamente hay dos posibilidades, una vez descartados todos los intentos fracasados antes de empezar del candidato de la derecha extrema y de la filofranquista: o Sánchez gana la investidura con los votos de ERC y Junts, o nuevas elecciones. Si la repetición de elecciones es considerada casi por unanimidad por parte de toda la variopinta izquierda un mal a evitar, queda la discusión en Cataluña de los partidarios de no darle el voto al PSOE si no se atiene a la amnistía y el referéndum por la autodeterminación, o si se ha de ser menos exigente y priorizar que no pueda gobernar el PP y Vox. Más que otros factores a tener en cuenta para la posibilidad legal de hacer realidad a medio plazo (no digamos a corto) las por otra parte reivindicaciones democráticas de amnistía y autodeterminación, como la evidente realidad de la mayoritaria base españolista del PSOE, como la debilidad organizativa y programática de Sumar, más que estos factores, decía, y de otros que a buen seguro pueden y deben añadirse, el factor más relevante para no equivocarse o no hacerlo en alto grado es acertar en la fase política y económica que estamos.
La económica. Las empresas aumentan espectacularmente los beneficios. Con datos oficiales, los beneficios en 2021 fueron de 276.315 millones, en el 2022 de 322.662 y, al ritmo del primer semestre de 2023, podrían ser de más de 400.000 millones este año. La banca ha ganado desde 2018 164.000 millones mientras ha despedido a casi 40.000 trabajadores y trabajadoras. En paralelo, los superricos, personas que poseen patrimonios superiores a los seis millones de euros, siguieron aumentando: ahora son 9.200 personas en el reino de España, el 0,019% de la población. Ni mucho menos el “famoso” 1%. En 2019 eran 7.900. Nada en desacuerdo con la tendencia mundial: El 1,2 % de los adultos posee el 47,8 % de la riqueza mundial, mientras que el 53,2 % tiene solo el 1,1 %. Todo ello en pleno período de inflación,[1] lo que constata una vez más que las empresas y los superricos pueden obtener beneficio substancioso de la misma a costa de la inmensa mayoría de la población o, como le gusta llamarlo a determinada literatura, la mayoría de consumidores. La población asalariada, es decir, la mayoría de la población, está perdiendo poder adquisitivo de forma constatable, mientras que los beneficios de las empresas aumentan de forma espectacular. La de los ricachones también. Es uno de las consecuencias de las medidas económicas “contra la inflación”. La mejor alternativa de gobierno de la patronal española es PP-Vox, y eso que no le ha ido nada mal en los últimos años. Pero si leemos sus programas, lo que proponen deja pálida la realidad actual que ya es tan poco atractiva para una gran parte de la población. Como se asegura en un artículo de esta misma entrega, la propuesta puede muy bien calificarse de España, S.A.
La fase política es de ofensiva reaccionaria en distintas partes de la Unión Europea. En el caso del reino de España, las elecciones del 23 de julio podían haber sido la continuidad de Italia, Hungría, Polonia… pero se resistió. Por muy poco, pero se resistió. Fue Yayo Herrero que calificó de “barricada de emergencia” el resultado de estas elecciones. Después de las grandes movilizaciones del 15M y de las más largas aún de Cataluña por el derecho a la autodeterminación que culminan con el referéndum del 1 de octubre y la huelga general del 3 de octubre de 2017, y después también del éxito del municipalismo a la izquierda del PSOE en algunas grandes ciudades en las elecciones de 2015, vino la desmovilización y la ofensiva reaccionaria. Antifascismo de resistencia es cómo debe interpretarse el voto de Cataluña, el de Euskadi y el de una buena parte del electorado del resto del Estado el pasado 23 de julio.
Las próximas elecciones europeas serán en junio de 2024. Y antes las habrá en Baviera, Polonia y Países Bajos. La Unión Europea mira al reino de España y el reino de España mira a la Unión Europea. A ver qué pueden sacar las derechas y las izquierdas de ambas partes.
