(En Memoria de Rodrigo Pica)
En realidad, debemos considerar un acierto la advertencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en cuanto a que si el Estado no recauda lo necesario para implementar sus políticas sociales Chile podría enfrentar un nuevo y severo estado de convulsión. Qué duda cabe que los chilenos ya han perdido su esperanza en que el actual gobierno de Gabriel Boric logre, con el asentimiento de la oposición de derecha, satisfacer las agudas demandas pendientes en materia de salud, trabajo, salario, educación, previsión, vivienda y otros temas.
Por algo las encuestas y los últimos resultados electorales indican una alta desaprobación de las autoridades y un descrédito muy severo del conjunto de la clase política. Se comprueba, así mismo, un estado de gran irritabilidad social que se expresa de las más diversas formas, entre ellas con el aumento del crimen organizado que asola a todo el territorio y que se manifiesta con mucho más encono que antes.
Por supuesto que no está en la idea del señor Ministro apelar al pueblo para que con su movilización y protesta presione en favor de la reforma tributaria y una mayor recaudación fiscal. Lo que hace el titular de Hacienda es nada más que atemorizar a la derecha y a los grandes empresarios a fin de que apoyen esta y otras iniciativas oficiales que, por lo demás, son bastante tibias y nada de revolucionarias. Sin embargo, inmediatamente la prensa opositora, la mayoría parlamentaria derechista y las entidades patronales han acusado a el ministro Marcel de “chantajearlos” para lograr sus propósitos. Advirtiéndole a La Moneda de que no van a aceptar su política de elevar los impuestos en una de las naciones de mayor asimetría en el mundo entre los ingresos de ricos y pobres.
Por lo demás, el miedo ya existe respecto de un nuevo estallido en la población. Profesores y estudiantes anuncian paros y marchas una vez que retornen de sus vacaciones de invierno. Prácticamente la mitad de los usuarios del transporte se niegan, además, a pagar sus pasajes y mucho se teme que el alza en los cobros del peaje, la electricidad y otros servicios se constituyan en julio próximo en un detonador del descontento, tal como ocurriera en el pasado.
A pesar de la bravata ministerial, la oposición política y empresarial confía más bien en que el Gobierno va a reprimir el descontento social, así como lo hace actualmente en la macrozona sur con las reivindicaciones indígenas. Encarcelando, como sabemos, a dirigentes que en el pasado eran considerados héroes por quienes hoy están en La Moneda. Además de darle a los militares y policías licencia hasta para matar en virtud de los estados de emergencia que decreta. Cobrando víctimas todos los días entre quienes no se sabe muchas veces si se trata de verdaderos delincuentes (entre ellos no pocos menores de edad). Algo difícil de explicarse cuando hasta solo un año atrás el nuevo gobierno prometía implementar una renovación profunda en Carabineros en consideración a su desmedida represión y flagrantes violaciones de los Derechos Humanos
A esta altura, es muy improbable que el Gobierno vaya a apelar a la movilización del pueblo para acompañar y hacer cumplir su programa. Boric y las agrupaciones políticas que lo acompañan no son Allende ni la Unidad Popular. Más bien lo que se observa es que la centro izquierda gobernante quiere conciliar posiciones con la derecha y las organizaciones patronales. Ilusionados por conseguir de los sectores más refractarios alguna sensibilidad social. Sin reconocer que estos están cada vez están más envalentonados por el revés que le provocaron al Ejecutivo en su proyecto constitucional y por el apoyo que hipócritamente estos sectores vienen cosechando de los escándalos a la probidad que afectan a las nuevas autoridades.
Escandalosos episodios, ciertamente, en que otra vez ingentes recursos fiscales son traspasados ilegalmente a fundaciones y operadores políticos pertenecientes a partidos que, hasta unos meses atrás, se ufanaban de representar una nueva ética en la política. Fustigando, de paso a los concertacionistas que resultaron derrotados en los últimos comicios presidenciales y parlamentarios y que ahora, curiosamente, son convocados a integrar los equipos de nuevo gobierno.
No hay que engañarse: el miedo al pueblo que siempre y en todo lugar sienten las derechas, sus medios de prensa y las poderosas entidades patronales es compartido también por quienes arribaron al poder sin demostrar contundencia ideológica, coraje y solvencia programática. Tanto así que los que afanosamente buscan es sacudirse de la responsabilidad que les cupo en aquel Estallido Social del 2019 que fuera mitigado, en realidad, por la Pandemia que afectó al mundo y a nuestro país. Una revuelta social que, por supuesto, puede reeditarse cuando las desigualdades persisten y se reiteran las impunidades cometidas por los enemigos del pueblo. Entre los que se reconoce ahora al conjunto de la clase política.
