La alianza de gobierno en Chile hoy está lidiando con el “control de daños”, una vez que se destapara en la prensa el tráfico de influencias para alimentar financieramente, con flujos directos y millonarios, a las ONG administradas por cuadros del partido de Giorgio Jackson, “Revolución Democrática”(RD). Las respuestas políticas fueron dar de baja de los cargos a las y los involucrados directos, en estas situaciones, a saber: el Secretario Ministerial Regional (SEREMI) de Antofagasta y la Subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por su parte, RD expulsó a dos militantes: al SEREMI mencionado y al Director de la ONG “Democracia Viva” y congeló la militancia de la Diputada del partido por la región de Antofagasta, por tener vínculos orgánicos y sentimentales con los expulsados. A partir de este caso, comienzan nuevas denuncias en la misma cartera de Vivienda en otras dos regiones del país, por situaciones potencialmente idénticas, previendose una exponencial caja de Pandora.
El discurso público de Winter, diputado del partido del Presidente, Convergencia Social (CS), resulta muy esclarecedor de la mirada que determina la dirección política de gobierno; discurso mediático en que asume ya no sólo la imposibilidad de colocar en marcha los proyectos de política pública “progresistas”, según les gusta llamarles, y en la práctica concurrir al apoyo de la agenda del poder de facto neoliberal, sino que, además hoy nos esclarece que también perdieron la ingenuidad de promover un proyecto de “administración estatal proba”; cuestión inmanejable, dado que pasaría por la calaña de la compositiva convocada para asumir los cargos del ejecutivo en los distintos niveles.
Desde la presidencia del partido Comunes, viene la revancha pública, ya que ellos vienen saliendo del caso de corrupción en el manejo de los aportes estatales a las campañas a Gobernación en la Región Metropolitana, situación en la cual sufrieron desde sus socios del Frente Amplio el desprecio y la ley de hielo, incluso por quienes ellos apoyaron y llevaron en sus listas como independientes.
Vemos además, el silencio obligado en la prensa del ala Comunista y sus flecos que estarán analizando, seguramente, como este debilitamiento de “los partidos de los jóvenes” les permita dar un zarpazo, que les posicione de mejor manera en los cupos de cargos en el ejecutivo.
Mientras las derechas: la concertacionista, ya posicionada en el control del gobierno (PS, PR, PPD), y las tradicionales obviamente comparten la insana satisfacción de que se cayera el discurso de probidad que vino develando sus abusos y sus corrupciones, en el marco de los treinta años de la “transición” como bautizaron ese acuerdo y sus prácticas delictivas, conocidas como “malas prácticas” en el lenguaje eufemístico en uso.
El marco de este develamiento (que se dice habría salido del mismo FA, en el fragor de una lucha entre quienes apuestan a la fusión orgánica de todos los partidos en uno solo y los que defienden la autonomía de las distintas colectividades) se trata de una continuidad de abusos y corruptelas por doquier que develan el status de la vida política y de poder en el país.
En el detalle, tenemos que el Consejo de Defensa del Estado socializa que hoy un 51% de los municipios del país están con investigaciones de corrupción en curso; en donde el caso emblemático es el del derechista alcalde de la comuna de Vitacura acusado de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Y si vamos a las estadísticas, correspondientes a los partidos políticos, la UDI lidera el ranking como la colectividad con más casos de corrupción en los últimos cinco años.
En esta línea, no podemos dejar de mencionar cómo en el gobierno pasado sus cargos políticos no se inhabilitaron en las mesas de trabajo en el tema de Derechos de Agua, a pesar de ser parte de los «propietarios de derechos», instalándose en el país un abuso sin precedentes.
En las Fuerzas Armadas, tenemos el «Paco Gate» con un monto de treinta mil millones desfalcados, ciento treinta funcionarios procesados, al menos tres altos mandos implicados, y hoy en proceso de «diluirse» en el escenario mediático a la par con las promesas de refundar dicha institución policial. También fue noticia el «Milico Gate», con un monto menor, pero con similar derrotero.
En el llamado mundo privado, el panorama no hace diferencias. Las grandes tiendas comerciales del país fueron sorprendidas con la venta de marcas de prendas prestigiosas y caras, de manufactura clandestina y falsa, engañando descaradamente a sus clientes. En el caso de las mineras, con su sistema antisindical, y de manipulación, conocido como subcontratación, en donde empresas externas a las mineras contratan trabajadores y éstos, realizando mismas tareas, tienen sueldos inferiores; se corona el abuso al trascender que en una situación de emergencia, en que se evacuó a los trabajadores del interior de la mina El Teniente de Codelco, se dejó obligadamente para la última evacuación a los subcontratados, con los riesgos y discriminación que esto implicó.
Finalmente evidenciamos cómo a cinco años de la puesta en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, las empresas prefieren pagar las multas antes que incorporar a estas personas, y que estudios demuestran la bajísima supervisión del cumplimiento de este derecho consagrado después de años de tramitación legislativa.
Y Chile, a pesar de lo descrito, que es lo que se sabe, y que obviamente es una pequeña parte de lo que realmente sucede, de acuerdo a mediciones internacionales, es considerado aún un país con bajos niveles de corrupción. Según los datos de Transparencia Internacional en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 ocupó el puesto 27 entre 180 países donde 0 es “sin corrupción”.
Sin embargo, como se ha expuesto, existe evidencia concreta que da cuenta de una cultura de irregularidades y corrupción de alto nivel que involucra a las élites económicas y políticas dominantes y que no solo debilita los
sistemas judiciales y políticos, que debieran estar al servicio del bien público, sino que también causan pobreza, obstaculizan el desarrollo y dificultan la inversión.
Estos actos deshonestos o delictivos realizados por funcionarios y autoridades, en instituciones públicas y privadas, que anteponen sus intereses personales y abusan de sus puestos de poder haciendo mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, no tienen penas legales ejemplificadoras que sienten un precedente en colocar fin a este comportamiento. Más aún, casi nunca aparece una condena ética, no se hace alusión a la distorsión moral de quienes socavan los valores de probidad, bien común y respeto a la ley en favor de la extrema ambición de la ganancia material, síntoma característico del modelo neoliberal que ha elevado a un nivel de valor supremo el interés material y la codicia como estímulo para alcanzar un supuesto desarrollo y prosperidad, pero cuyos resultados desintegradores de la fe pública ya están apareciendo en su real magnitud.
La crítica y condena, apegadas al código penal, se limitan a cuantificar los daños materiales e imponer multas o compensaciones de acuerdo a una tabla de valores o lista de precios. Este «castigo» nos ha permitido ver en el senado personas que ocupan algunos puestos y altos dirigentes de partidos condenados, que siguen funcionando como si nada. En definitiva, estamos presenciando el accionar de un sistema, cuya base es el poder, que tiene valores, prácticas y una dirección naturalizada de actos delictivos y sobre el cual no hay leyes ejemplificadoras que lo frenen.
Es inútil reiterar sólo la condena a la corrupción. Denunciamos como origen, de esta corrupción del sistema, al individualismo y la supuesta “libertad económica” que favorecen el enriquecimiento personal a cualquier costo y, por ello, legalmente no se considera como un crimen y perjuicio contra la sociedad.
Y mientras esto sucede, la propuesta de Ley de Responsabilidad Política (que permite la destitución) presentada por la diputada humanista Laura Rodríguez a principios de los ‘90, sigue en el congreso sin poder concretarse, sigue «durmiendo»……
Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Iván Barrera Avendaño; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública
