El agua para consumo humano está por encima de cualquier uso industrial o empresarial advierten un grupo de expertos de las Naciones Unidas respecto a la crisis que enfrenta Uruguay.
El 60 por ciento de la población de Uruguay enfrenta escasez de agua potable y las autoridades sanitarias uruguayas han pedido a la población que compre agua embotellada para beber.
La calidad del agua en Uruguay ha descendido a niveles alarmantes de salinidad afectando especialmente a los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables.
Privatización de facto
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos advirtió el jueves 13 de julio en un comunicado que esa medida “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”.
El gobierno recomendó reducir el consumo de agua en los hogares, pero no ha aplicado las mismas restricciones a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción.
Los relatores especiales recordaron que si bien los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica agravada por periodos sin lluvias anormalmente largos, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
«Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos», recalcaron.
También aludieron a las advertencias que han hecho a lo largo de los años de que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaban contaminando ese líquido y causando su escasez en el país.
El consumo humano es mínimo
«El agua para el consumo humano representa apenas el 5 por ciento del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable», enfatizaron los expertos.
Subrayaron que el derecho humano al agua implica que ésta sea físicamente accesible, esté libre de contaminantes y sea gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
En este sentido, expresaron especial preocupación por la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua.
Responsabilidad empresarial
Para los especialistas en garantías fundamentales, las empresas, incluidas las empresas estatales, “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento”.
Además, los Estados “tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al asegurar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias», agregaron.
Los relatores especiales señalaron que el gobierno uruguayo ha trabajado para reducir los impuestos al agua. Sin embargo, puntualizaron que lo más importante en este momento es garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida.
Los expertos firmantes del comunicado son Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; Damilola Olawuyi (Presidente), Robert McCorquodale (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska y Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
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Con información de Noticias de la ONU.
