La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes 7 de julio una reforma tributaria que busca simplificar y unificar los impuestos sobre el consumo en Brasil, beneficiando a la industria y a los alimentos básicos, en un triunfo del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La medida tiene forma de una enmienda constitucional y debe pasar aún por el Senado para su ratificación, pero se prevé una aprobación más fácil por parte de los 81 senadores que la obtenida entre los 513 diputados.
La amplia mayoría favorable de 382 votos en la primera vuelta y de 375 en la segunda no refleja las incertidumbres y resistencias que amenazaron la propuesta, que por alterar la Constitución exige dos votaciones en las dos cámaras legislativas y la aprobación de al menos tres quintos en todas esas ocasiones.
La votación se aplazó varias veces ante la oposición de muchos gobernadores de estados y sectores económicos a varias disposiciones de la propuesta. El gobierno temía la derrota. Intensas negociaciones durante la semana despejaron dudas y se tradujeron en cambios que permitieron aunar la mayoría inesperada.
Solo 118 diputados, casi todos de extrema derecha, se opusieron en la primera votación cerca de las 21:30 horas locales del jueves 6 de julio, y 113 en la segunda vuelta, más de cuatro horas después. Se evidenció así el aislamiento del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que había llamado a rechazar la medida.
El presidente de la cámara baja, el diputado Arthur Lira, del conservador partido Progresista, que antes apoyó a Bolsonaro, y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, encabezaron las negociaciones y son considerados los grandes vencedores de la batalla.
Hace más de tres décadas que se intenta cambiar el sistema tributario complejo e irracional que se estableció en Brasil a partir de 1965, durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
Por eso se celebró como “un hecho histórico”, la aprobación de los diputados. No es un proyecto “de izquierda, ni de derecha o de centro, sino del país”, definió el relator de la propuesta antes de la votación, el diputado Aguinaldo Ribeiro, del mismo partido Progresista.
Una mayoría de economistas y empresarios manifestó la convicción de que la medida promoverá el crecimiento económico, al atraer inversiones y promover la productividad y la competitividad de Brasil, por la seguridad jurídica que ofrece. Además ahorrará los costos que la complejidad tributaria actual del país impone a las empresas.
Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
El proyecto de reforma, en trámite legislativo desde 2019, propone un impuesto sobre el valor agregado, similar al que ya opera en la mayoría de los países del mundo, pero dividido en dos tributos.
Uno, la Contribución sobre Bienes y Servicios, sustituye tres tributos de ámbito nacional para la recaudación del gobierno central. Otro, el Impuesto sobre Bienes y Servicios, reemplaza uno impuesto de los estados y otro municipal y quedará bajo gestión de un Consejo Federativo, compuesto de representantes de los 27 estados y los 5570 municipios del país.
Todos los impuestos serán cobrados en el local de consumo final, y no donde se produce, como suele ocurrir en el sistema actual. Eso elimina el cobro en las varias fases de una cadena productiva, que afecta principalmente el sector industrial.
Esa tributación que acumula costos sobre insumos, componentes y servicios hasta el producto final es uno de los factores que agravaron la desindustrialización que sufrió Brasil desde los años 80, precoz porque se trata de un país aún en desarrollo y más acelerada que la ocurrida en países más desarrollados.
Además, a la última hora se decidió en la Cámara de Diputados exonerar del nuevo impuesto una canasta de alimentos básicos, que será definida posteriormente y será única a nivel nacional. Tiende a abaratar los productos de consumo básico, como arroz, frijoles y hortalizas, favoreciendo la seguridad alimentaria de los más vulnerables.
La reforma aún exigirá leyes para definir el porcentaje de los nuevos impuestos y otros detalles como los productos y servicios incluidos en cada rubro. Los proponentes estiman el impuesto único de cerca de 25 %, pero con reducciones para distintos sectores.
Bienes y servicios de educación, salud, transporte público y cultura, por ejemplo, solo serán gravados en 40 % del impuesto. Otros, como medicinas para el cáncer, alimentos de la canasta básica y libros, estarán exentos.
Además habrá regímenes especiales para combustibles, negocios inmobiliarios, servicios financieros y loterías, por ejemplo, también pendientes de una ley específica.
Es decir, la batalla seguirá. Pero para eso se definió un proceso de transición hasta 2032. Los nuevos tributos solo tendrán vigencia total a partir de 2033.
Es decir, los efectos fiscales serán de largo plazo. Pero la reforma tributaria define horizontes que impulsarán la economía desde ahora, beneficiando el actual gobierno, incluso políticamente.
El triunfo en la Cámara de Diputados, donde Lula enfrenta mayores obstáculos y derrotas, abrió la posibilidad de que consolide un apoyo legislativo al gobierno de izquierda que asumió el 1 de enero y que hasta ahora es minoritario.
Su reestructuración de la composición de carteras del gobierno, por ejemplo, sufrió modificaciones legislativas que redujeron el poder que Lula pretendía atribuir a los ministerios del Medio Ambiente y de los Pueblos Indígenas.
La reforma ahora aprobada por los diputados no responde a los anhelos de la izquierda ni de otros sectores, pero es la posible en la actual “correlación de fuerzas” políticas, admitió Lula.
En cualquier caso, su gobierno resultó fortalecido, ante la derrota abrumadora de Bolsonaro y sus seguidores. La extrema derecha también sufrió una división que apunta a un futuro de aislamiento creciente.
El gobernador del estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, cuya elección se debe al apoyo de Bolsonaro, se convirtió en disidente, o “traidor” para los bolsonaristas, al apoyar la reforma tributaria.
Era apuntado como el más probable sucesor del expresidente en el liderazgo de la extrema derecha, por gobernar el estado más poblado y rico del país y haber obtenido en triunfo más destacado de los bolsonaristas en octubre de 2022, como un político novato tras haber sido ministro de Infraestructura en el gobierno de Bolsonaro.
El 30 de junio, el exgobernante quedó inhabilitado hasta 2030 por una sentencia del Tribunal Superior Electoral, al condenarlo por abuso de poder y otros delitos electorales. Así que que se requiere un líder para el menguante poder de la ultraderecha interna.
