Está semana Chile y Perú decretaron estado de emergencia en sus fronteras por la situación migratoria que se vive, en una acción deplorable, y que profundiza las señales de Estados fallidos, sin capacidad de asumir las
complejas realidades actuales, y que priorizan la represión y la violencia, siguiendo el modelo de la Casa Blanca.

En la frontera entre Chile y Perú, específicamente Arica- Tacna, hay cientos de personas que se encuentran varadas en la frontera entre ambos países “en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas” como lo señala Amnistía Internacional producto de la medida del gobierno, del vecino país, que decretó estado de emergencia en Tacna y otros seis departamentos de ese país, al firmar su presidenta, Dina Boluarte, un decreto que dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el “control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas” impidiendo el paso a los migrantes. En la misma línea el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, puso en marcha un decreto de emergencia en el territorio que desde hace años ha sido parte de la ruta migratoria de las personas migrantes. Porque eso son, y no un número de una estadística más, seres humanos, en tierra de nadie y absolutamente abandonados por las entidades que debieran protegerlos.

Seres humanos que no abandonan su familia, sus amigos y su vida entera por capricho, sino porque la existencia se vuelve insostenible y la única opción es partir. Cuando alguien decide emigrar, deja atrás el lugar que le vio nacer, los lugares que construyen los recuerdos de toda una vida; deja atrás sus costumbres, sus tradiciones, su cultura; deja atrás a familia y seres queridos y en su trayecto afronta múltiples riesgos y un alto grado de vulnerabilidad. La mayor parte del tiempo, se hallan privados de los servicios esenciales y del apoyo de sus familiares, en un estrés continuo, social y ambiental. Al no tener un sistema de apoyo adecuado, su salud mental se ve afectada desarrollando altos índices de angustia, depresión, rabia, culpa, desesperación, confusión, aislamiento, insomnio, dificultad de concentración e irritabilidad. Y al llegar a destino, generalmente tienen dificultades para acceder a los servicios de salud, a la vivienda, a la educación o al empleo convirtiéndose en blancos fáciles de abuso, extorsión y explotación.

Efectivamente los Estados tienen derecho a ejercer jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en materia de derechos humanos y no castigando a quienes buscan protección internacional y claman por una mejor condición de vida. Para Erika Guevara, directora de AI para las Américas, “al militarizar y cerrar la puerta a miles de personas que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de (Gabriel) Boric (Chile) y (Dina) Boluarte (Perú) están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas” considerando además que surgen "en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular”.

Millones de personas están en movimiento permanente y hoy MIGRAR es un salto al vacío, es un acto de valentía, y debido a la desnaturalización política de todo el proceso actual, se aprecia que, incluso en las migraciones que se señalan como “deseadas”, en realidad existen una serie de fuerzas que las motivan. El hambre, la pobreza extrema y la creciente amenaza del cambio climático, sumados a la violencia, el conflicto y la persecución, han dejado a muchas personas sin otra elección más que escapar.

Todo análisis sobre migraciones ha considerado que la migración es económica y voluntaria, aunque la causas sean varias y que apuntan objetivamente a qué no existen las condiciones para sustentar razonablemente a los habitantes de un territorio, encontrándonos frente a un fenómeno de migraciones forzadas.

Pese al avance en nuevos derechos para proteger a las personas y a la naturaleza, que trascienden a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos muy lejos de las garantías mínimas para que la mayoría de las personas disfruten de un nivel adecuado de cumplimiento de los derechos amparados en la Declaración. Además, entre los derechos civiles y políticos, aquellos que permiten a las personas vivir sin miedo, y los derechos económicos, sociales y culturales, aquellos que permiten a las personas vivir sin miseria, sigue dándose una jerarquía notoria y reveladora de las imposiciones del modelo de desarrollo económico capitalista. Así como señaló Bertolt Brecht …»en los regímenes autoritarios queda velado el contenido económico de la violencia, mientras que en los regímenes formalmente democráticos queda velado el contenido violento de la economía».

De los parlamentarios, “quienes se consideran a sí mismos como líderes políticos”, la ciudadanía espera que desempeñen el rol que les compete impulsando leyes de migración que cumplan con las obligaciones internacionales contraídas por los Estados y que garanticen una respuesta significativa, equilibrada y fundamentada a la migración para que se realice de manera justa, mutuamente beneficiosa y respetando los derechos humanos.

No es que falten leyes y políticas de migración. Existen medidas que reconocen la contribución positiva de los migrantes al bienestar económico, la prosperidad nacional y el desarrollo, pero hay otras que representan una
reacción a la migración y a los migrantes como un fenómeno amenazador y que trae como consecuencia la vulneración de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (A/RES/73/195), primer acuerdo intergubernamental que abarca todas las dimensiones de la migración internacional de forma holística, señaló el año 2018 en Marruecos «El Pacto Mundial se basa en la legislación internacional sobre derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. Al aplicar el Pacto Mundial, garantizamos el respeto efectivo, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria, en todas las etapas del ciclo migratorio. También reafirmamos el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, incluidos el racismo, la xenofobia y la intolerancia, contra los migrantes y sus familias».

Terminar con los actos inhumanos como respuesta nefasta a esta compleja situación migratoria, que va en aumento en toda la región y el mundo, obviando que se trata de una crisis humanitaria que requiere atención urgente, multidimensional y con políticas de acogida reales, es lo que espera la ciudadanía. En palabras simples, la gente exige que se resuelva el problema, de buena manera y de una vez por todas.

Si todo indica que estamos en un mundo globalizado, en donde, por ejemplo, el dinero circula mundialmente sin restricciones, ¿por qué no se establecen las medidas administrativas, se utiliza la tecnología disponible y se
generan entidades de extranjería con dotaciones proporcionales al requerimiento migratorio actual, como se hace con el capital?

En este siglo es insostenible mantener la barbarie, y es requisito insoslayable cumplir con preceptos claros respecto a que toda persona es sujeto de derecho y debe ser amparada bajo la legislación internacional garantizando sus derechos humanos básicos, asumiendo claramente que «ningún ser humano es ilegal».

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; César Anguita Sanhueza y Ricardo Lisboa Henriquez. Comisión de Opinión Pública