Quienes integramos la agrupación de víctimas y sobrevivientes a abusos en entornos institucionales -Iglesia Católica y otros espacios dependientes directa o indirectamente del Estado-, acompañamos las denuncias de las personas que en Bolivia avanzan en develar los crímenes que la Iglesia Católica insiste en encubrir. En nuestra experiencia, no es fácil romper con el blindaje judicial y mediático de una institución muy poderosa en nuestros países, que además cuenta con aliados en los mismos poderes del Estado.
Cuando la sociedad mira a la cara a los que padecimos estos delitos en nuestras infancias, adolescencias o siendo adultos vulnerables, tiene la oportunidad de empezar a entender la gravedad de estos crímenes que el sistema internacional define como delitos contra los derechos humanos; hablamos de tortura, tipificado de este modo por los organismos de Naciones Unidas.
También seguimos con preocupación diversos anuncios de obispos y posibles visitas vaticanas. En Chile ya conocemos la mentira de las soluciones de la Iglesia. Una institución criminal no puede investigarse a sí misma. Para que un religioso pueda abusar como lo hace requiere de toda una institución que le ha protegido por décadas y que lo seguirá haciendo esta vez disfrazándolo de justicia.
El sistema penal vaticano ha sido cuestionado por no cumplir con los mínimos de un debido proceso vulnerando los derechos de denunciantes y denunciados. La sesión de soberanía que un país hace al permitir que un estado extranjero investigue y supuestamente sancione crímenes ocurridos en su territorio es algo incomprensible para quienes somos víctimas de los mismos. Naturalizamos que un enviado europeo usurpe los deberes y derechos del sistema nacional de justicia. Ya antes naturalizamos que quienes han sido denunciados como violadores de niñeces sean protegidos por la institución a la que pertenecen usando el mismo manual del encubrimiento en todo el mundo: traslados, secretismo, castigos simbólicos; usando la fe como excusa.
Hacemos un público llamado a la sociedad boliviana y a todos los pueblos de Latinoamérica a reaccionar con mano firme y desde la justicia nacional en cada país a investigar y sancionar estos crímenes como lo que son, sin aceptar privilegios simbólicos o materiales de aquellos denunciados como autores y encubridores.
Ponemos a disposición de las víctimas, sus abogados y autoridades competentes de nuestro país hermano el conocimiento y la experiencia de esta agrupación tendiente a evitar daños aún mayores e irreparables al iniciar procesos de supuesta investigación independiente que no son tales. En el mundo existen ejemplos de éxitos pero también fracasos encarando la creación de una Comisión de la Verdad. Durante años hemos sistematizado dicho material y lo ofrecemos tanto a la sociedad boliviana como a quienes así lo requieran a fin de que se avance en verdad, justicia, reparación y no repetición; beneficios que son para todos los pueblos que habitan un país y no sólo para las víctimas directas.
Red de Sobrevivientes – Chile
