Pueblo garífuna reclama por sus jóvenes desaparecidos
El 18 de julio pasado se cumplieron tres años de la desaparición forzada de cuatro jóvenes activistas garífunas, miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y defensores de los territorios ancestrales, que están siendo amenazados y usurpados por proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales y turísticos.
Los jóvenes fueron secuestrados por hombres fuertemente armados vistiendo uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones, que irrumpieron en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz.
Alberth Sneider Centeno es presidente del patronato. Junto a Milton Martínez Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Róchez Cálix integran el Comité de Defensa de las Tierras de Triunfo de la Cruz.
Durante todo este tiempo, la Ofraneh ha venido denunciando la inercia, el secretismo y la falta de independencia de las autoridades públicas y judiciales, así como el veto puesto al Comité garífuna de investigación y búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz (Sunla)[1].
Políticas de exterminio
Según la Ofraneh, la desaparición forzada de los jóvenes se enmarca en una ola de ataques sistemáticos al pueblo garífuna, que están relacionado con el expolio de territorios ancestrales a manos del gran capital nacional y transnacional, y con la lucha comunitaria de resistencia al extractivismo.
Una verdadera política de terror y exterminio que no parece detenerse a pesar del cambio de autoridades a nivel nacional.
Durante un foro realizado en la capital por la Ofraneh y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH), Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, exigió aparición con vida, verdad y justicia para los jóvenes desaparecidos[2].
“El 18 de julio de hace tres años nos arrancaron el corazón, no solamente porque se llevaron a nuestros compañeros y los desaparecieron, sino también porque en Triunfo de la Cruz implantaron el terror”, dijo la lideresa garífuna.
“La mafia que controla este país y su estructura criminal no han desaparecido. Cada día son más poderosas y han puesto sus ojos en nuestros territorios”, añadió Miranda.
La coordinadora de la Ofraneh aseguró que detrás de tantos ataques, de tanta violencia, de tanto silencio e inercia institucional está la voluntad de sacar al pueblo garífuna de sus tierras.
“Quieren sacarnos porque estorbamos para sus proyectos. Nos están judicializando, criminalizando, diezmando. Sin embargo, vamos a seguir resistiendo y luchando, porque este es nuestro destino”, expresó.
De acuerdo con una investigación de la RNDDH, del 2020 hasta la fecha en Honduras se han registrado 3.205 agresiones a mujeres defensoras, 802 de ellas fueron perpetradas contra miembros de la Ofraneh, es decir el 25 por ciento del total.
Derechos ancestrales violados
Durante la actividad fue presentado el borrador de una propuesta de decreto ejecutivo presidencial, que prevé la creación de una comisión interinstitucional que agilice el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2015.
En dicha sentencia, los jueces internacionales ordenaron al Estado de Honduras respetar el derecho ancestral del pueblo garífuna sobre sus territorios, demarcando las tierras de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Buena parte de estas tierras han sido usurpadas por empresarios y grupos de poder para desarrollar proyectos turísticos, expandir el cultivo de palma africana y para la construcción de viviendas privadas o con fines turísticos.
“Cuando estás luchando por lo que históricamente es tuyo te consideran delincuente. El pueblo garífuna está aquí desde antes de que Honduras fuera República. Tenemos derechos y los vamos a defender”, concluyó Miranda.
[1] http://www.rel-uita.org/
