La corrupción se hace espesa en la política chilena. Bajo el rótulo periodístico “caso convenios” se ha descubierto ahora una larga lista de onerosas transferencias de recursos fiscales a una extensa nómina de fundaciones “sin fines de lucro” y referentes privados que supuestamente debían ejecutar obras en beneficio de las poblaciones más pobres del país. Esto es la construcción de viviendas, reparación de otras, así como diversas obras de alumbrado público, jardines y plazas a lo largo de todo el país.
Se trata de miles de millones de pesos otorgados discrecionalmente por las gobernaciones regionales que han llegado a militantes de partidos oficialistas y operadores políticos que no han cumplido con los convenios firmados con el Estado, ni rendidas las cuentas pertinentes. Por todo lo cual existen presunciones fundadas en cuanto a que estos recursos han sido destinados al financiamiento de los partidos políticos como al enriquecimiento personal de decenas de personas apegadas a las ubres del Estado.
El escándalo es tal conmoción pública que la propia Moneda ha debido reconocer que hay desfalcos al erario público, malversaciones, cohecho, estafas y un conjunto de delitos, por los cuales la Fiscalía Nacional, la Contraloría General de la República y las policías iniciaron la investigación de cientos de sus agentes para develar lo que ya parece obvio para el país: la organización de todo un nuevo sistema destinado a defraudar al fisco, en una operación que esta vez no se trata de las prácticas más habituales, como las consabidas evasiones y elusiones tributarias, sobresueldos, asignaciones especiales y otros que en el pasado han comprometido la honra de las propias Fuerzas Armadas, han destapado múltiples casos de nepotismo y sobornos a parlamentarios, alcaldes y otros “servidores públicos”, desde el alto mundo empresarial.
La madeja de este caso recién se desenrolla y ya hay múltiples detenidos y formalizados por la Justicia en que ya no solo se descubren las asignaciones ilícitas sino otros delitos como el robo de decenas de computadores desde diversas reparticiones públicas, amenazas de muerte en la que funcionarios públicos a través de comunicaciones telefónicas aluden, incluso, a la posibilidad de recurrir a mercenarios colombianos para acallar las voces de quienes prefieren autodenunciarse, declarar ante los agentes judiciales y policiales, para así evitar las severas condenas que debieran deducirse del que es, sin duda, el más grave caso de corrupción de toda la posdictadura. Con el agravante de que esta vez se asaltaron los fondos destinados a los chilenos más pobres e indigentes, seguramente con la complicidad de altas autoridades públicas y jefes de partidos. Tanto que todo estalla al descubrirse que los primeros manejos turbios de la Fundación Democracia Viva eran de conocimiento al menos de una diputada y un senador de novel partido Revolución Democrática, colectividad fundada por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien hasta unos meses atrás se ufanaba de la “superioridad moral” que hoy tenían los nuevos gobernantes en comparación a sus antecesores de la derecha, la Concertación y la Nueva Mayoría.
Por supuesto serán los Tribunales los que en definitiva esclarezcan los hechos y condenen a los culpables, pero de lo que muy pocos dudan es que este secretario de estado es sindicado con una alta responsabilidad política respecto de lo acontecido, lo que ha llevado a la oposición a una acusación constitucional para destituirlo después de sus reiteradas peticiones al Presidente Boric para que lo destituya del cargo y que también lo haga con el Ministro de la Vivienda y Urbanismo, entidad bajo la cual se realizaron estos convenios, se asignaron los dineros y no se efectuaron las supervisiones necesarias en todo el territorio nacional. Finalmente, ha sido el propio Jackson el que, a finales de semana, le ha presentado su renuncia indeclinable al Presidente de la República.
Sorprende, en este sentido, la forma en que se traspasaron millones de pesos en pocos días a personas que simplemente no dieron curso a las obras comprometidas con las distintas poblaciones y llegaron a comprar lencería y otros bienes suntuarios seguramente con el ánimo de revenderlos y sacarle más dividendos para sus propios bolsillos, cuanto para pagar el silencio de los funcionarios públicos que observaron estos turbios manejos e incumplimientos.
Aunque el presidente Boric promete con insistencia que debe “caer quien caiga” en estos desfalcos, lo cierto es que se ha demostrado muy renuente, a propósito de este escándalo, a realizar un cambio de gabinete ministerial y ejecutar otras remociones de altos funcionarios públicos para asumir que en todo esto hay, al menos, responsabilidades políticas que ya no se pueden eludir. Ello explica que, según las encuestas, esté tan deteriorada su popularidad, como también que la falta de probidad haya escalado como preocupación nacional a los niveles que hoy existen respecto de la inseguridad ciudadana y las acciones del narcotráfico.
Vox populi en Chile dice que sería la profunda amistad con Giorgio Jackson lo que explicó retenerlo más allá de lo razonable en su gabinete ministerial, afectando con ello su propia imagen y credibilidad. En nuestro histórico prontuario nacional de corrupciones se anota que los presidentes involucrados en ellos han preferido siempre hacer estallar como fusibles a sus ministros antes que asumir su responsabilidad. Lo que explica que nuestro país es uno de los que demuestra mayor impunidad respecto de sus ex mandatarios. Entre los que ha habido francos asesinos y ladrones a los que posteriormente se les erigen estatuas y se les dedican elogiosas líneas en los libros de historia. En el recuerdo más reciente, por ejemplo, los casos MOP-GATE y Caval que comprometieron a cercanos colaboradores de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, pero nunca alcanzaron a quienes los designaron en sus altos cargos.
Algunos observadores interpretan la renuencia de Boric a sacudirse de sus colaboradores ímprobos como una niñería o tozudez para no condescender con la Oposición y con los que dentro del propio oficialismo han llegado a declarar que les da “vergüenza” ser parte del actual gobierno. Lo que está claro, en todo caso, es que se le hará ya muy difícil al Jefe de Estado implementar su programa de gobierno con una hipócrita y vociferante oposición envalentonada y que le saca lustre a sus posiciones con estos casos de corrupción. A lo que debemos sumar, además, el desencanto de esos millones de chilenos que lo eligieron, aunque fuera solamente para evitar el triunfo de un candidato de extrema derecha.
