Las montañas más bellas que conocí en América Latina son las del noroeste argentino. Es un paisaje teñido de las voces de Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa, con su agreste y monumental geografía de las letras de sus canciones, donde los colores reales de los cerros superan la capacidad de cualquier photoshop para guías turísticas. El colorido de la tierra andina no es un adorno para los soñadores contemplativos (aunque también eso), sino signo de la enorme riqueza mineral de un territorio donde sigue habiendo mucha pobreza, sobre todo entre los pueblos que fueron los primeros en habitar estos hermosos parajes. Hierro, plomo, plata, zinc, cobre y oro son algunos de sus tesoros que, incluyendo el litio de sus salares, convierten a estas tierras en una presa extremadamente atractiva para la gran minería internacional, que reparte corrupción, promesas, desastres climáticos y miseria a una escala global.
La provincia de Jujuy, la más norteña y la más indígena del país, ahora está en guerra. Una guerra del gobierno de esta provincia contra los pobres. Argentina es un Estado federal y los gobernadores en su política local tienen un alto nivel de independencia del poder central en Buenos Aires. El gobernador derechista Gerardo Morales manda en Jujuy desde diciembre del 2015. Desde el inicio de su gestión, todavía durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, Morales ya empezaba a convertir Jujuy en un feudo policial extremadamente represivo e intolerante hacia cualquier expresión popular organizada.
En junio de este año esta política gubernamental llegó a su apogeo, realizando una reforma constitucional de Jujuy que definitivamente restringió las posibilidades legales de la protesta social, aplicó una lógica extractivista de los recursos naturales y amenazó los derechos de los pueblos indígenas con un artículo que afirma que «la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia». El 8% de la población de Jujuy es indígena, más que triplicando la media nacional; son por lo menos nueve pueblos los que viven en unas 300 comunidades y varias de ellas ocupan los territorios que figuran legalmente como «fiscales».
Además, la nueva Constitución elimina de la anterior una parte que aseguraba que el ejercicio del derecho a la propiedad privada «no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas», y también el artículo 50, que garantizaba que «el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierrasque tradicionalmente ocupan». Con justa razón, las organizaciones indígenas entendieron que estas nuevas leyes eran la trampa que habilitaba la privatización de las tierras de sus comunidades, con el objetivo de entregarlas a propietarios privados y corporaciones para explotar sus recursos, tal como sucede en gran parte del continente.
A los indígenas se les unieron los maestros, los profesores, el personal de salud y otros trabajadores del campo y de la ciudad. La respuesta del gobierno jujeño fue brutal, con decenas de heridos y cientos de detenidos manifestantes pacíficos e inicialmente bastante conciliadores. Así lo describe Carolina Moisés, diputada nacional por el Frente de Todos: «El propio Presidente de la Nación formuló ante el gobernador Gerardo Morales un llamamiento a la reflexión y a la apertura de un espacio de diálogo institucional para superar la crisis. Como respuesta, el gobernador concretó una profundización del accionar represivo, que en la semana que concluye llegó al extremo de ordenar al Fiscal de Estado a agravar las causas penales sobre manifestantes, el cobro de multas millonarias y hasta el embargo de bienes a las de por sí empobrecidas comunidades originarias. El propio jefe de la Policía provincial superó cualquier límite al anunciar que mandará a la cárcel a personas sin la intervención de un juez. Meten más miedo sobre el renacido pánico social tras las cacerías de personas en vehículos sin identificación, los allanamientos a las patadas de domicilios particulares y sin orden judicial, los apremios ilegales a detenidos, los disparos a los ojos de los manifestantes. Es el Jujuy del Siglo XXI que retrocede al oscuro y siniestro 1976». El año 1976 fue del golpe militar que instauró una de las más sangrientas dictaduras en la historia del continente, que costó al pueblo argentino al menos 30.000 detenidos desaparecidos y las historias de horror imborrables de su memoria colectiva.
En la capital de la provincia, San Salvador de Jujuy, vive una persona cuyo nombre ya es un símbolo de dignidad y de resistencia a los abusos del poder. Aunque se habla muy poco de ella en los grandes medios internacionales, tan susceptibles al tema de los derechos humanos en otras latitudes, en Argentina la conocen todos. La dirigente política, social e indígena y parlamentaria del Mercosur Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 y desde entonces no tuvo ni un solo día de libertad, solo cambiando cárcel por arresto domiciliario.
La prensa de la derecha argentina, tan poderosa históricamente, hizo malabares para acusar a Milagro de corrupta y de asesina, de todo en lo que se especializan sus dueños. Varios organismos internacionales junto con varios dirigentes del gobierno argentino muchas veces abogaron por su inocencia, exigiendo su liberación inmediata, pero el régimen jujeño de Morales sigue armando un montaje tras otro, todo para mantenerla presa. Hace pocos días ella, recluida en su casa con su esposo y compañero, el humanista argentino Raúl Noro, gravemente enfermo, vivió otro allanamiento policial con nuevas acusaciones por «dirigir» todas las protestas. El brutal operativo policial, por su grado de violencia, tuvo todas las características de la represión de los tiempos de la dictadura antes de torturar, asesinar y «desaparecer» a sus víctimas.
El gobernador Gerardo Morales no se equivoca. Él sabe quién es realmente su enemigo principal. Es ella, una mujer indígena, una niña que creció en la calle, que siendo joven robó, traficó y, como muchos pobres, pasó varios años en la cárcel, donde se formó una conciencia política del mundo y de su país. Saliendo a la libertad, se dedicó a la lucha, organizando a los más marginados, desposeídos y desechados por el sistema. Aparte de tener hijos propios, adoptó a doce chicos de la calle. En los años 90, participó en la fundación de la Organización Barrial Tupac Amaru, una de las fuerzas más combativas y mejor coordinadas del país, sobre todo en el noroeste.
A diferencia de muchos partidos u organizaciones que se dicen ser de izquierda, la Tupac Amaru ha conseguido un arraigo real en las zonas más marginadas del país y no tuvo miedo de trabajar con los más necesitados y despreciados por todos. Se dedicó a conseguir y distribuir productos, medicamentos y bienes de primera necesidad, a dar soluciones de vivienda, a crear centros culturales, a defender los derechos ciudadanos para la salud, educación y realizar campañas médicas preventivas. Ayudando a la gente en la solución de sus problemas más urgentes, la Organización Barrial Tupac Amaru nunca dejó de ser una escuela popular de participación política, creando instrumentos y generando experiencias de organización autónoma de los trabajadores para una real lucha por sus derechos, viendo en la educación y en la cultura una prioridad total. Las imágenes de Tupac Amaru, Ernesto Che Guevara y Evita Perón en la simbología de la organización reflejan el sincretismo de la Argentina de abajo y claro que se presenta como una amenaza al poder de los de siempre.
Los medios hegemónicos que siguen formateando el mundo según el criterio de sus dueños jamás pondrán en sus titulares «Todos somos Milagro Sala» ni tampoco mostrarán las escandalosas cifras de negocios privados de los socios de Gerardo Morales con el litio jujeño. Pero esta lucha no es solo de Milagro Sala y Raúl Noro, y no es solo de Jujuy o solo de la Argentina o solo de Latinoamérica: seguirá a escala mundial, en la misma escala de la mentira, el acoso y el despojo.
Estamos seguros que en este camino hacia un futuro más justo y humano para todos nos esperan muchas Milagro y muchos milagros.
