Al leer a algunos analistas políticos retardatarios se aprecia su malestar ante el hecho de que las diversas expresiones de derecha no sean capaces de consolidar un entendimiento entre estas para encarar con más éxito su oposición al gobierno de Gabriel Boric. Les irrita que haya colectividades de la llamada centro derecha que se empeñen en mostrar sus diferencias con el Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, colectividad que acaba de resultar victoriosa en las últimas elecciones para elegir a los miembros de la nueva Convención Constitucional.

Ciertamente no existen muchas diferencias ideológicas entre ellos si asumimos que todos en el pasado fueron entusiastas partidarios de la Dictadura, como lo han sido posteriormente del legado de Pinochet, por más que algunos hoy se sonrojen de las severas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Régimen Militar. En unos y otros, de verdad, se aprecia la misma complacencia respecto del régimen institucional autoritario todavía vigente y, sobre todo, del modelo económico social ultracapitalista francamente consagrado por todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos treinta años.

Ya sabemos que las propias administraciones de la Concertación y de la Nueva Mayoría terminaron encantándose con las políticas neoliberales y muy poco hicieron para encarar las profundas desigualdades, frenar la extrema riqueza y procurar una más justa distribución del ingreso.

Es evidente que lo que mejor explica el auge del Partido Republicano es la forma en que ha explotado a su favor el clima de inseguridad que vive el país, asolado por una verdadera explosión del crimen organizado. Es decir, por la forma en que le ha imputado al gobierno actual su debilidad en cuanto a combatir estas lacras, cuando en realidad los crímenes que hoy afligen a la población no son nuevos y es innegable que desde La Moneda se ha entregado prácticamente un cheque en blanco a la actuación de las policías, además de otorgarles ingentes recursos a su tarea represiva.

No puede desconocerse la secuencia de estados de emergencia decretados por La Moneda, la militarización de la Araucanía y esos miles de soldados y policías repartidos por todo el país.

Cuestión que repugna, por supuesto, a sectores de la izquierda, los que hasta hace apenas unos meses coincidían en que había que implementar una profunda reforma al Cuerpo de Carabineros, después de comprobarse los abusos represivos cometidos por muchos uniformados en contra de quienes protagonizaron el Estallido Social. Junto con comprobar que su oficialidad incurriera en graves actos de corrupción y malversación del erario público.
Quizás sea el principal pecado de gobierno de Gabriel Boric su incapacidad para neutralizar las acusaciones que se le hacen y al respecto, en la cual sus más extremos detractores cuentan con la televisión y el conjunto de la prensa para exacerbar la situación de inseguridad que efectivamente vive la población, junto con emitir cotidianamente alabanzas, a los policías y sectores castrenses que los induzcan a desafiar el orden institucional. De la misma forma en que procedió la derecha hace cincuenta años para soliviantar a las Fuerzas Armadas y de Orden, como a materializar el Golpe de Estado de 1973.

Mucho explica la desventaja ideológica actual de la izquierda la incapacidad de los gobernantes en definir una política comunicacional y fomentar el desarrollo de medios de información libres que nos sean cooptados por la publicidad que en realidad rige en la orientación de los medios y noticiarios. En este sentido, parece inexplicable que todavía el Estado no indemnice a los dueños del diario El Clarín después de un fallo arbitral internacional que lo conminó a hacerlo. Un matutino que lideraba la circulación de periódicos antes que fuera asaltado por el Régimen Militar.

Sobre todo, cuando se sabe que sus propietarios lo que se proponen es reeditar un medio en Chile que contrarreste la enorme influencia de duopolio El Mercurio y la Tercera de la Hora.

Esta grave falta de diversidad informativa es lo que más pone en duda de que en Chile exista un verdadero régimen democrático. Lo que no solo afecta la imagen de quienes gobiernan sino que, además, contribuye a alentar la defensa corporativa de los más poderosos empresarios. Por lo que no es de extrañarse la soberbia de las grandes patronales y la forma en que los intereses que se mantienen en la administración de pensiones y la salud privada estén empeñados en bloquear las reformas tributaria y previsional, así como incumplir con un fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a devolverle a sus usuarios los millonarios cobros abusivos de los últimos quince años.

Es tanta la influencia ideológica que ejercen las fuerzas opositoras que es posible visualizar dentro del propio oficialismo y de algunas expresiones autodenominadas de centro izquierda una progresiva defensa del sistema de asociaciones de fondos de pensiones y administradoras de salud privada. En un proceso que se sabe han sido sobornados parlamentarios y otros funcionarios públicos que se empeñan en bloquear la mayoría parlamentaria que La Moneda debe conseguir para aprobar tales reformas.

El descaro de los grandes empresarios ha llegado al extremo de rechazar la generosa oferta del gobierno de promover la explotación del litio mediante la asociación conjunta de empresas públicas y privadas. Cuando se sabe que este recurso pertenece totalmente al Estado y bien podría este desahuciar o esperar que caduquen las actuales concesiones a privados. Un negocio que reditúa millonarias utilidades a sus administradores. Por encima, incluso, de los recursos tributados por el cobre.

Tienen razón algunos analistas en augurar una polarización de la política y el riesgo de que, por un débil desempeño de la centro izquierda, la balanza electoral se incline hacia la derecha más extrema y mucho más hábil de explotar a su favor el descontento. Sumando apoyos entre los millones de chilenos desencantados incluso de la propia democracia, según lo expresan las más recientes encuestas.

Sin desistirse de las reformas que más hostigan a la derecha, el Presidente Boric debiera proponerse cumplir con todas las promesas comprometidas, entre ellas la condonación de las deudas de miles de estudiantes universitarios con serias dificultades para financiar sus estudios.

Del mismo modo que destrabar en el Congreso Nacional los proyectos de ley ya señalados en materia tributaria y derechos sociales. Medidas que lograrían aglutinar a las bases de la abigarrada centro izquierda, muchos de los que muestran formas de frustración y tienden a engrosar el enorme voto nulo.

Pero muy importante será tener éxito en el debate de ideas y la consolidación de medios de expresión que contrarresten el influjo populista de la derecha. Preocuparse más de afianzar la lealtad de los sectores políticos y sociales que sin duda esperan de las reformas, sin pedirle auxilio a algunos partidos y dirigentes de derecha, empeñados en propiciar de nuevo la retardataria “política de los acuerdos”. Cuyas bases, como ya se ve, son irremediablemente arrastradas hacia el redil del Partido Republicano que concita tantas voluntades entre los chilenos que nunca han tenido vocación democrática, formación ideológica y cometido ciudadano. Como la historia de este último medio siglo lo comprueba.