Dentro de un panorama económico y político tan rápidamente descrito, siguen las negociaciones del PSOE y Sumar con ERC y Junts para la posible reelección del actual presidente del gobierno español. La Diada tenía lugar en plena negociación. ¿Qué ha representado la Diada de 2023? Nada especial. Han salido muchos miles de personas a manifestarse. No ha sido la movilización comparable a las grandes que hubo antes de 2017, pero no puede hablarse en ningún caso de “fracaso” o de “pinchazo”, como ha calificado la extrema derecha mediática la jornada de este 2023. El 1 de octubre de 2017 sigue estando muy presente en la sociedad catalana, aunque la situación sea muy diferente a la de hace 6 años. En un artículo de hace un año sobre la Diada de 2022, que coincidió con el duelo oficial de la comunidad autónoma de Madrid por la muerte de la monarca inglesa, se apuntaba:
Se han visto o escuchado cosas a lo largo de los últimos meses y años que superan la imaginación más desbocada: autoproclamados republicanos que gritan “¡viva el rey!” (sí, el actual Borbón); izquierdistas que solamente han visto en las movilizaciones de Cataluña “ideología pequeñoburguesa” (cuando no directamente burguesa); escribidores que han identificado una y mil veces las manifestaciones más excluyentes del nacionalismo catalán con todo el nacionalismo catalán y sus distintas ramas (y fuera claro está de su horizonte intelectual la evidencia de que defender el derecho a la autodeterminación y a la independencia no es algo exclusivo de los nacionalismos de cualquier tipo; se pude defender por razones exclusivamente democráticas) y, por acabar en algún sitio, intelectuales o académicos que han detectado “virus nacionalista” en Cataluña que habría colonizado mentes catalanas otrora brillantes (porque evidentemente, llegados a estos niveles de inteligencia, el virus nacionalista es catalán o vasco y hasta gallego, pero jamás español).
Vistas las reseñas de la prensa sobre la manifestación de la Diada del lunes pasado, nada más que añadir. Leídos y releídos artículos españoles, y con algunas excepciones que son realmente heroicas, nada ha cambiado. Con una notable excepción: lo que antes de las elecciones del 23 de julio pasado era considerado “imposible” (legal, política, o socialmente) ahora parece… no tan imposible. La hemeroteca es terrible. Antes de las elecciones, para el PSOE, el fin de la represión contra el independentismo catalán, no digamos ya la amnistía, era imposible, indeseable e ilegal; ahora se trata de algo perfectamente negociable. Antes de las elecciones, para el PSOE, hablar de autodeterminación era considerado “imposible” (legal, política, o socialmente) ahora parece… que se le puede dar la vuelta y aunque no con esta terrorífica palabra se puede al menos hablar de “consultas” y “encajes constitucionales”. Con la Constitución son compatibles más cosas de lo que acostumbra a admitir el mainstream constitucionalista español.[2] Amnistía y autodeterminación, las reivindicaciones que comparten partidos, asociaciones y ciudadanía independentistas y soberanistas catalanas, de forma mayoritaria,[3] son las bestias negras de la derecha y, no hace falta decirlo, de la extrema derecha española. Aznar ha hablado de “destrucción” y Ayuso ha aprovechado para decir que la amnistía es una “humillación” y puestos a rematar que “Cataluña no es una nación”. “Cabalgando algo llamado la ‘unidad de España’ que cada vez más suena a ‘la tierra es plana’”. Pero no solo se trata de estos ultraderechistas que convocan movilizaciones institucionales y en la calle para “plantar cara” contra la amnistía. Dentro del PSOE y de Sumar, también hay resistencias a la amnistía y a la autodeterminación. O a una de las dos. Las presiones dentro del PSOE -y no solamente de los Guerra, García-Page, Lambán, González, Almunia…-, contra la amnistía y no digamos contra algo que vagamente recuerde al ejercicio democrático de la autodeterminación[4] son grandes y serán mucho mayores a medida que pasen las semanas. Que en Cataluña la amnistía sea defendida por el 60% del Parlament (ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem) es un dato que al menos todo demócrata español debería apuntar. Dejando al margen al PSC que veremos qué hace finalmente, en contra solamente está la derecha extrema y la filofranquista: el 15%.
¿Elecciones en enero?
Las negociaciones que seguirán realizándose las próximas semanas tendrán presiones de todos los lados. Además de la extrema derecha y la derecha, los aparatos judiciales y armados (entre militares y policías Vox es su partido preferido de largo) y la poderosa iglesia católica, que sigue siendo poderosa porque ningún gobierno de más o menos izquierdas lo ha intentado siquiera impedir, serán los más contrarios. Y el mediático, por supuesto. El judicial se hará notar generosamente como lo viene haciendo con su particular lawfare contra el independentismo catalán. El mediático inundará cada día de soflamas contrarias a cualquier “concesión” a delincuentes y prófugos de la justicia, como su imaginación cataloga a represaliados y exiliados políticos. La parte catalana tendrá presiones de los sectores no ya intransigentes sino mágicos del independentismo. Se oirán acusaciones de traidores, vendepatrias y blandos desde los dos bandos. Pensar que de una negociación de estas características un bando puede obtenerlo todo no es muy racional. En la parte catalana además la situación en la calle no es la de octubre de 2017 y los años anteriores. De no haberse dado los resultados electorales tan ajustados el pasado mes de julio, la amnistía no sería ni remotamente contemplada por el PSOE. Esta evidencia no creo que nadie la ponga en duda, pero una cosa es constatarla y la otra pensar que la única guía válida ante esta situación es aprovecharla siendo lo más maximalista posible. Sería un craso error. Lo dicho: lo peor es equivocarse de la fase política en que estamos, que no es la de 2017. De ahí que algún veterano periodista político haya incidido en lo que Carles Puigdemont dijo en el discurso en que ponía sus condiciones de negociación: “Esta negociación no puede ser un apaño para desbloquear la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Esa negociación ha de ser un compromiso histórico”. Las dos últimas palabras tienen una resonancia que no escapará a las personas conocedoras de la propuesta de Enrico Berlinguer, secretario general del PCI, hace 50 años. Y compromiso histórico significaba alguna importante renuncia programática que hasta entonces era defendida. No se trata de forzar los paralelismos, tampoco de desdeñarlos.
¿Hasta dónde se podrá llegar en las negociaciones? Aventurarse a si se llega incluso a alguna parte es muy arriesgado. Hay quien apuesta de forma convincente por unas elecciones en enero. No porque sea su preferencia, sino porque no ve posibilidades de un acuerdo compartido por ambas partes para la investidura a pocas semanas vista. Las izquierdas catalanas, vascas, gallegas y españolas tienen una ardua tarea por delante. Se apuntaba en un reciente artículo de Sin Permiso: “No es una cuestión nueva en las izquierdas el cómo desarrollar una política defensiva que al mismo tiempo cambie a su favor la correlación y la acumulación de fuerzas”. Y este cambio a su favor de fuerzas, solamente podrá darse si la llamada cuestión social va de la mano de la llamada cuestión nacional. En un Estado como el español, por historia y realidad actual, las izquierdas que las desconecten serán barridas. O no servirán de gran cosa.
Notas:
[1] El BCE el 14 de septiembre acaba de volver a subir los tipos del 4,25 al 4,5%. Y ancha es Castilla. La explicación monetarista de la inflación, la que impera, con sus recetas de subida de los tipos de interés para reducir la inflación, es errónea teóricamente además de perjudicial prácticamente para gran parte de la población, especialmente la no rica, que sigue enriqueciéndose. Michael Roberts lo ha explicado detalladamente en distintos artículos de Sin Permiso.
[2] Por ejemplo, como se recordaba en un artículo de Sin Permiso: “La convocatoria por parte del Congreso de un ‘referéndum consultivo’ de autodeterminación en Cataluña (art. 92.2); la transferencia a las instituciones autonómicas catalanas la competencia para convocarlo (al amparo del artículo 150.2) o la convocatoria por parte del Parlament de Catalunya de una consulta no vinculante”.
[3] Escribía recientemente David Fernández: “En octubre de 2017, un 43% del censo electoral catalán desobedecía inédita y pacíficamente al Estado –y una semana antes una encuesta de Metroscopia para El País recordaba que el 82% de la sociedad catalana –compleja, contradictoria y plural– estaba a favor de un referéndum pactado. En febrero de 2021, anteayer, el independentismo superaba el 50% del voto en las elecciones catalanas. En el último CEO del pasado abril, un 77% persistía mostrándose a favor del referéndum como mecanismo resolutivo democrático. Y del mapa de las últimas municipales, hace sólo dos meses, hay otro dato resultante: el independentismo suma el 66,5% de todos los concejales y concejalas de Catalunya. Cerca de 800 municipios, más del 80%, están gobernados hoy por el soberanismo. Mientras PP, Vox y C’s, conjuntamente, concentran sólo el 3,6% de los concejales.”
[4] Y no solamente de este derecho en Cataluña y Euskadi y Galicia. También que el pueblo español decida democráticamente si quiere una monarquía o una república es algo no ya tabú para la derecha y la extrema derecha, sino para el PSOE. Extrema derecha, derecha extrema y PSOE son rabiosamente monárquicos. En esto no hay fisuras que merezcan el nombre de tal.
