El escenario político del Chile actual es complejo por la coexistencia de distintos procesos dinámicos e interrelacionados. La evidente crisis de legitimidad ascendente de las instituciones públicas, del sistema político y de las o los actores de esos ámbitos, producto de una serie de sucesos reñidos principalmente con la falta de probidad y el desapego a los derechos humanos, a la par de una gran parte de la ciudadanía que adquiere un rol más activo, en la supervigilancia de las instituciones, expresando mayor interés en los asuntos que competen a su sobrevivencia en el sistema imperante, hacen que una de las mayores expresiones de este fenómeno sea la proliferación de movimientos sociales dando pie a una articulación social que hace un poco más de una década era solo una lejana esperanza (De la maza 2000) y que para algunos supone la inestabilidad de la democracia.

Que la democracia se define como el gobierno del pueblo no cabe duda. Lo que sí es dudoso es si la ciudadanía tiene cabida y opinión en el proyecto político de su país. Si hacemos historia, en los albores del siglo XIX, el gobierno del pueblo solo corresponde a la naciente oligarquía quienes esgrimen que el grueso de la gente estaba sumida en la ignorancia desconociendo niveles de analfabetismo, porcentaje de ruralidad y posición de poder de las clases existentes.

Desde una mirada histórica gruesa, y tomando el tema de la participación en la actividad política y el tema de las editoriales informativas, como elementos decisivos del proceso político social de Chile; podemos ver un arduo trabajo en los dos primeros tercios del siglo XX, en la incorporación popular a los temas de política de la mano de una creciente y diversa cantidad de medios que contribuyen a la conciencia social política, disputando el escenario al conservadurismo dominante, hasta lograr su objetivo con la llegada al poder del primer presidente de izquierdas democráticamente electo. Tal situación ejemplar fue destruida con la feroz violencia asesina de la dictadura cívico militar de 1973-1988, apoyada desde Washington en el contexto de su táctica para frenar los procesos populares en toda Latinoamérica.

Luego en el “retorno a la democracia” 1989, en que se asume que está latente la violencia militar, y que la clase política traiciona a la organización popular de cada rincón del país, especialmente jóvenes que hicieron posible el triunfo sobre las derechas golpistas; se concreta el sistema binominal afín al neoliberalismo, en el que quedan fuera todos los partidos que no comulgan con ello, tal sistema político es financiado por el empresariado nacional, simultáneamente, el mismo empresariado y la publicidad estatal no financian las editoriales disidentes y desaparecen las revistas, periódicos y radios, que no se asimilan al nuevo orden.

Recién en 2016 se cambia el sistema binominal junto a incorporar financiamiento estatal, seguramente en el cálculo, que teniendo el control total de la línea editorial de “la realidad del país”, se podía aflojar el sistema político, dejando cortapisas antidemocráticas de resguardo.

Pero la cultura adosada a este proceso antihumanista, de un individualismo a ultranza, también afectó el funcionamiento de la política, apareciendo partidos de personas y no de ideas políticas; políticos independientes solitarios, y díscolos que se hicieron independientes o que cambian de tienda política, como si se tratara de calcetines. Y en lo comunicacional, debemos considerar aquí el auge de lo digital y las redes sociales de la época, que atomizan la editorial de la realidad. Esto hasta el día de hoy.

Para completar el cuadro de la situación actual, se debe observar que la ley vigente de partidos políticos, tiene un nivel de vacíos impresionante, lo que permite al sistema acometer todo tipo de aberraciones.

Sucintamente, se pueden considerar la falsa homologación de afiliados con la militancia en los partidos. El desconocimiento de la política territorial, en favor de una elite profesionalizada de operadores políticos. Los partidos operando como bolsas de trabajo. La falta de parámetros de probidad, lo que permite que no exista responsabilidad partidaria con las acciones delictivas y corrupciones de los miembros de un partido, o derechamente prácticas institucionalizadas en dirección delictiva en los partidos (casos como la UDI, DC y PS). Y así, a la par que estas organizaciones delictivas pueden seguir funcionando, se le quita la legalidad a un partido con 3 diputadas electas, 2 alcaldes electos y 23 concejales electos, sin ningún miramiento.

Es en este contexto, en que hoy la instancia ilegítima de un puñado de operadores políticos, denominados “comisión experta” anuncia que analizando la situación actual en que los ejecutivos no tienen gobernabilidad por falta de apoyo en las cámaras, debido a la fragmentación política; es menester volver al sistema binominal, deshacer las opciones independientes, la opción de desalineados o díscolos y también las opciones territoriales, ya sean regionales o comunales, y que tales definiciones serán incorporadas al “borrador de la nueva constitución”. Estos contenidos son la antítesis de lo redactado en el proceso constituyente del 2022.

Queda, luego de lo expuesto hasta aquí, la convicción de que en nuestro país jamás ha existido una democracia en su sentido más pleno.

La historia nos presenta titánicos esfuerzos de parte de grandes luchadoras y luchadores de Chile por alcanzar un régimen más justo, más tolerante, más humano, no obstante, los frutos que la sociedad ha cosechado de ese esfuerzo no alcanzan, sino, a un país más desigual, donde la clase política hace uso y abuso del poder que le ha sido delegado por el pueblo en contra de sus necesidades. Un país donde prima una visión comercial y no Humanista de la sociedad. El legado de las viejas generaciones a la juventud del siglo XXI, es un país con indicadores macroeconómicos saludados por la banca internacional, pero a qué precio se ha conseguido.

Seguramente las derechas apoyan estos cambios de “sus expertos”, dado el éxito reciente de su manipulación mediática, en que tornaron mentiras o medias verdades, en verdades absolutas, lo que convenció a las mayorías (ciudadanía que en la época de voto voluntario no participó de los procesos electorales, hasta en un 60% del total de posibles votantes) a cerrarle el paso a la constitución más progresista de la historia.

Opuestamente la ciudadanía y la militancia que apoyó el “Apruebo”, aún no integra lo sucedido y el descorazonamiento campea en su interior, y no se ve fácil que se ponga en marcha para hacer lo que se requiere hacer: reorganizar las fuerzas, dar la pelea contra esta felonía de las derechas, y recuperar el sentido , la energía, y la alegría del hacer lo correcto, más allá de los traspiés inesperados y las dificultades propias de estas largas luchas por esclarecer al mundo popular, respecto a premisas esenciales:

La historia chilena es la biografía de un contrato social, que expresa un modo de relación entre ciudadanía y poder, caracterizado por la ruptura, la exclusión y el sometimiento a las mayorías (necesidades e intereses), por una parte. Y por otra, una democracia representativa que desprecia a la ciudadanía.

Es fundamental una modificación de esta relación por un nuevo trato, con un nuevo contrato social que asuma: La soberanía debe radicar en el pueblo y es el pueblo el garante de la institucionalidad. Las aspiraciones de una sociedad -su cultura futura- deben ser reflejadas en el modelo que elija la participación directa de la gente. Esa es la construcción cultural por excelencia y es lo que debería consagrar una auténtica Constitución Nacional. Esta ley magna, marco referencial para todas las leyes que den forma a los nuevos contenidos, debe ser una construcción colectiva, mediante una Asamblea Constituyente Soberana.

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Política