A solo dos semanas para la realización de la Consulta Popular y las elecciones nacionales anticipadas, Ecuador vivió la semana anterior, una nueva escalada de la  violencia criminal, protagonizada por bandas vinculadas al narcotráfico y la extorsión, en momentos que la credibilidad del Gobierno neo liberal saliente desciende bajo del 10%.

La población, temerosa e impotente, se alimenta con la intriga y alarma de los grandes medios sobre  atentados con explosivos, masacres carcelarias, asesinatos selectivos de políticos locales, tiroteos y vehículos incendiados, acontecimientos ocurridos en las principales ciudades de la región costera del país.

La conflictividad bélica afecta de  manera creciente a la población civil no involucrada con el crimen organizado, destaca el coordinador del Programa “Orden, conflicto y violencia” de la Universidad Central del Ecuador, puesto que de las 3578 muertes violentas ocurridas en el primer semestre de 2023 el 79% no tenía antecedentes penales.

La respuesta tardía del Gobierno ha sido recurrir, por sexta ocasión en el último año, a la declaración del “Estado de excepción”, aplicado en este caso en las provincias costeras de Manabí y Los Ríos  y el  cantón  Durán en la provincia del Guayas. El decreto # 824, del pasado 24 de julio, sustentado en  la Ley de Seguridad Pública y del Estado, autoriza a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos, (…) suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio (…), suspender el derecho a la libertad de tránsito, (…) disponer requisiciones (…),  y hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control del orden público, protección interna y seguridad”.

«Los estados de excepción solo buscan mayor militarización y presencia policial en las calles, sin abordar realmente los temas de fondo, es decir, el creciente narcotráfico, la corrupción, la cooptación de militares, policías y funcionarios por parte del crimen organizado”, señaló en 2022 a Deutsche Welle (DW)  la ex subsecretaria General de Inteligencia de Ecuador, Carolina Andrade.

La política de destrucción del Estado, por parte de las políticas neoliberales, aplicadas en los últimos años en el país, se manifiestan en la inacción y permisividad del Gobierno que, según analistas, “podría interpretarse como una complicidad sospechosa”, alimentada por una política de “paz mafiosa” y de “autoregulación de la violencia criminal”.

Creciente conflictividad, limitación de libertades y derechos y aumento de la pobreza alimentan las condiciones para opciones autoritarias, en momentos que la población ha sido consultada democráticamente para optar por la continuación o no de un modelo económico extractivista y ha sido convocada a elegir políticas de bienestar con inversión social, en sustitución de la acumulación indiscriminada de las élites, con el control punitivo de la Fuerza Pública y  la amenaza de la “gobernanza criminal”.