El Parlamento brasilero está a punto de aprobar cambios en el sistema de recaudación de impuestos, pero por ahora sólo se enfatiza en el consumo.
Después de tres décadas de discusiones, Brasil está a punto de aprobar importantes cambios en su sistema tributario. La reforma fiscal, o al menos su primera fase, fue aprobada por la Cámara de Diputados a principios de julio y remitida al Senado para su consideración. Si también fuera aprobada por los senadores, la propuesta de reforma de la Constitución (PEC) simplificará y unificará los impuestos sobre el consumo.
El principal cambio es la extinción de cinco impuestos, tres de ellos federales: PIS (Programa de Integracion Social), Cofins e Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), que serán sustituidos por la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS). Los otros dos son el Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) –recaudado por los estados– y el Impuesto sobre los Servicios (ISS) –actualmente recaudado por los municipios– que serán suprimidos para dar paso al Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS).
En lugar de estos cinco impuestos, se creará un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) compuesto por el IBS –que se repartirá entre estados y municipios– y el CBS, destinado al gobierno federal. Las estimaciones indican que más de 170 países ya adoptan el modelo del IVA, entre otros Australia, Canadá, los miembros de la Unión Europea e India.
El IVA brasilero se cobrará en el lugar de consumo y ya no en el origen del producto o servicio, como ocurre actualmente con el ICMS. Uno de los efectos de este cambio será el fin de la guerra fiscal entre estados, que solían conceder incentivos fiscales para atraer nuevas inversiones y recaudar así más impuestos. Para compensar las posibles pérdidas y financiar proyectos de desarrollo en las regiones más pobres, se creará un Fondo de Desarrollo Regional, con un aporte inicial de 40.000 millones de reales (aproximadamente 8.400 millones de dólares).
La reforma de la Constitución promete corregir algunas distorsiones del sistema fiscal brasilero. Además de crear el IVA, la propuesta prevé un recargo sobre la producción, comercialización o importación de bienes y servicios perjudiciales para la salud o el medio ambiente. El Impuesto Selectivo gravará los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, pero deja fuera, por ejemplo, los pesticidas que, por considerarse insumos agrícolas, siguen beneficiándose de una reducción del tipo del 60%.
Una ley complementaria regulará también un tipo cero del CBS para la canasta básica de alimentos, los medicamentos para el tratamiento de enfermedades graves y los servicios de enseñanza superior. Los libros seguirán gozando de inmunidad fiscal, al igual que las personas físicas que realicen actividades agrícolas, pesqueras, forestales y extractivas (vegetales in natura), que tendrán un tipo cero de IBS y CBS. También existe la posibilidad de devolver parte del IBS y del CBS pagados por los particulares (cashback), como forma de contribuir a la reducción de las desigualdades de renta.
Demandas de la sociedad
La reforma representa algunos avances, pero aún está lejos de ser la reforma que Brasil necesita, es decir una reforma que promueva la justicia social y ambiental y la igualdad de derechos. La llamada Reforma Tributaria 3S –Saludable, Solidaria y Sustentable– ha sido una de las reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil para que el país reduzca sus inmensas desigualdades sociales, promueva la salud de la población y proteja el medio ambiente.
Entre otras medidas, la Reforma Fiscal 3S propone desalentar el consumo y la producción de productos nocivos para la salud y el medio ambiente y hacer más progresivos los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Al permitir, por ejemplo, gravar más las rentas altas y el patrimonio y reducir la presión fiscal sobre los más pobres, se crea un sistema fiscal más justo.
En entrevistas con la prensa, el ministro de Hacienda Fernando Haddad, admitió que espera encontrar resistencia para aprobar la segunda fase de la reforma fiscal, incluso por parte de los mismos que ahora aplauden los cambios. En esa segunda fase se gravarían la renta y el patrimonio, así como las inversiones de los brasileros en el exterior –en los llamados paraísos fiscales–, y la distribución de lucros y dividendos.
Como se trata de puntos controvertidos, Haddad defendió con cautela un amplio debate con toda la sociedad, y el establecimiento de periodos de transición y adaptación tras la implantación del nuevo modelo. Pero aún no hay previsiones sobre cuándo se enviará la propuesta de la segunda fase al Congreso, ya que las discusiones internas en el Ministerio de Hacienda ni siquiera comenzaron. Otra incógnita es si el gobierno de Lula tendrá la fuerza y el apoyo político para aprobarla.