Estamos en épocas de recuentos de nuestra historia, cinco décadas en que se viene manifestando en el ámbito del poder ese llamado a la viveza chilensis, desatando aquella característica que homogeniza a la élite política chilena y que les hace cantar (para callado, sin que el pueblo escuche, diría mi abuela) “la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas”, surgiendo una casta, a todo nivel, de funcionarios «sin dios, ley o partidos políticos» dedicados a vaciar el Estado.

En el espacio soñado del poder y los privilegios, sería “el rey de los huevones” si no aprovechara ( si «se la están dando”) y en medio de estas profundas reflexiones de los «dueños» de la política chilena, se urden en sus cabezotas múltiples maneras de “meter las manos” y “llenarse los bolsillos”.

Tenemos al dictador Augusto, que usa el alias de Daniel López, para abrir cuentas en el banco gringo Riggs, por más de 21 millones de dólares, al final de su periodo. Junto a él su inmortal (como Munra de los ThunderCats) y
flamante esposa doña Lucia, que no se queda atrás y se apropia de las propiedades, regaladas por el Estado a la entidad “filantrópica” CEMA CHILE, y cuyas ventas, según investigó CIPER, sólo en Santiago, alcanzan un total
de ingresos por cerca de 7.7 millones de dólares.

También en su período, se inicia el saqueo por parte de los civiles golpistas de las compras, a precio de huevo, de las empresas del Estado, adquisiciones que hicieron ricos a quienes las adquirieron (SQM por ejemplo, adquirida por el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, empresa que veremos estará involucrada en los casos más bullados de corrupción política de esta historia).

Pero un imperio, un reino no puede no tener a un noble tránsfuga, y en 1982, el entonces juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Luis Correa Bulo, ordenó la aprehensión de Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, símbolo del exitismo y el “gato de campo”, a fin de responder por infracciones varias a la Ley General de Bancos y la defraudación del Banco de Talca. Cecilia Morel dijo, cuando la policía llegó a su residencia a materializar la detención, que: “Abandonó el domicilio y ni siquiera se despidió de mí» (¿salió a comprar cigarros?). Sin embargo, las hadas madrinas lanzaron el hechizo de “no hay peor ciego que el que no quiere ver” y el pequeño noble pudo ser candidato a la presidencia de Chile y dos veces electo como abanderado del bloque de la derecha nacional.

En el período de Lagos, con su dedo con olor a corrupción, su Ministro de Obras Públicas Sr Cruz, “que murió con las botas puestas” y con la boca bien cerrada, asumió la condena respectiva deteniendo las implicancia de su “jefe” en el bullado MOP-Gate. Según acreditó la justicia en ese entonces, el MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que no se realizaron y al mismo tiempo la empresa Gate recibía pagos por autopistas concesionadas (las empresas de ese entonces financiaban millonarias campañas políticas, deslegitimadas pero legales).

Bueno, dejemos a los moradores de La Moneda y no dejemos fuera del recuento la viveza de los «honorables».
Jaime Orpis, del partido derechista UDI, con condena por un total de seis delitos de fraude al fisco reiterado y dos de cohecho en el marco del bullado Caso Corpesca, que lo llevó a ser el primer político del país en ser condenado a penas de cárcel efectiva.
Pablo Longueira, exministro, exsenador y ex presidente de la UDI: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) expuso enfáticamente las acusaciones que pesan sobre él. Los cuantiosos dineros que recibieron las fundaciones manejadas por Longueira, de parte de SQM, “disfrazadas” de donaciones benéficas, hacen surgir en el CDE la siguiente pregunta: ¿Qué donación, como mera liberalidad, requiere que se entreguen boletas ideológicamente falsas al donante? Ello, a juicio del CDE, órgano colegiado que representa al Fisco de Chile, evidencia -como indicio- su carácter de “ventaja indebida”.

Jovino Novoa, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), presidente de este partido y senador, se declara culpable y es condenado por el Caso Penta. En su juicio el juez sostuvo que “se condena al acusado como autor de delitos tributarios y difiere la redacción del fallo y determinación del quantum de la pena”. El castigo judicial debería ser de tres años de prisión remitidos, la multa del 50% de perjuicio fiscal. Sus abogados dijeron que su defendido «no volverá a delinquir»; informó El Ciudadano.

