En su primera cuenta pública de 2022 Boric señaló: “Quiero ser enfático en esto, debemos asumir la responsabilidad de enfrentar las desigualdades que vive la ciudadanía y que se expresan en múltiples dimensiones. Quiero que construyamos, juntos y juntas, un país en donde la educación, la salud, la vivienda, tu seguridad social, no estén determinadas por cuanta plata tiene tu familia. Son derechos y, como tales, el Estado tiene el deber de garantizarles”.
En contraste con lo declarado, a la fecha estos derechos siguen siendo vulnerados y las desigualdades asociadas a ellos no logran ser resueltas en su última raíz, siendo testigos de que transcurrido el tiempo aún persisten y se agudizan bajo la mirada de un gobierno social demócrata.
A una semana de haberse realizado la cuenta pública 2023 del gobierno de Gabriel Boric , y escuchado las reacciones y comentarios de diferentes personeros de la elite política chilena, se confirma la derechización empírica de la dirección política gubernamental, envuelta en un larguísimo relato de cosas que no se podrán cumplir, porque no se cuenta con la disposición de la elite económica para aceptar la “propuesta tributaria” con la que realizar su financiamiento.
Hoy seguimos observando el mismo tipo de esfuerzos comunicacionales gubernamentales, en que se han empeñado desde la vuelta a la democracia tanto los gobiernos concertacionistas como de derecha, buscando mostrar avances en materia de derechos fundamentales a través de cifras triunfalistas y discursos emotivos con alusión a personas específicas (La señora Juanita de Lagos), y que no alcanzan para que lo enunciado cobre real sentido en una ciudadanía golpeada por las urgencias provocadas por problemáticas sociales de larga data, y que se siente confundida ante tantos cambios discursivos emitidos por quienes debieran garantizar sus derechos básicos y trabajar
en políticas públicas que contribuyan a una vida digna para cada ciudadana y ciudadano de este país.
Este relato, con nuevo rostro y con extensión de “récord Guinness”, en su contenido de fondo es el mismo que usó por décadas la Concertación (con sus diferentes “chapas” epocales), a saber: “nosotros estamos empeñados por responder a las necesidades de la ciudadanía, pero la derecha lo impide”.
Paralelamente a esta última cuenta pública, acciones concretas de grupos organizados en torno diversas temáticas dan cuenta de una realidad bastante distante de los anuncios gubernamentales: Estudiantes, profesores (activos y jubilados), trabajadoras y trabajadores sindicalizados , jubilados, personas aquejadas por una enfermedad, defensores de derechos humanos y de niñas, niños, adolescentes, mujeres, diversidades étnicas y sexuales, ambientalistas, han levantado la voz para exigir más equidad y más justicia ante el avance y agudización de un sistema político, económico y social antihumano, que se sustenta en el gatopardismo político y el poder económico de unos pocos
imperante en nuestro país.
¿Será a ellos a quienes se les habla en las cuentas públicas? ¿O será a la élite política y/o grupos económicos que, con su poder, constantemente presionan y logran desacoplar y desviar programas apoyados en las urnas?
Toda la energía desplegada por distintos andamiajes, desde los movimientos estudiantiles, los ámbitos de coordinación ampliados, el levantamiento feminista, la revuelta popular y juvenil que desestabilizó al sistema, los movimientos sociales y gremiales organizados y movilizados, provocó que en una década (2012 a 2022) el Frente Amplio lograra llevar las agendas sociales a La Moneda, para cerrar las brechas de desigualdad e indignidad nacional. Sin embargo, hoy dichas agendas quedan en un nuevo status quo.
La credibilidad y gobernabilidad de los gobiernos se juega en el cumplimiento de los programas presentados en periodos electorales y de la capacidad de diálogo con las partes incumbentes de una sociedad en pos de lograr avances estructurales significativos para un país. El inmenso despliegue económico, sobre todo de los grandes partidos políticos, y el empleo de diversas estrategias comunicacionales para captar adeptos y, posteriormente, el voto a favor de un determinado programa de gobierno, pareciera tener como único objetivo el conseguir un puesto en las cúpulas del poder y de los privilegios, y que una vez alcanzado se aleja el elegido de los intereses de sus votantes que le permitieron llegar ahí.
