Escrito por: Noelia Carrazana de Mink´a Comunicación

Desde el 14 de enero del 2020, momento que tomó posesión al cargo de presidente Alejandro Giammattei se agudizaron algunas medidas desde el gobierno tendientes a sacar del tablero del poder a todo aquel que tenga una actitud crítica. Hoy 15 de mayo es la última edición de El Periódico, un medio de prensa guatemalteco que tiene a su director y fundador José Rubén Zamora Marroquín preso hace 10 meses por denunciar la corrupción que rodea al presidente de este país.

A inicios de mayo la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó fuera de toda posibilidad legal de poder participar en las próximas elecciones presidenciales al binomio del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) Thelma Cabrera y Jordán Rodas. Cabrera ya participó en las elecciones presidenciales de 2019, quedando en aquel momento en cuarto lugar, por lo tanto, era una apuesta a la renovación del arco político. En estas elecciones el MLP decidió que su compañero de fórmula sea el ex procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, quien luego de la inscripción del binomio fue denunciado por Alejandro Córdova, su sucesor en el cargo, quien presentó una denuncia contra el ex procurador por asuntos administrativos en el pago de sus prestaciones, lo que supuestamente habría invalidado el finiquito de Rodas.

El sábado 6 de mayo fueron asesinadas a balazos Nicolasa López Méndez, de 27 años y Victoria Méndez Agustín, de 18 años, cuando se trasladaban a su comunidad. El asesinato se dio en la ruta a plena luz del día. Jordán Rodas condenó el asesinato y recordó que ambas eran defensoras de derechos humanos en la Aldea El Camarón. “Esto ocurre en el contexto de un proceso electoral excluyente y de criminalización hacia dicha organización. Este crimen debe investigarse, para que no quede en la impunidad”.

CODECA denuncia que desde 2018 a la fecha han sido asesinados 27 defensores de la naturaleza que ocupaban puestos de liderazgo. Estos asesinatos también se dan casi un mes antes de las elecciones y en paralelo a que todos los días la candidata Thelma Cabrera realiza diariamente visitas a distintas comunidades para proclamar a los más de 110 candidatos a diputados al Congreso de la República y 170candidatos a alcaldes en los diferentes municipios.

En un comunicado que difundió el MLP se podía leer: “Cabe resaltar que no se trata de un hecho aislado. La misma comunidad ha sufrido diversas agresiones, como el sabotaje con el cual la empresa DEORSA (ENERGUATE) ha dejado sin energía eléctrica a varias comunidades del área a lo largo de losúltimos dos años o el ataque armado del que fueron objeto, miembros de la comunidad por parte de supuestos miembros de la Policía Nacional Civil, en el año 2021. Estas acciones represivas tienen como fin acallar las voces de resistencia que exigen la nacionalización de la energía eléctrica. Las víctimas mortales del movimiento CODECA».

DECRETO 8-2023 CRIMINALIZA A LAS COMUNIDADES 

El 22 de marzo el Congreso aprobó el decreto 8-2023 que realiza reformas al Decreto Número 17-73, Código Penal y al Decreto Número 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada.

El decreto 8-2023 pena el robo de energía eléctrica, agua o gas con hasta 12 años de prisión y caracteriza esta acción como “Delincuencia Organizada» en donde contempla el aumento de las multas y penas de cárcel por el hurto, instalación o conexión ilegal de energía eléctrica y agua. Esto va en contra de las acciones de las comunidades que en muchos casos ante las cifras excesivas o mala calidad delservicio de Energuate se han conectado directamente al flujo eléctrico sin realizar el pago mensual.

Energuate es una distribuidora controlada por la firma inglesa Actis Capital y opera en monopolio en el 86% del país. Por lo menos 160,000 de los 1.6 millones de usuarios de Energuate están “en resistencia” y se han conectado de esta forma y hasta la fecha no podían ser criminalizados por esta acción.

Son constantes las protestas por cortes totales del suministro de Luz, es el caso de comunidades cercanas a Jutiapa que se movilizaron hace pocos días con cortes de carreteras para denunciar: “Sin energía eléctrica ya casi por 100 días consecutivos. Empresa distribuidora #ENERGUATE deja sin electricidad a un promedio de 20 mil personas manipulando a representantes de los consejos municipales. Bajo sol,iluminados por la Luz”.

El estado gobernado por Giammattei está en la mira por las constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y pueblos originarios, al punto que luego de la visita en Washington del binomio del MLP en marzo del 2023 la CIDH llamó: “Al Estado de Guatemala a garantizar la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos mediante normativas y prácticas que posibiliten el acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios”, pero parece que estas recomendaciones de nada  sirvieron ya que la situación de peligro para las personas defensoras de la naturaleza se agudizó.

El comunicado del MLP denunció en este mismo comunicado: «Estos asesinatos, la represión y criminalización en contra del movimiento CODECA, así como la persecución de periodistas, operadores de justicia, ex funcionarios públicos dignos y cualquier otra voz que se oponga a este intento de dictadura impuesta por las mafias. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y exigimos una investigación rápida y efectiva para dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho. Instamos a las personas honestas ydemocráticas a fortalecer la organización en todos los territorios, urge un proceso de asamblea constituyente para construir un Estado popular y plurinacional que garantice condiciones dignas de vida para todas y todos”.