Iván Moreira, senador de la UDI, el de la frase para el bronce “lo mio fue el raspado de la olla”, evita juicio oral en caso PENTA y se libera de una eventual condena a cambio del pago de una multa por $ 35 millones de pesos; esto dos meses después de que la Corte Suprema confirmara el desafuero del parlamentario por nueve votos a favor y ocho en contra.
Jorge Pizarro (DC): En abril de 2015, el Servicio de Impuestos Internos (SII) incluyó a la sociedad de sus hijos –Ventus– en una nómina de personas naturales y empresas que recibieron pagos irregulares desde Soquimich. En entrevista, que publicó La Tercera, su tono fue de reclamo y molestia. “No, no, claramente no”, respondió cuando le preguntaron si el dinero de SQM había financiado su campaña senatorial, omitiendo la información de que parte de los $45 millones, que SQM le pagó a Ventus por trabajos que no tenían respaldo, terminaron en su cuenta corriente del Banco Security.

A nivel de Alcaldes, también recogemos muchísimas historias en este tema de actuaciones delictivas, pero rescatamos los casos más bullados en la prensa. Karen Rojo (IND-UDI), exalcaldesa de Antofagasta: en el 2018, fue formalizada por el delito de fraude al Fisco a raíz de la contratación los años 2015 a través de la Corporación de Desarrollo Social, de la Consultora Main Comunicación Estratégica usando estos servicios para su campaña electoral.
A fines de 2016 se destapó un fraude en la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, presidida por el alcalde UDI de esa comuna, Eduardo Soto. El edil figura como imputado y la Fiscalía investiga su nexo con una
productora de su campaña electoral que es “proveedora favorita” de la corporación.
Según lo consignado por el medio El Tipógrafo en 2021, el ex jefe comunal de San Fernando Luis Berwart fue imputado junto con Pedro Pablo Cruz, Leonidas Quiroga y Carlos Bozzo; por una serie defraudaciones a través de la Corporación Municipal Cormusaf, lo que incluía creación de empresas ficticias, pagos por servicios inexistentes, sobreprecios y otros, por cerca de $3 mil millones.
Pedro Sabat (RN), exalcalde de Ñuñoa: condenado, el 25 de mayo, como autor de dos delitos de negociación incompatible en lectura de sentencia del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
Raúl Torrealba (RN), exalcalde de Vitacura: se concretó su formalización y la Fiscalía, por primera vez, detalló en una audiencia pública siete mecanismos que habría liderado durante una década para defraudar en más de $766 millones al Fisco.
Virginia Reginato (UDI), exalcaldesa de Viña del Mar: una auditoría forense a los estados financieros de la Municipalidad de Viña del Mar, de junio 2016 a junio de 2021, dio cuenta de millonarias irregularidades en su
administración, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo de arriendos, entre otras anomalías, que generaron “pérdidas” para la municipalidad por más de 100 mil millones de pesos, ganando la gaviota de oro de la corrupción.

Estos casos y una lista insufrible de corrupciones municipales hacen que hoy 51% de ellas estén con auditorías por posibles delitos desde la Contraloría General de la República.
También hoy el «nuevo» gobierno es sacudido tras las revelaciones del tráfico de influencias y sus asignaciones millonarias a Fundaciones de su sector político (caso en desarrollo).

Esta historia oficial, del delito de esta “clase política chilena”, deja sin aliento. Si los inefables formadores de opinión pública, aún siguen preguntando el por qué la gente no cree en esta democracia, y denuncian que más de la mitad de la población no participa; levantando su voz, culpando a las y los ciudadanos de falta de civismo; tal opinología es un chiste de mal gusto o mala fe derechamente.

Un capítulo aparte en esta reseña de medio siglo, es la creatividad de la prensa para inventar eufemismos para suavizar los actos delictuales: malas prácticas, financiamiento ilegal a las campañas, recaudadores de dineros, faltas a la probidad, asesorías orales, donaciones benéficas, ventajas indebidas, en buen chileno: ¡El choreo lisa y llanamente!.

Así, mientras estas figuritas no paguen con cárcel efectiva, mientras no se les prohíba legalmente re-postulaciones electorales y mientras a los partidos, con casos reiterados, no se les aplique la ley de asociación ilícita (dice la ley, toda asociación que tenga por objeto la perpetración de delitos, como así también, aquella que después de su conformación se destina a su comisión, se considera ilícita, importando un delito) toda verborrea, desde el ejecutivo y el congreso, queda como una tomadura de pelo a las chilenas y chilenos.

Esta situación oscura, sólo encuentra salida en la organización de la buena gente en la base social, aquella que trabaja en sí misma para construir internamente su coherencia, su rechazo a la violencia y los antivalores, y simultáneamente, lleva adelante su lucha permanente que asegura que la política corrupta no tenga asegurado el futuro.

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública