Documento de la 8ª Marcha Nacional contra al Gatillo Fácil
Nuevamente tomamos las calles llevando adelante esta jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza y repudia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, y familiares, aquí nos encontramos para unificar el grito de bronca, amor y resistencia.
La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta esta iniciativa de los familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión estatal, marcha que se replica en distintos lugares de nuestro país.
La situación de impunidad se profundiza año a año. Ningún gobierno, aun el que se llama a sí mismo “progresista” ha terminado con la política de aplicar pena de muerte, es decir gatillo fácil.
Denunciamos no sólo a los policías, prefectos, gendarmes, funcionarios o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen, sino al Estado en su conjunto, del que forman parte esencial.
El estado es también responsable por las muertes en contextos de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminación, racismo y selectividad, que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente. Estos grupos no tienen celdas vip ni gozan de beneficios.
Las muertes en comisarías e instituciones penales se disfrazan como “suicidios” o “accidentes” que todas las familias denuncian.
La mayoría de personas privadas de su libertad son jóvenes, son pobres, y en general están acusadas por delitos menores contra la propiedad o por infracción a la ley de drogas. Muy pocos presos son funcionarios públicos, policías, grandes empresarios o capos de la droga. Para muchos de nuestros pibes y pibas, se va cerrando el círculo que combina violencia institucional (discriminación, falta de escucha, ninguneo, programas insuficientes en salud, educación, trabajo) con represión estatal (persecuciones, hostigamientos, asesinatos). Ese círculo lleva a menudo, a la muerte.
Comparando cifras del Ministerio de Seguridad de Nación, vemos la hipocresía del supuesto combate al narcotráfico: por año se abren cerca de 100 000 causas por infracción a la ley de estupefacientes, pero contrastan con las menos de 400 causas por delitos contra el orden económico y financiero, por lavado de dinero. Aumenta la cantidad de jóvenes detenidxs pero son mínimas las causas que buscan conocer la famosa y aparentemente inexplicable “ruta del dinero”.
Es común que a familiares y amigos/as, además de condenarnos a investigar por nuestra cuenta, se nos ningunee y hasta amenace. Así ocurrió con la familia de Facundo Ferreira, el niño de 12 años baleado en la cabeza en Tucumán en 2018. Durante todo el proceso judicial los familiares fueron hostigados. En el primer juicio hubo una condena mayor a los responsables, pero luego lxs familiares tuvieron que pasar por un segundo juicio, volviendo sobre el hecho una y otra vez; en este segundo juicio, las penas impuestas fueron menores.
En otros casos, como el del asesinato de Gabriel Gusman en Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal decidió archivar la causa y nunca imputó a los policías que iban a bordo del móvil y persiguieron a Gabriel por todo el barrio. La familia ha logrado que su querella pueda impulsar la acción penal a pesar del rol cómplice jugado por la Fiscalía, y los fiscales fueron apartados de la investigación. Estos fiscales ignoraron todas las convenciones internacionales de derechos humanos.
Foto Campaña internacional ERAN NIÑAS. Aparición con vida de Lichita y Libertad a Laura Villalba
El mensaje de mano dura ha recrudecido en los días previos y posteriores a las PASO, asociado siempre a los pibes de los barrios. No se plantea ninguna lucha contra el robo masivo a nuestro pueblo que producen las grandes empresas, las zonas liberadas donde operan redes de trata y corrupción.
Si escuchamos a los medios masivos, pareciera que los males del país fueran culpa de los pibes de gorrita de los barrios.
Por cada condena que le arrancamos a un poder judicial lento, negligente y hasta cómplice, hay cientos de casos que no llegan a juicios, pérdidas sospechosas de pruebas que benefician a los asesinos, o donde hay condenas ridículas frente a la gravedad de la muerte de nuestros pibes y pibas.
Por esto saludamos las condenas por la Masacre de Monte, y por Lucas González; en este último se señala el odio racial de las fuerzas represivas, que está presente en centenares de casos.
Sin embargo, estos castigos a las fuerzas son totalmente excepcionales: lo que abunda es la impunidad. Esa impunidad se ha manifestado entre otros muchos casos, en los de Carlos Bocacha Orellano y Franco Casco en Rosario. A su vez, el juez de Rawson, Gustavo Lleral, sobreseyó absolutamente a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por desaparición y muerte de Santiago Maldonado ocurrida en 2017, durante una represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen.
Recientemente se desarrolló en Mar del Plata el juicio contra Pedro Arcangel Bogado, policía asesino de Brandon Romero, un juicio al que se llegó, como siempre, por la lucha de fliares y amigxs. En este juicio, plagado de violencia institucional contra lxs familiares, el asesino, que nunca fue separado de la fuerza policial, fue declarado “no culpable”.
