La Corte Constitucional de Ecuador recibió varias demandas de inconstitucionalidad contra el decreto de la «muerte cruzada» a través del cual el presidente Guillermo Lasso disolvió este miércoles la Asamblea Nacional (Congreso), llamó a elecciones generales anticipadas y gobernará por decretos durante seis meses.
La «muerte cruzada», es una figura legal prevista en el artículo 148 de la Constitución aprobada en 2008, a la que Lasso invocó ante una «grave crisis política y conmoción interna» derivada de un juicio político por supuesto peculado en su contra en el Parlamento.
Las demandas fueron presentadas por un grupo de exasambleistas encabezado por Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), ex aliado de Lasso, y recientemente elegido segundo vicepresidente de la cesada Asamblea.
Otra demanda fue presentada por el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien afirmó que no hay razón para disolver el Poder Legislativo ya que no existe grave crisis política y conmoción interna, como ha argumentado el mandatario en el decreto.
«Nosotros exigimos que actué la Corte Constitucional, ellos son los garantes de la Constitución, los que tienen que resolver y les exigimos democráticamente que lo hagan de manera inmediata y se pronuncien», dijo Saquicela en rueda de prensa.
Añadió que cualquiera que sea el pronunciamiento de la Corte lo respetarán.
«Si es que la Corte se pronuncia en el sentido de suspender ese decreto inconstitucional, el Parlamento retornará (a sus funciones), pero si es que la Corte respalda ese decreto tendría que haber un proceso electoral», apuntó.
Agregó que lo resuelto por el presidente Lasso es un tema de «interés nacional» sobre el cual la Corte debe pronunciarse de inmediato.
«No para que los legisladores vuelvan a la Asamblea Nacional, sino para respetar el estado de derecho y la institucionalidad», dijo, para agregar que se «ha manoseado» el artículo 148 de la Constitución.
Saquicela, un legislador independiente que la semana pasada fue reelegido como presidente de la cesada Asamblea, dijo que el mandatario ha tomado la «salida más fácil» ante una eventual destitución dentro del juicio político.
Según expertos constitucionalistas, al presentarse las demandas, la Corte Constitucional puede suspender el decreto temporalmente, a través de medida cautelar, si es que se lo solicitan los demandantes y si se reúnen los requisitos que exige la Corte.
La sede de la Asamblea Nacional, situada en la zona centro-norte de Quito, la capital, se mantiene bajo resguardo militar y cerrada con vallas metálicas, tras la orden presidencial de disolución del Parlamento.