La Federación SOS Racismo alerta en su informe estatal 2023, del aumento del 41,49% de los casos recogidos y exige de cara a las próximas eleccciones, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, racializadas y gitanas, así como la puesta en marcha de políticas antirracistas.
El informe refleja la recogida y análisis estadístico de los casos sobre racismo, discriminación, xenofobia y odio trabajados a lo largo del año 2022.
Aumentan de forma importante los casos de agresiones y conflictos racistas, la limitación en el acceso a prestaciones y servicios públicos y privados, así como la discriminación laboral.
En el informe, publicado ya en la página web de la Federación, se recogen 740 actos racistas en todo el Estado, de los que la mayor parte tienen que ver con el conflictos y agresiones racistas, racismo institucional, siguiéndoles los casos relacionados con la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos, discriminación laboral, denegación de acceso a servicios privados etc. Estas cifras en palabras de Elena Stasi, autora del informe, suponen “más allá de las cifras, una fotografía de una realidad que debemos poner encima de la mesa para abordar soluciones que eviten, no sólo los insultos, agresiones o conflictos vecinales que sufren estas personas, sino también el deterioro en la convivencia en nuestras localidades”.
Una de las mayores preocupaciones de la federación es el importante aumento de los casos recogidos, que han pasado de 523 a 740, lo que supone un aumento del 41,49%. Junto a ello, desde la federación SOS Racismo añade, que junto a incremento, se está detectando que “ciertos actos racistas que en los últimos años sufren las personas racializadas, migrantes y gitanas día a día comienzan a verse como algo cotidiano que no merece la pena denunciar. Aun así, la mayoría de los casos de discriminación siguen permaneciendo ocultos, bien porque se sigue normalizando, bien por el desconocimiento de las víctimas, tal y como mostramos en nuestro informe SOS racismo 2022”. Como solución a esta cuestión Cecilia Themme, «mejorar la accesibilidad a la denuncia, así como generar mecanismos que trabajen para la reparación de las víctimas de este tipo de delito. Esto permitiría generar consensos sociales no sólo para pasar de adoptar medidas de lucha contra el racismo a políticas antirracistas, sino también para mejorar la convivencia en nuestro entorno”.
Para mostrar el impacto de estos casos en la vida de las personas racializadas, migrantes y gitanas, el informe presenta testimonios reales que muestran esta realidad que muchas personas y partidos niegan, y que abarcan desde situaciones que se dan en el ámbito educativo como el que relata que “X tiene un hijo que estudia 6º de primaria en un centro educativo de la comunidad gallega. Desde que empezó primaria su hijo, Y, recibe insultos racistas tales como “negro de mierda” o “color de caca”. Con cada uno de los insultos que su hijo le traslada, X, escribe por correo electrónico, pero nunca hacen nada al respecto”. Otro de los casos que muestra el empeoramiento de la convivencia en nuestro entorno cuenta el caso de una familia cuyos “vecinos de arriba constantemente hacen mucho ruido por las noches; un día por la mañana aproximadamente a las 7:40 horas les pidió por favor que dejasen de hacer ruido y entonces la pareja de vecinos comenzó a insultar y amenazar con pegarle y partirle la cara a ella y a su hija, con frases como: «Perra Extranjera, vete a tu país, puta. Vete de mi país. Ya te tengo ganas. Te voy a partir la cabeza a ti y a tu hija», a lo que ella les contestó que eran unos sinvergüenzas; entonces la mujer se le acercó para pegarle y ella se fue corriendo. Acudió a la Policía Municipal de su localidad y allí le dijeron que no podían tomar nota ni hacer nada porque no había habido agresión física y que estaban ocupados porque coincidía con la hora de entrada a los colegios”. Un empeoramiento de la convivencia que se muestra en casos como “Una persona trabajadora en un establecimiento de hostelería nos comunicó haber recibido el siguiente correo: «Buenos días. De cara a la posible reactivación económica tras la presente pandemia, los animamos a nacionalizar su plantilla. Esto es, a sustituir inmigrantes (los nacionalizados también lo son) por nacionales o en caso de que fueran a aumentar plantilla a contratar solo nacionales».
Asimismo, desde la Federación SOS Racismo se recuerda que parte de la solución a esta realidad se puede dar en “el contexto de configuración de Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades autónomas, así como en la actual convocatoria de elecciones en la que estamos inmersos, poniendo encima de la mesa la necesidad urgente de abordar de manera integral la lucha contra el racismo y la discriminación, pasando de simples iniciativas de lucha contra el racismo a políticas públicas antirracistas”, así mismo, esta federación exige “que más allá de intereses partidistas, el respeto a los derechos humano, a la diversidad y pluralidad de TODAS las personas forme parte de la agenda a la hora de negociar gobiernos locales y autonómicos, así como en los programas políticos de cara a las elecciones generales”.
En este sentido, la federación invita a los partidos políticos a sumarse a sus propuestas de mejora de la convivencia y a la generación de sociedades antirracistas, con medidas como:
- leyes y políticas integrales que aborden la realidad del racismo y la discriminación de forma transversal y desde una mirada antirracista y feminista;
- el desarrollo de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación;
- el aumento de la participación social en la formulación de políticas públicas, garantizando la presencia de personas y entidades racializadas, así como colectivos y organizaciones antirracistas;
- un nuevo modelo policial,
- inversión en políticas antirracistas comunitarias, por el empoderamiento de las personas y comunidades racializadas, migrantes y gitanas
- apuesta por la justicia racial y social y la mediación y justicia restaurativa como herramientas para la lucha frente al racismo, las agresiones y conflictos vecinales.