Disfrazado de “más democrático”, el Juicio por Jurados que favoreció al policía, es en realidad muy peligroso, en una sociedad bombardeada por mensajes contra los pibes, desde el estado y los medios masivos de comunicación.
En el juicio por jurados, no se nos permite conocer la cantidad de votos que llevaron a la decisión de no culpable. Y tampoco la acusación tiene la posibilidad de apelar la decisión. El fiscal, cómplice de impunidad, no solamente no acusó, sino que además se ofreció como testigo de la defensa del policía (cosa que no prosperó).
El acusado además de tirar contra Brandon, luego lo fusiló estando en el suelo, y en sus mensajes al 911 admitió “le disparé y no se mueve, debo haberlo matado”.
Cada vez que nombramos el caso de un pibe, lamentablemente no es aislado, sino que es una muestra de lo que ocurre a lo largo y ancho del país.
Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad con un sistema injusto. En este sistema el peor crimen es la desigualdad social, que se profundiza.
Cuanto más hambre y pobreza, cuanto más ajuste, habrá también mayores estallidos, mayor indignación, y por tanto mayor represión.
Campaña internacional ERAN NIÑAS. Aparición con vida de Lichita y Libertad a Laura Villalba
Hace pocos días, y con la excusa de los saqueos, el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció que se conformará un Comando Unificado de las cuatro fuerzas federales (Policía, Prefectura, Gendarmería y PSA).
Y tanto Berni como Bullrich, de dos fuerzas políticas supuestamente enfrentadas, vuelven sobre la necesidad de “mano dura” y defienden la baja de edad de imputabilidad y el uso de pistolas taser.
Las fuerzas represivas de la Ciudad de Buenos Aires asesinaron hace unos días a Facundo Molares durante una manifestación. Su ensañamiento y cobardía fue filmado y desmiente la vergonzosa versión policial.
Distintas formas de matar se van sumando a las más conocidas: desde hace un tiempo vemos patrulleros que se tiran encima de los pibes, los acorralan, los atropellan, les pasan por encima y los matan. Seguramente es para no ser calificados como “gatillo fácil” a la hora de juzgarlos o para tratar de que aparezcan como “accidentes”. Pero ya lo sabemos: es accionar represivo de las fuerzas del estado.
En este mes de agosto, ha comenzado el juicio por la muerte de Rafael Nahuel, asesinado por Gendarmería, que se desarrolla lejos de donde ocurrió el hecho, como para no facilitar la participación de la familia. El papá de Rafael les exigió a los acusados –beneficiados por la posibilidad de declarar por zoom- que dieran la cara. Como no tienen de qué disfrazarse para explicar las 130 balas que salieron de sus armas, han inventado, sin prueba alguna, que a Rafael lo pudieron haber matado sus propios compañeros.
Como el accionar represivo no tiene fronteras, sigue presa en Paraguay Laura Villalba. Laura es mamá de una de las niñas asesinadas en Paraguay en 2020, y tía de Liliam Mariana, la otra niña asesinada y de Lichita, desaparecida por el estado. El ensañamiento con la familia Villalba llega a la perversidad de acusar a Laura de “violación del deber de cuidado y violencia familiar”. Mientras espera el juicio, debemos denunciar una y otra vez sus condiciones de detención: aislada 23 horas al día, impedida de ver a sus hijxs, vigilada por cámaras. Libertad a Laura Villalba! Investigación del crimen de las niñas!
En esta lucha desigual estamos, en esta lucha desigual nos encontramos, en esta lucha nos hacemos visibles.
También el Malón de la Paz que actualmente se encuentra en Buenos Aires, intenta visibilizar el círculo de injusticias a que se ve sometido el pueblo jujeño. Los poderes muestran con total descaro su indiferencia frente a delitos de lesa humanidad, racismo y maltrato extremo. Decimos con ellxs: Abajo la reforma! Arriba las whipalas!
Lxs familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha. Que es contra la impunidad de ayer y de hoy. Que no distingue víctimas de primera o de segunda, para nosotrxs todxs lxs pibes y pibas son iguales.
Seguimos buscando formas de denunciar y organizarnos, y ofrecemos un espacio de lucha a otrxs familiares que quieran sumarse. Porque luchamos por las sentencias, pero sobre todo por la conciencia, gritamos:
NO a la baja de edad de imputabilidad. No a los discursos que criminalizan a nuestros pibes y pibas
NI UNA MENOS en las cárceles también
BASTA de redes de trata
BASTA de persecución y estigmatización a las personas lesbianas, gays, travestis, trans, y a todas las diversidades sexuales. Basta de feminicidios y travesticidios!
BASTA de torturas y muertes en lugares de detención
BASTA de desapariciones forzadas
BASTA de detenciones arbitrarias y causas armadas
Basta de Gatillo FácilNI UN PIBE MENOS
NI UNA PIBA MENOS
NI UNA BALA MÁS
EL ESTADO ES RESPONSABLE
