“Los territorios, la vida, la soberanía están en inminente peligro”

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, con sus organizaciones regionales (CONFENIAE, Ecuarunari, CONAICE), el Frente Nacional Antiminero, organizaciones sociales, ambientalistas y ciudadanía se movilizaron el martes 13 de junio, en más de 10 provincias del país, para entregar a la Corte Constitucional y a los gobiernos seccionales, el “Mandato por la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza, por un Ecuador libre de minería y la demanda de inconstitucionalidad, por forma y fondo, del reciente Decreto Ejecutivo No. 754”.

El mandato antiminero está dirigido al Gobierno de Guillermo Lasso, a los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, cantonales y provinciales, recientemente electos, así como a los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional.

Luego de la declaración de la “muerte cruzada”, que disolvió la Asamblea Nacional, en mayo pasado, el Ejecutivo gobierna mediante decretos ordinarios, encaminados a instalar sus políticas neoliberales, fuera de la Constitución. Ante este posible escenario, el movimiento indígena ya advirtió al Presidente Lasso que se “abstenga de emitir medidas que afecten los derechos humanos, los bolsillos de los ecuatorianos y relacionadas con temas sensibles que puedan convulsionar al país“.

En este caso, el decreto anti constitucional Nº 754 del 31 de mayo de 2023, reformó el Código Orgánico del Ambiente, para permitir al Ministerio de Ambiente llevar a cabo procesos de “consulta ambiental”, en contradicción con el derecho de los Pueblos y nacionalidades a la “consulta previa e informada”, abriendo de este modo la puerta trasera para emitir licencias ambientales de “proyectos mineros suspendidos”.
El Presidente de la CONFENIAE, Marlon Vargas, anunció que ante la política del gobierno de dictar decretos “en contra de la vida, el agua y los territorios, vamos hacia una movilización”.

El dirigente del Frente Nacional Antiminero, Luis Corral, declaró que el “8% de los territorios del país está concesionado” y demanda al nuevo gobierno, que se instalará tras las elecciones anticipadas de agosto, que realice una “auditoría integral a todas las concesiones mineras”, para “detener la destrucción de los Andes”.

En un contexto de extrema criminalización de las luchas sociales, Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE, denunció al Gobierno que “está saqueando al país” y llamó a sumarse al Sí en las dos consultas populares nacionales, que se realizarán en agosto próximo: “Quito sin minería” para defender el Chocó Andino, y la de “dejar bajo tierra el crudo en el Parque Nacional Yasuní”. Lo que está en juego es la vida de los pueblos amenazados por las políticas petrolera y minera”.