Por Lilliana Sánchez Bolaños

El tema de la seguridad ciudadana presenta una gran demagogia, basada principalmente en respuestas de “mano dura” y tolerancia cero contra los delincuentes y por otro lado, respuestas simplistas fundadas en aumento de penas y reducción de garantías judiciales.

Tampoco faltan quienes atribuyan falsamente la inseguridad ciudadana a los jóvenes y adolescentes, responsables supuestamente de los delitos más graves. Estas respuestas demagógicas y simplistas, cargadas de prejuicio, son incompatibles con nuestro Estado de derecho y nuestro sistema de garantías judiciales, que responden a mandatos constitucionales y obligaciones internacionales.

La realidad es que la inseguridad ciudadana es una respuesta a la desigualdad social. Mientras continuemos por el camino de la pobreza y la falta de oportunidades para todos los ciudadanos, continuaremos con una inseguridad manifiesta en todas sus aristas. El hambre debe de ser saciada no importando cómo.

Oportunidades para todos, ese es el único camino adecuado para que la inseguridad ciudadana desaparezca de nuestras comunidades, a pesar de que los nuevos jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública dirigidos por don Mario Zamora tenga la mejor estrategia.

Creo que es fundamental para dar respuesta a esta grave problemática tomar en consideración seis aspectos:

Se debe continuar con reducción de la desigualdad económica y social. Está comprobado: Brasil es el ejemplo de que la seguridad ciudadana no es solo un problema de ley, justicia penal y castigo. Por el contrario, la mejor estrategia es buscar un mayor y más equitativo bienestar social de toda la población, lo cual se logra principalmente a través de educación y empleo.

Debemos formular y aplicar una estrategia preventiva, focalizada en niños y jóvenes, especialmente los que se encuentran en riesgo social. Mantenerlos en las escuelas y colegios, pero sobre todo devolver a las aulas los 35.000 adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, que abandonaron los centros educativos.

Orientar la política criminal y de persecución penal, en la búsqueda de soluciones para el conflicto que genera el delito. Con una participación activa y decisiva de la víctima, una justicia penal orientada más en la reparación del daño a la víctima que en la represión. Para eso nuestra legislación cuenta con importantes institutos procesales, como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño, que deberían alentarse su uso en la mayoría de los casos.

La reducción al extremo máximo de la pena de prisión. El uso o abuso de la prisión preventiva y de la pena de prisión, no produce menos delito ni mayor seguridad ciudadana. Por el contrario, la prisión es un factor de riesgo causante de más delito y más víctimas. Por eso la política criminal moderna se basa en la integración social, no en la exclusión, que produce la prisión.

Una política restrictiva sobre las armas de fuego. Naciones Unidas estima que más del 50% de los homicidios en el mundo se ejecutan por medio de armas de fuego.

La nueva estructura del Ministerio de Seguridad Social debe de tomar en consideración, como existió durante la Administración Chinchilla Miranda, una muy clara asignación de responsabilidades: por un lado un Viceministerio a cargo de la coordinación de unidades especiales: la Policía de Control de Drogas, Guardacostas, Sección Aérea, que hacía como parte funcional de entidades como la DIS y el OIJ, para la atención del crimen organizado, y otro Viceministerio con rectoría sobre la policía uniformada a cargo de las tareas operativas de la Fuerza Pública.

Paralelamente a los cambios en el Ministerio de Seguridad que estamos seguros representan una esperanza para detener la violencia e inseguridad ciudadanas, debemos señalar que la pobreza y la escasez de oportunidades de empleo han sido factores determinantes para el incremento sostenido en la tasa de homicidios de la última década. Las malas condiciones de vida a las que se enfrentan los habitantes permiten la entrada del narcotráfico y del crimen organizado, conducen eventualmente a la violencia. Se requiere una política robusta de educación, generación de empleo y asistencia social.

Las personas que se insertan en esta dinámica del tráfico no son las más pobres del país, sino las provenientes de las condiciones más desiguales en el acceso a la educación y el trabajo. Generalmente son jóvenes que se encuentran en esa dinámica como forma de suplir las necesidades insatisfechas que el sistema les demanda; un espacio de reconocimiento y poder, y una forma de emular una cultura de las narconovelas, que no podemos negar su influencia en las formas de entender y representar el mundo.

Por otro lado, la falta de oportunidades en educación y trabajo evidencia que el Estado ha dejado de estar presente en la creación de condiciones dignas para toda la población, haciendo más grande la brecha entre quienes acceden a educación de calidad, a trabajos de calidad y una vida de calidad. La educación y el trabajo están territorializados, así como las zonas desiguales, que coinciden con la mayor falta de trabajo e inversiones privadas en el mismo trabajo y en la educación.

Es por ello que a la par de una estrategia integral en materia de seguridad, el país debe hacer grandes esfuerzos para generar oportunidades a la juventud y a la niñez, para que encuentren formas de salir de la pobreza, de integrarse con la familia, con la sociedad y que eviten esas condiciones tentadoras de buscar el dinero fácil y de caer en manos del hampa y del crimen organizado, que los buscan y son presa fácil del mismo por su condición.

Todos debemos coadyuvar para volver a una Costa Rica de oportunidades para todos y no para un puñado.