Así, diversos programas de gobierno, de diversas ideologías, han cambiado sus propuestas originales en la transacción, donde prima los intereses y protección de los grupos económicos, entre los malentendidos representantes, y sus voluntades políticas, y donde la ciudadanía es excluida de toda forma de participación.
Frente a las acciones de gobierno que responden a los intereses de la élite, dando la espalda a la gente, las expectativas frente al discurso nos quedaban nulas. Nuevamente se confirma la trampa de la democracia representativa, en que se compromete una hoja de ruta de políticas públicas en el periodo electoral, pero una vez electos tales compromisos se desatienden, y aparece una nueva agenda de gobernanza, la de “en la medida de lo posible”.
En detalle en ella se apoya el TPP11, se valida las cúpulas corruptas en carabineros y se le dan atribuciones inconstitucionales en el uso de armas; se militarizan diversas regiones bajo un interminable “estado de excepción” que padecen especialmente las comunidades en territorio Mapuche; se concreta la ansiada flexibilización laboral pulsada por la patronal bajo el título de rebaja de jornada laboral; se criminaliza la toma de terrenos, que ha sido históricamente la herramienta de los pobres para forzar la entrega de proyectos de vivienda; se encarecen las tasas de interés de préstamos y tarjetas de crédito, enriqueciendo a la banca y desestabilizando los proyectos familiares
de la capas asalariadas; se desatienden las voces de los territorios que claman por una canasta básica de alimentos resguardada de la usura; se da la venia a las mineras en su expansión extrastivista; y se entrega el litio a la voracidad del empresariado. En definitiva, se bajan las banderas de igualdad y dignidad social, y se vuelve a las políticas públicas focalizadas; el caso a caso, con barreras burocráticas que recuerdan las propuestas de Piñera.
Además se desconocen en la práctica los compromisos con las y los docentes de cancelar la deuda histórica; y algo similar con los esquilmados deudores del CAE (financiamiento usurero para universitarias(os) con aval del Estado).
Y en lo político, el claro ejemplo de esta dirección es la firma del Acuerdo por Chile (sin Chile) y su forma de instalar el segundo intento del Proceso constitucional en nuestro país, en que se refuerza la dominación del “partido del orden”, validando un proceso constitucional sin participación ciudadana, donde más de cinco millones de personas (nulos, blancos y abstenciones) obligadas a votar, le dieron la espalda a la nefasta iniciativa en curso. Y paralelamente, se refuerza la dirección de cerrar las puertas de participación a nuevas iniciativas partidistas, en un afán de control del poder político desde los grupos que hoy lo conforman.
Y frente a todas estas situaciones descritas, el presidente nos explica “orgullosamente” en su cuenta pública que se trata solo de “un cambio de prioridades” (un eufemismo que a nivel popular tiene otra fuerte caracterización).
A estas alturas, en que los esfuerzos políticos por superar la desigualdad escalofriante que padecen las chilenas y chilenos se desvanecen, quedan las puertas abiertas a los discursos de extrema derecha, y los vemos en los resultados de la encuesta Mori : … en la pregunta sobre la justificación del golpe de Estado, que ha sido formulada en los últimos 20 años por la misma encuesta. En 2003 un 46% dijo que “nunca hay razón para dar un golpe”, una cifra que subió al 65% en 2006; bajó a 54% en 2009; subió a un 68% en 2013, en la conmemoración de los 30 años, y cayó en 17 puntos porcentuales en 2023. “No queda claro el veredicto definitivo si acaso nunca hay razón, o tenían razón”, dice el estudio.
El evidente fracaso de los liderazgos personalistas, que deciden no gobernar con la ciudadanía, refuerza la imagen futura que succiona el activismo de hoy para la construcción de una democracia directa, participativa, soberana, que levante el protagonismo colectivo desde las bases territoriales; un nuevo poder que supere los estragos sociales de esta etapa de individualismo, competencia enloquecida, negacionismo y deshumanización.
Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública
