El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada se pronunció contra la medida del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la suspensión de las búsquedas de fosas clandestinas tras el atentado en Tlajomulco, y recordó que «las búsquedas y las investigaciones son obligaciones de carácter permanente» que el Estado debe cumplir.
«A la luz del reciente ataque, el Comité recuerda que las búsquedas y las investigaciones son obligaciones de carácter permanente», porque lo que instó al Estado Parte «a que inicie inmediatamente una investigación exhaustiva y diligente para identificar a los perpetradores e imponer las sanciones adecuadas» del atentado con explosivos contra personal de la Fiscalía de Jalisco y la policía que se registró en Tlajomulco este 12 de julio, cuando se dirigían a analizar un reporte de fosa clandestina.
El gobernador de Jalisco alegó que el atentado se trató de “una trampa” en la búsqueda de las fosas, por lo que decidió suspender los procesos. La llegada de los policías y funcionarios a Tlajomulco sucedió luego de que una madre buscadora reportó que recibió una pista anónima sobre la localización de una posible fosa clandestina con restos humanos.
Hasta el momento el rastreo de las fosas seguía un proceso similar, en el que las madres buscadoras y familiares se comunicaban con la Fiscalía tras recibir llamadas o mensajes anónimos sobre la probable ubicación de las fosas.
El Comité contra la Desaparición Forzada reiteró al Estado mexicano la necesidad de que establezca medidas de protección adecuadas para las víctimas, familiares, acompañantes, así como servidores públicos, para garantizar la continuidad de la búsqueda e investigación de las desapariciones, «brindando oportunidades de participación para asegurar que las víctimas no se queden sin apoyo».
Finalmente, recomendó nuevamente al Estado adoptar e implementar «de manera urgente» una Política Nacional para la Prevención y Erradicación de las Desapariciones.
A continuación el comunicado completo:
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada condena el ataque contra personal de la Fiscalía General del Estado y la policía municipal de Tlajomulco, en el estado de Jalisco, en el centro-oeste de México, que causó la muerte de seis personas y dejó heridas al menos a otras 12, entre autoridades estatales y actores civiles.
Según la información recibida por el Comité, el ataque tuvo lugar el 11 de julio, cuando las autoridades se dirigían a un lugar de Tlajomulco para buscar los cuerpos de personas presuntamente desaparecidas. Fueron emboscados por agresores no identificados con artefactos explosivos.
“El Comité expresa sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida y desea a los heridos una pronta recuperación”, declaró Carmen Rosa Villa, Presidenta del Comité.
Las autoridades estatales informaron que más de 110,000 personas habían desaparecido en todo México, registrándose el mayor número de desapariciones en el estado de Jalisco. En un informe publicado en 2022 tras su visita a México, el Comité instó al Estado Parte a garantizar la protección permanente de los servidores públicos dedicados a la búsqueda e investigación y a establecer un programa integral de protección para ellos. Asimismo, exhortó a México a fortalecer de manera inmediata el sistema de protección a víctimas para garantizar la seguridad de sus familiares y acompañantes.
A la luz del reciente ataque, el Comité recuerda que las búsquedas y las investigaciones son obligaciones de carácter permanente. Insta al Estado Parte a que inicie inmediatamente una investigación exhaustiva y diligente para identificar a los perpetradores e imponer las sanciones adecuadas.
Una vez más, hace un llamamiento al Estado parte para que establezca medidas de protección adecuadas para las víctimas, familiares, acompañantes, así como servidores públicos para garantizar la continuidad de la búsqueda e investigación de las desapariciones, brindando oportunidades de participación para asegurar que las víctimas no se queden sin apoyo.
El Comité reitera su recomendación al Estado para que adopte e implemente de manera urgente una Política Nacional para la Prevención y Erradicación de las Desapariciones.
