En Bolivia está vigente una política de subvención estatal desde el año 2006, como Modelo Económico Social Comunitario y Productivo.
A ello se debe el control de la inflación, a la política de subsidios que aplica actualmente el gobierno del Presidente Luis Arce. Fundamentalmente están subvencionados los alimentos estratégicos e hidrocarburos, cuidando la economía de los bolivianos, evitando presiones inflacionarias y manteniendo la estabilidad.
En 2022, la administración presupuestó 737 millones de dólares en subvenciones a alimentos e hidrocarburos, pero al cierre de ese año el monto alcanzó el doble y llegó a 1.500 millones de dólares, según datos oficiales.
Para el presente año se han presupuestado 1.161 millones de dólares a subvención de alimentos e hidrocarburos, según explicó el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, reconociendo que aunque esta política genera un gasto para el país, se justifica porque mantiene la estabilidad y evita una escalada inflacionaria.
En mayo de este año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 0,57 por ciento respecto abril, difundió esta semana el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE). A su vez, el IPC acumuló también de enero a mayo de este año un incremento en el mismo porcentaje (0,57 por ciento), mientras que en los últimos 12 meses el aumento fue de un 2,90 por ciento. El aumento en los precios se explica sobre todo por una variación en las divisiones de alimentos, bebidas no alcohólicas, vivienda, servicios básicos, prendas de vestir, calzado y servicios diversos, entre otros rubros.
Según afirmó Mamani, la baja inflación que registra el país sudamericano – a diferencia de varios otros en el Continente – se debe a las políticas económicas y sociales aplicadas por el Gobierno de Arce, basadas sobre todo en subsidios a sectores estratégicos.
