Abandono Estatal de las víctimas con traumas oculares de 2019. La Revictimización y consecuencias del trauma
Frente a las penosas noticias sobre el cuarto suicidio de víctimas de trauma ocular del estallido social, se coloca nuevamente el tema de derechos humanos en las preocupaciones y el debate público en Chile. Resulta muy triste que el “Nunca Más” quede en aspiraciones sin un correlato de realidad. Las víctimas del estallido son re victimizados por el Estado, que no atiende a las consecuencias de estos atropellos en las personas violentadas, ni tampoco sopesa las consecuencias sociales y políticas de su desidia.

Falta de claridad de un catastro cierto del número de víctimas
No es posible aceptar, en pleno siglo XXI, que desde las instancias estatales no se pueda contar ni siquiera con un catastro cierto y que tengamos que realizar aproximaciones con los distintos datos que tales instancias entregan. Lo más cierto y concreto son las cifras que recogen las agrupaciones de víctimas y que hablan de medio millar; y que casi un centenar ha optado por no aceptar la ayuda estatal por desconfianza, “temor de revelar su identidad o miedo a represalias”. ¿Este es el país que queremos?

Fiscalía nacional sobrepasada, sumando al Estado fallido.
Según nos ilustra el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de más de 3 mil querellas, aún abiertas, menos de 300 han sido formalizadas. Peor aún, de más de 3 mil quinientas víctimas por la violencia de
agentes del Estado, a la fecha casi mil cuatrocientas personas ni siquiera han sido citadas por el Ministerio Público para, al menos, escuchar su denuncia de primera mano. Las querellas buscan justicia por asesinatos, torturas y violencia innecesaria, con especificaciones de traumas oculares, lesiones en otras partes del cuerpo, maltrato psicológico grave y más de 500 víctimas de violencia sexual. De estas víctimas casi 600 son niñas, niños y adolescentes.
“Como INDH estamos consternados porque el caso de Jorge Salvo es una señal clara y contundente de la desidia que el Estado ha tenido respecto de las víctimas”, expuso al respecto el Instituto, dejando además en evidencia la situación de las querellas presentadas.
Del total de las acciones interpuestas por el INDH, 577 causas ya fueron cerradas. De éstas 505 han sido por decisión de no perseverar, debido a que no se lograron reunir los antecedentes suficientes para sostener las
investigaciones.
Por lo anterior, declaró: “Tanto el acceso a la justicia, la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas son estándares de derechos humanos que los Estados se encuentran obligados a implementar y asegurar. En el caso de Jorge Salvo y muchas de las víctimas que sufrieron violencia institucional, no han recibido ninguna de ellas. Urge contar con una política nacional y programas de reparación efectivos que se hagan cargo de esta obligación”.
“Cabe destacar que el lento avance de las investigaciones judiciales y la falta de medidas efectivas de reparación, tiene efectos irreparables. Por tanto, el Estado tiene el deber de actuar con diligencia e instamos a todos los actores involucrados a adoptar un compromiso más firme en este sentido”, sentenció el documento firmado por la directora Consuelo Contreras.

¿Qué esperan como respuesta las agrupaciones de víctimas?
En un petitorio de 11 puntos entregado a las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los miembros de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular exigieron reparación para “todas las víctimas y
supervivientes de terrorismo de Estado”, así como horas de atención para apoyo psicológico y operaciones.

Junto con solidarizar con la familia y en particular con la hija de Jorge, desde la coordinadora hicieron un llamado a “apoyarnos en esta desgastante lucha por verdad, reparación integral y garantías de no repetición”.
Exigen, con todo derecho, un programa vitalicio que funcione en todo Chile, que incluya entrenamiento en derechos humanos para el personal, el cuidado del ojo dañado y también del ojo sano, y una atención psicológica que contemple una interconsulta en caso de que el daño sea tan grave que el programa no sea capaz de contenerlo”, entre otras cuestiones vitales.

¿Quién desde el Estado, es responsable de dar contención priorizada a estas víctimas?
El gobierno de Piñera puso en marcha un programa de atención a las víctimas, con la sigla PIRO, que sólo operó en la Región Metropolitana, y que las organizaciones de víctimas conocieron por TV. Se ubicó en el Hospital Salvador, en su unidad de trauma ocular y de él tenemos la evaluación pública desde las agrupaciones de víctimas, a saber “El programa PIRO era precario, el primero que partió, tenía un psicólogo para más de 300 víctimas de trauma ocular. No había un número de profesionales para hacer un tratamiento serio, real.
Tampoco había fármacos ni psiquiatras. Se lo pedimos al exministro Mañalich, los remedios eran carísimos, no había quién lo financiara. Sólo el 2022 logramos que el Ministerio de Salud (MINSAL) entregara los remedios y
pusiera más de un psicólogo, y un médico en el programa en su nueva versión”.

PACTO: instancia responsable desde el MINSAL
El actual gobierno, anunció el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO), que reemplaza al PIRO de Piñera.
Esta es hoy la instancia responsable desde el MINSAL y, en su descripción de objetivos y funcionamiento, recoge las demandas hechas públicas; pero en los resultados, como vemos con las personas suicidadas y otro número similar de intentos de suicidio como indicadores extremos de su actividad, queda en entredicho su efectividad, y hoy se alzan las voces desde distintos poderes del Estado para realizar investigaciones y sumarios. Tales acciones llegan demasiado tarde para estas víctimas y, sinceramente, la ciudadanía espera que no sean sólo apariciones oportunistas para levantar rostros mediáticamente y, que efectivamente, se asuman responsabilidades y, por sobre todo, que el funcionamiento esté efectivamente a la altura de las necesidades de todas estas personas violentadas desde la acción estatal.

A 50 años del Golpe Cívico-Militar, parece que aún no es posible avanzar significativamente, en nuestra sociedad, en temas de Derechos Humanos. Recordemos que una vez instalado Patricio Aylwin en La Moneda, rápidamente se quiso olvidar lo comprometido con la ciudadanía en estos temas, priorizando la administración del modelo que obligaba negociar con los herederos del pinochetismo y, para quienes vemos la historia de instalación a la fuerza del Modelo Económico hoy imperante, nos es inevitable sentir que lo que viene en estos tiempos no será mejor. Esto considerando que actualmente hay víctimas que no tienen justicia, víctimas tanto del pasado 19 de Octubre de 2019 como de los años de la Dictadura (que hoy algunos acomodados en el poder prefieren relativizar para no pelearse con quienes sienten podrían traer más “contra” a su proyecto).
En el mismo sentido, vemos con pena cómo la academia con lucro se presta hoy dando soporte al proceso constitucional en curso. Un proyecto “en la medida de lo posible”, sin rumbo de transformación que está a la raíz de la podredumbre y de facilitar la especulación económica; y sentimos que esa academia, en alguna medida, falló en la ética y la coherencia al permitir ser usada para “blanquear” este tongo.
Finalmente decir, que no se sostiene una política pública, que va desdibujando las cuestiones relevantes que está obligada a atender, si no están en la primera plana de la coyuntura mediática. Y frente a este deplorable actuar, la ciudadanía no puede aceptarlo, no puede falsear la memoria y debe exigir, por medios noviolentos, que el Estado responda, reparando, variando positivamente la dirección de la sociedad y rechazando el negacionismo, la impunidad y el olvido.

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez; Natalia Ibáñez Donoso; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública