El gobierno de Dina Boluarte sería responsable de ejecuciones extrajudiciales, denunció Human Rights Watch.
Por: LaMula.Pe
En su informe publicado este miércoles, Human Rights Watch (HRW) denunció que el Ejército y la Policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Estos abusos, agregó la organización, «se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente».
El informe titulado “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú.
HRW precisó que a aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.
“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, señaló César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch.
“Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”, agregó Muñoz.
La evidencia recogida por HRW establece que más de 1,300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras. Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno.
En al menos 39 de las 49 muertes de manifestantes o transeúntes que fueron registradas por la Defensoría del Pueblo, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos revisados por HRW. En otro caso, un registro médico indicaba que la causa “probablemente” era una herida de bala.
Testimonios de testigos, corroborados por horas de video verificadas por HRW, muestran que las fuerzas de seguridad estaban equipadas con armas de fuego que utilizaron contra los manifestantes. Todos los tipos de bala identificados como causa de muerte en los informes de balística y las autopsias pueden dispararse con los fusiles de asalto y las pistolas con los que se vio a las fuerzas de seguridad. La policía no incautó ningún arma de fuego, casera o no, en manos de manifestantes. HRW tampoco encontró imágenes de manifestantes con armas de fuego en la mano.
Otras cinco personas murieron por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas y es probable que un manifestante haya muerto por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia, según documentos y videos verificados por HRW. La organización no pudo determinar la causa de muerte en los 3 casos restantes, de las 49 muertes.
Lo más probable es que estas muertes sean ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable.
Para este informe, HRW entrevistó a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales, periodistas y otras personas, en persona en el Perú y a distancia. De igual manera, la organización se reunió con los ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, el inspector general de la policía, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo. HRW verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, y revisó autopsias e informes de balística, registros médicos, expedientes penales y otra documentación.
Lee el informe completo aquí: https://bit.ly/3LdjVrV
