La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  presentó en conferencia de prensa el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Perú, en el contexto de las protestas sociales ocurridas a partir de diciembre de 2022. El informe concluye que hubo uso excesivo de la fuerza y que estas podrían calificarse como una masacre.

Por la tarde, la actual presidenta Dina Boluarte negó que su gobierno haya realizado ejecuciones extrajudiciales para reprimir las 477 manifestaciones que se realizaron en ese periodo.

La CIDH también encontró que durante las protestas “se registraron situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos”.

“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados” señalaron los comisionados.

Ambiente permisivo hacia la discriminación

De otro lado, la CIDH también identificó una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales que identifican a personas indígenas y campesinas como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”; calificaciones que contribuyen a un ambiente permisivo hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional contra esta población.

Fue precisamente la población campesina e indígena la que se movilizó desde diciembre reclamando reivindicaciones como el derecho a la igualdad sin discriminación, mayor representación política, adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Oídos sordos a recomendaciones de la CIDH

El informe emitido por la CIDH, brindó además recomendaciones dirigidas al Estado peruano al mando de la presidenta Dina Boluarte, quien señaló que “lamenta la pérdida de vidas humanas en las protestas y los actos vandálicos”, además de afirmar que en su gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole.

Asimismo, desde el Congreso de la República, diversos congresistas de las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular se manifestaron una vez conocido el informe, señalando que “desestiman las recomendaciones brindadas por la CIDH”, que este es “sesgado” y que tiene una “apreciación ideologizada” de los hechos.

Entre las recomendaciones de la CIDH, se destacan “garantizar la participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas en los espacios de toma de decisiones”, “tomar las medidas normativa o de otra índole para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”, “asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria y complementaria a las autoridades civiles”.

Asimismo, “reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales”, “asegurar que las medidas de reparación tengan un enfoque de pertinencia cultural, de género e intersectorial en derechos humanos”, “investigar todos los hechos registrado en el informe”, “abstenerse de adoptar  reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía o independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial”; entre otras.

Foto: RSD Chimbote.