Sin política social, la política de seguridad es sólo una declaratoria de guerra.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, frente a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, del 27 de abril del 2023, sobre la declaratoria y recomendaciones al Presidente, referidas al enfrentamiento al terrorismo, expresa lo siguiente:
La discusión sobre la definición, codificación y uso coercitivo estatal para enfrentar al terrorismo tiene larga data. A nivel global cobra especial énfasis a inicio de este siglo, con prácticas extremadamente adversas a las garantías a los derechos humanos, que agudizan y resultan inversamente proporcionales al efecto buscado.
En el Ecuador el Código Orgánico Integral Penal incluye el delito de terrorismo y sabotaje como figura registrada desde el 2014, actualizado con las reformas recientemente aprobadas, que entrarán en vigencia en pocos días. El sistema de justicia de ese entonces usó de forma discrecional esa figura legal para responder duramente el ejercicio legítimo de la protesta por violación de Derechos Humanos, ejercida por organizaciones sociales y activistas.
El combate al terrorismo y la lucha contra el «enemigo interno» es una práctica gubernamental que termina en configurar el fenómeno de la criminalización de la protesta como política gubernamental, que ha permitido la detención sumaría y judicialización de dirigentes sociales y activistas en el Ecuador, posteriormente amnistiados.
Está en curso el debate reactivado sobre la pertinencia del uso de la calificación de terroristas, anunciado por el Gobierno Nacional, para responder a las organizaciones criminales, a través de la intervención directa de las fuerzas armadas, por encima de decretos de excepción. En el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresamos varias consideraciones al respecto:
– Las reformas recientes al COIP permiten la interpretación extensiva de terrorismo a actos que pongan en peligro la seguridad de servicios básicos esenciales o ambiente, y, en el presente contexto y, como en el pasado, fácilmente se usaría a conveniencia, manipulación, e incluso intimidación para quienes puedan ejercer defensa legal de todo acusado, sin que tengan ninguna relación con grupos delictivos o «terroristas».
– Existen bastantes evidencias que cuestionan el carácter disuasivo de penas duras para detener la criminalidad. En Ecuador rige la pena de muerte de facto frente a la ausencia de garantías a la vida en el sistema carcelario. Adicionalmente, se debe considerar seriamente el acelerado debilitamiento del aparato judicial para garantizar el debido proceso, como piedra angular del juicio justo.
– No hay duda de que, organizaciones criminales, en goce de privilegios dotados por la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estados, controlan completamente las prisiones, incluso las llamadas de máxima seguridad, y mantienen bajo secuestro a la población carcelaria.
– La verdadera política de desmonte del crimen organizado debe iniciarse retomando el control de las prisiones e implementando un real proceso de rehabilitación social que justifique la existencia de las cárceles. Actualmente, desde el interior de cárceles se organiza la criminalidad que afecta a comunidades y territorios.
Frente a la criminalidad, el Gobierno Nacional ha evidenciado total incapacidad, manejo errático y ha usado recetas inútiles para responder a la creciente angustia que sentimos. Basta preguntar qué resultados reales tiene la recurrencia de decretos de Estados de Excepción, toques de queda, uso de armas y ahora la figura de «combate al terrorismo», cuyo fracaso ha quedado en evidencia en países como Colombia, desangrado por políticas similares aplicadas durante varias décadas.
La respuesta requerida por organismos de Derechos Humanos, otros sectores de la sociedad civil y academia para detener la expansión de la criminalidad debe considerar que la miseria galopante que afecta a nuestra sociedad es el caldo de cultivo que nutre la delincuencia común, la delincuencia organizada y las formas más crueles de violencia criminal contra los ciudadanos comunes, y es obligación del gobierno proponer políticas sostenidas de Seguridad Ciudadana Integral, por lo que exigimos al gobierno, por enésima vez, que se defina cuál es la política social que aplicará para prevenir y combatir la raíz de la criminalidad, sin las cuales las estrategias militaristas serán solo una declaratoria de guerra destinada a un nuevo fracaso.
El CDH considera que no solamente es importante el fortalecimiento de las instituciones responsables directas del orden público y la seguridad, como la Policía Nacional, Fiscalía, Función Judicial y el sistema de rehabilitación penitenciaria, a las que se suman ahora las Fuerzas Armadas, sino, sobre todo, tener en cuenta que la raíces de la inseguridad ciudadana y la violencia criminal, están en el deterioro acelerado de la situación económica, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social, la falta de oportunidades de empleo, que agudizan en conjunto la conflictividad social, que explota violentamente a través del crimen.
Pretender que la violencia criminal se la combate exclusivamente con mayor número de armas, municiones, policías y militares en las calles, es no entender las causas complejas y multifactoriales de esta situación, por lo que el CDH reitera un llamado urgente al gobierno nacional a desarrollar de manera simultánea tres ejes de una política de seguridad ciudadana integral: 1) fortalecimiento operativo y de inteligencia de las fuerzas del orden, con énfasis en la detección y desmantelamiento de las redes del narcotráfico, que fortalecen y expanden las redes delictivas; 2) enfrentar una de las causas principales de la violencia delictiva común, mediante políticas sociales que fortalezcan el desarrollo humano, expresado en el mejoramiento de las condiciones de vida y empleo de los ciudadanos, sobre todo en los barrios populares; 3) Desarrollo de la seguridad barrial, enfocada en la recuperación de los espacios públicos y en la organización de la comunidad en los barrios, que requiere una corresponsabilidad de los gobiernos locales.
Guayaquil, 29 de abril del 2023
El Directorio del CDH
