Amnistía Internacional (AI) presentó en conferencia de prensa un contundente informe sobre la crisis política que vivió el Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 y concluyó que hubo ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del país.

El movimiento integrado por 10 millones de activistas de derechos humanos realizó una investigación en Lima, y en el interior del país, en departamentos como Ayacucho, Puno (Juliaca), Apurímac (Andahuaylas y Chincheros) donde hubo mayor número de protestas sociales y muertes. El informe presenta cinco conclusiones sobre la crisis que enlutó a más de 60 familias peruanas.

Primero, concluye que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima; incluso en las circunstancias en que grupos más pequeños de manifestantes utilizaron piedras, explosivos o armas artesanales.

Segundo, a pesar de que la primera víctima mortal se registró el 11 de diciembre y de que se produjeron varias muertes en los días siguientes, las fuerzas policiales y militares no cambiaron la táctica ni la estrategia empleadas en respuesta a las protestas sociales en las semanas siguientes, pese a que la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos pidieron a las autoridades que pusieran fin al uso excesivo de la fuerza.

Además, el informe concluye que la actual legislación nacional peruana facilita la impunidad en el seno de las fuerzas policiales de Perú con relación en el uso excesivo de la fuerza, con recientes modificaciones legales y leyes publicadas que no cumplen las normas internacionales y que permiten que los policías que pudieran ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos evadan la justicia.

Tercero, el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima, la capital del país, y las muertes registradas durante las protestas sugieren un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas.

Cuarto, aunque la mayoría de las protestas en todo el país se llevaron a cabo de forma pacífica, las más altas autoridades del poder ejecutivo peruano, incluidos la presidenta de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), estigmatizaron de forma intencionada a las personas manifestantes como violentas y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al Ejército.

Quinto, el Ministerio Público de Perú, en general, no ha llevado a cabo investigaciones penales de manera pronta, exhaustiva e imparcial; y una serie de medidas institucionales adoptadas por la Fiscal de la Nación entre diciembre y marzo han socavado aún más los procesos en curso.

Amnistía Internacional concluye el informe instando a las autoridades peruanas a “tomar de forma urgente medidas para terminar con la arraigada impunidad dentro de la Policía Nacional y el Ejército Peruano, pues permite un uso ilegítimo de la fuerza que responde a un sesgo racista contra las poblaciones indígenas y campesinas”.

Foto: Amnistía Internacional.