La clausura temporal del Lugar de la Memoria (LUM) no es producto únicamente del capricho negacionista del alcalde López Aliaga, sino que es parte de las acciones de una coalición conservadora que ahora ha tomado el control del Perú.

Por: Salvador Pariona – Regiones.

El pasado 28 de marzo, la Municipalidad Distrital de Miraflores (Lima) clausuró el Lugar de la Memoria (LUM) porque supuestamente no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), aunque otros museos de la ciudad tampoco cuentan con el documento y no han sido cerrados.

Cabe recordar que este espacio de memoria colectiva fue inaugurado hace 7 años para recordar la violencia terrorista que sufrió el Perú por parte de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), así como los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado entre los años 1980 y 2000.

Aunque la exposición en el LUM de los crímenes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cometidos en aquella época, siempre ha sido motivo de protesta de los sectores conservadores del país, que niegan los delitos cometidos o los justifican en nombre de la lucha contra el terrorismo.

Por esta razón, se cree que el cierre de este espacio se debe a motivos políticos, ya que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el de Miraflores, son de la agrupación Renovación Popular, una agrupación política de derecha conservadora y muy cercana al fujimorismo y a los sectores castrenses. Es más, cuando López Aliaga asumió su cargo como burgomaestre de la capital criticó al LUM y pidió que las Fuerzas Armadas asuman la administración para cambiar la “narrativa” del espacio.

Los conservadores toman el poder

La ola conservadora llegó tarde al Perú. Mientras que, en diversas naciones del mundo facciones de ultra derecha han ido ganando posiciones en los últimos 5 años (Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y el neofascismo en Europa, por ejemplo), en nuestro país recién a finales del año pasado, con la caída del expresidente Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, las agrupaciones de derecha han tomado el poder.

Una coalición conservadora conformada por agrupaciones como Fuerza Popular (de Keiko Fujimori), Avanza País, Acción Popular y Renovación Popular ya controlaban parte del Congreso desde las últimas elecciones (incluso el fujimorismo llegó a colocar más de 73 parlamentarios en el año 2016) y contaban con el apoyo político de la Fiscalía y miembros del Tribunal Constitucional (TC), pero con la nueva presidenta finalmente pasaron a controlar el Ejecutivo sin necesidad de ganar las elecciones. Sus próximos objetivos son la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este hecho se comprueba por un lado con la fuerte represión policial de las protestas contra el Gobierno, y el discurso de exaltación hacia las fuerzas militares por parte de ministros y funcionarios, así como por la serie de contrarreformas que viene impulsando el Parlamento contra derechos civiles, pueblos indígenas y la comunidad LGBT+.

Es más, a finales de marzo de 2023, se celebró el II Foro de Madrid en Lima, organizado por la agrupación española ultraderechista Vox y con la participación de congresistas conservadores como María del Carmen Alva, Adriana Tudela, Alejandro Muñante y el propio alcalde de Lima López Aliaga, además de políticos exmilitares como Jorge Montoya, José Cueto y Williams Zapata (actual presidente del Congreso peruano).

En el evento, Vox y sus aliados aseguraron que el Perú es foco de resistencia contra el avance del “comunismo” en Latinoamérica, en referencia a la influencia de los gobiernos de izquierda de Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil y México.

Asimismo, esta coalición conservadora se niega a reconocer los crímenes de militares y policías en la lucha contra el terrorismo y se opone al adelanto de elecciones que reclaman miles de peruanos que protestan desde diciembre de 2022.

De momento tienen el respaldo de los principales medios de comunicación nacionales, y ahora, con los españoles de Vox, también tiene apoyo internacional.

 Censura a la memoria

“Es un acto ilegal, difuso y abusivo con una institución que cumple todas las normas y que, incluso, ha ganado premios de arquitectura. No es perfecta, pero cumple con todas las normas de seguridad”, afirmó Manuel Burga, director de LUM cuando este fue clausurado.

Las suspicacias crecieron porque justamente ese día Amnistía Internacional iba presentar su Informe Anual sobre Derechos Humanos en ese espacio, organización que antes había presentado evidencias de crímenes y abusos en la represión policial de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Además, los constantes ataques de la coalición conservadora al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), base fundamental de las muestras de LUM, que denuncian los crímenes terroristas y los abusos de las fuerzas del orden durante el conflicto armado interno (1980-2000), hacen pensar que se trata de una censura disfrazada de legalidad.

Luego de años de ataques y amenazas contra el LUM, finalmente tienen el poder para mantenerlo cerrado por un largo tiempo.

Y es que a pesar de que hace dos semanas el Ministerio de Cultura (Mincul) anunció que procederá a levantar las observaciones que hizo la Municipalidad de Miraflores al LUM, este sigue clausurado.

Sofía Macher, integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo Informe Final es base de las muestras del Lugar de la Memoria, advirtió que la subsanación tiene un costo elevado que el espacio no puede asumir: “Si este [el Ministerio de Cultura] no entrega el presupuesto van a tener que cerrar el LUM por un montón de tiempo si es que no hay celeridad».

Es decir, el LUM podría permanecer clausurado por varios meses, ya que su reapertura depende de la voluntad política del Gobierno, aliado de la coalición conservadora que se opone a la memoria.