El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió hoy en la madrugada la Asamblea Nacional, ante su inminente destitución en el juicio político por delito de peculado que inició ayer el poder legislativo.
Mediante decreto #741, Lasso utilizó la “muerte cruzada”, basado en la causal de “grave crisis política y conmoción interna”, que contempla el artículo 148 de la Constitución. El mismo decreto notifica al Consejo Nacional Electoral para “que convoque a elecciones dentro del plazo de 7 días”, para los cargos de Presidente, Vicepresidente y Asamblea, para completar el período de dos años restantes.
Más allá de la pugna política, en la que se escuda el Presidente, los datos muestran que el Gobierno ha cruzado los límites de gobernabilidad, con menos del 15% de aceptación de la población, según las últimas encuestas de opinión, y el rotundo triunfo del No en el Referéndum de febrero pasado, donde 6 de cada 10 ecuatorianos rechazaron las reformas constitucionales, de corte neoliberal, propuestas por el gobierno.
Sin respaldo ciudadano, arrinconado políticamente, pero con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las élites económicas, el Presidente gobernará los próximos seis meses, por medio de “decretos de urgencia económica”, previo dictamen de la Corte Constitucional sobre el decreto emitido, hasta la instalación de las nuevas autoridades nacionales.
La causal de crisis y conmoción, utilizada en el decreto, contrasta con la instalación democrática y esperanzadora en todo el país, de las nuevas autoridades de los 221 municipios y 24 gobiernos provinciales (Gobiernos Autónomos Descentralizados), hace apenas tres días, el domingo 14 de mayo pasado. En este nivel de gobierno se evidencia un fuerte debilitamiento político del gobierno, puesto que una gran mayoría de autoridades provienen de la oposición, sobre todo del progresismo y del Movimiento Pachakutik.
