Casi cinco meses después de la toma de posesión de la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajarara, Brasil ya presenta algunos avances en las políticas de protección a los pueblos originarios. Entre esos avances se pueden citar la demarcación de seis nuevas tierras indígenas, algo que no ocurría desde 2018; la institución del Comité Gestor de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental en Tierras Indígenas (PNGATI) y la recreación del Consejo Nacional de Política Indigenista (CNPI). También están en marcha una serie de medidas de auxilio a los yanomami, que viven en el norte del país.
El decreto de aprobación del proceso de demarcación de seis nuevas tierras indígenas fue firmado por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de abril y representa el último paso antes del registro formal. Los territorios oficializados son: Uneiuxi, en Santa Isabel do Rio Negro y Japurá, en Amazonas; Arara do Rio Amônia, en Marechal Thaumaturgo, en Acre; Tremenbé da Barra do Mundaú, en Itapipoca, en Ceará; Kariri-Xocó, en Porto Real do Colégio y São Brás, en Alagoas; Avá-Canoeiro, en Minaçu y Colinas do Sul, en Goiás; y Rio dos Índios, en Vicente Dutra, Rio Grande do Sul. En conjunto, estas áreas albergan a unos 3.700 indígenas.
Además, la Fundación de los Pueblos Indígenas (Funai), también dirigida por una mujer indígena, Joenia Wapichana, trabaja para homologar otros 14 procesos de tierras. Para ampliar la capacidad técnica del organismo y garantizar la ejecución de las políticas públicas de protección a los pueblos originarios después de años de desmantelamiento, ya se autorizó un concurso público para la contratación de 502 nuevos funcionarios de la Funai.
Recreado tras ser extinguido en abril de 2019 por el Gobierno de Bolsonaro, el CNPI se encarga de elaborar y supervisar la ejecución de las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas, mientras que el PNGATI tiene como objetivo promover y garantizar la protección, recuperación, conservación y uso sostenible de los recursos naturales en los territorios indígenas. Territorios como el del pueblo Yanomami, en Roraima, que fue declarado en situación de emergencia en enero de este año frente a la grave crisis sanitaria y nutricional en la región.
La creación del Ministerio de Pueblos Originarios fue una promesa de campaña del Presidente Lula y es el primero en toda la historia del país dedicado exclusivamente a las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Además Sonia Guajajara, electa diputada federal en 2022, nacida y criada en la tierra de Arariboia, en Maranhão, es la primera ministra indígena de Brasil. Del mismo modo, la abogada Joenia Wapichana, perteneciente a la comunidad Truarú da Cabeceira, en Roraima, es la primera indígena que preside la Funai en más de cinco décadas de existencia del organismo federal.
Según la ministra Sonia Guajajara, en este primer momento gran parte de las acciones y recursos del Ministerio de Pueblos Originarios se está destinando a enfrentar la crisis humanitaria del pueblo yanomami, víctima del avance de la minería ilegal. En audiencia pública en el Senado Federal realizada el pasado 10 de mayo, la ministra dijo que la acción integrada de ocho ministerios, ha generado acciones efectivas y urgentes como la instalación del Centro de Operación de Emergencia en Salud Pública y de un comité nacional con articulación de una estructura física y logística.
Entre los resultados alcanzados en el combate a la minería ilegal en la región, se puede mencionar el desmantelamiento de 330 campamentos y dos puertos de apoyo logístico, derivando en más de 40 detenidos, bloqueo de recuros e inutilización de decenas de balsas, aeronaves y embarcaciones. Hasta ahora, cerca del 80% de los invasores ya habrían abandonado la región. Como medida de largo plazo se está planificando la instalación de bases permanentes de fiscalización para evitar el retorno de mineros ilegales en esa y otras áreas indígenas, ya que operaciones similares se están desarrollando en territorios como Uru-Eru-Wau-Wau y Karipuna, en Rondonia.
Yanomamis
Los yanomami son alrededor de 33.000 personas distribuidas en más de 600 comunidades entre Brasil y Venezuela. Imágenes de niños y ancianos en estado de desnutrición aguda se difundieron por todo el mundo a comienzos de enero de este año. Más de 1000 indígenas, muchos de ellos presentando graves cuadros de malaria, debieron ser trasladados de urgencia a puestos de salud para recibir atención. Esos problemas de salud están directamente relacionados con la minería ilegal en sus tierras, práctica que contamina ríos y peces y provoca enfermedades.
No es novedad que ese pueblo –cuyo proceso de demarcación territorial se concluyó en 1992–, sufre la presencia de la minería ilegal. En la década del ’90, un ataque de mineros informales que produjo la muerte de 16 indígenas, se conoció como la masacre de Haximu. El problema, sin embargo, se ha venido agravando en los últimos años. Un estudio orientado por la Hutukara Associação Yanomami, destacó un crecimiento del 309% en el desmonte asociado a la minería ilegal entre octubre de 2018 y diciembre de 2022.
El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió la investigación de delitos, entre ellos el de genocidio, contra autoridades del gobierno Bolsonaro. La omisión del gobierno anterior frente a los impactos de la minería ilegal en la región amazónica, se hizo más evidente tras los asesinatos del indigenista Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips en junio de 2022. El ex presidente de la Funai, Marcelo Xavier y el coordinador de vigilancia territorial de ese organismo, Alcir Amaral Teixeira, fueron acusados por la Policía Federal, por mala conducta en ese último caso.
